Consejero Académico de Libertad y Progreso
[C]on la inicua expropiación de YPF, el terrible Gobierno populista de mi Argentina natal ha violado la propiedad privada y los contratos voluntarios, es decir, los fundamentos de una sociedad libre. Es justo que un gobierno tan demagógico, sectario y enemigo de la libertad como el de Cristina Fernández de Kirchner sea objeto de repulsa, condena y represalia.
El riesgo, sin embargo, es incurrir en algo que pueda parecerse siquiera remotamente al antiliberalismo del que hacen gala los tenebrosos ocupantes de la Casa Rosada de Buenos Aires. En ese sentido, las limitaciones a la compra de biodiesel argentino anunciadas ayer por la vicepresidenta Sáenz de Santama-ría, y la resolución del Parlamento Europeo de instar a la Unión Europea a suspender parcialmente las ventajas arancelarias concedidas a las exportaciones argentinas en el mercado comunitario no van en la buena dirección. En efecto, el comercio exterior es, como el interior, la decisión libre de partes contratantes que intercambian su propiedad mediante contratos voluntarios. Ninguna de esas partes, ni en Europa ni en Argentina, es responsable de la expropiación de YPF, y no tiene por qué pagar las consecuencias de acciones deplorables de las autoridades.
El mayor proteccionismo, por el contrario, puede ayudar a esas mismas autoridades que se pretende castigar, fomentando su victimismo, y a grupos económicos no competitivos, y en cambio resultar gravoso para ciudadanos inocentes y empresarios eficientes. Las represalias deben ser contra el Gobierno de la Argentina, no contra sus ciudadanos. Es decir, deben centrarse en la diplomacia, en la reducción de intervenciones, y en la explicación convincente de por qué lo que han hecho las autoridades daña sobre todo a sus súbditos. No hay que olvidar que si los ciudadanos son las principales víctimas de las guerras, también lo son de las guerras comerciales.
