¿Es la corrupción inherente al modelo?

Director en Iván Carrino y Asoc. | Website

Subdirector de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE.

[L]uego de nueve años ininterrumpidos de kirchnerismo es lícito extraer algunas conclusiones acerca de en qué consiste el modelo. Desde un punto de vista estrictamente económico, por ejemplo, puede decirse que se trata de un gobierno de corte neokeynesiano que cree firmemente (tal vez más que el propio Keynes) en la intervención del estado en la economía.

En otro orden de cosas, una de las cuestiones destacadas y que sensibilizan tanto a seguidores como a detractores, son los repetidos escándalos de corrupción (como Skanka, Antonini Wilson, la bolsa en el despacho de Felisa Miceli, los taxis aéreos de Jaime y la ex imprenta Ciccone) que, en su mayoría, suelen quedar en la nada.

Ahora, si bien estas parecen ser dos características centrales del modelo, no existen muchas voces que estén pensando en relacionarlas. ¿Hay alguna relación entre el intervencionismo económico que el kirchnerismo practica y los episodios de corrupción que lo salpican? ¿Podemos hablar de un modelo inherentemente corrupto o el intervencionismo y los comportamientos ilícitos de los funcionarios transitan caminos paralelos?

Desde hace más de 10 años, la Heritage Foundation y el diario Wall Street Journal de los Estados Unidos elaboran un índice de libertad económica que, en función de diversas variables como la presión fiscal, el gasto público, la facilidad para crear negocios, la flexibilidad laboral o la libertad del comercio exterior, clasifica a los países desde el “más libre” hasta el “menos libre” o, lo que es lo mismo, desde el menos intervenido hasta el más intervenido.

Por su parte, la asociación civil internacional líder en la lucha contra la corrupción, Transparency International, también elabora un ranking de países pero de acuerdo a la percepción de corrupción de su sector público. En este índice de percepción de corrupción (CPI, por sus siglas en inglés) los países que obtienen mejor “nota” (en una escala de 1 a 10) son aquellos con menor corrupción mientras que los que reciben notas bajas  son aquellos cuyo sector público es sospechado de ser muy corrupto.

Lo curioso del asunto y lo que venimos a poner de manifiesto en esta oportunidad es que si unimos las conclusiones de estos dos estudios, pueden observarse asombrosas coincidencias en ambos índices: Singapur, el segundo país más libre del mundo económicamente hablando, por ejemplo, ostenta la quinta posición en el índice CPI. El caso de Nueva Zelanda también es interesante, ocupando el primer puesto en cuanto a transparencia y el cuarto en lo que a libertad económica respecta.

De manera análoga, si miramos los rankings desde abajo encontraremos que países como Venezuela o Guinea Ecuatorial se encuentran entre los diez últimos puestos tanto en el índice de la Heritage Foundation como en el de Transparency International.

Lo relevante, sin embargo, es que estas no son meras coincidencias sino que la tendencia se repite a lo largo de ambos estudios y si graficamos los resultados, lo que obtenemos también es contundente:

Dicho sea de paso, tanto Argentina como Angola  se encuentran entre los 20 países más intervenidos del mundo[1]. Además, Angola también está entre los 20 países más corruptos mientras que la Argentina está un poco mejor, ocupando el puesto 83 en un total de 182[2]. Acaso sea esta la estrecha relación que últimamente parece unir a sus gobiernos.Si bien los datos “desnudos” por sí solos no permiten establecer causalidad es, por lo menos, significativo que todos los países que tienen altos grados de libertad económica gocen a la vez de bajos índices de corrupción percibida – o sea, altos índices de transparencia – y que aquellos cuyos gobiernos sean muy corruptos sean países con poca libertad económica.

Volviendo al inicio, para responder la pregunta de si el modelo argentino es inherentemente corrupto, primero  tendríamos que poder responder si los países menos intervenidos son inherentemente transparentes. Una teoría podría señalar que debido a que los países donde el sector público es menor, existen menos posibilidades de incurrir en actos corruptos. Es decir, como hay menos regulaciones, la posibilidad para “cobrar peajes” es menor.

Si esto fuera cierto no debería extrañarnos que un país como Venezuela, que hace años viene profundizando su camino hacia el “socialismo del siglo XXI” sea uno de los países más corruptos del mundo.

Por último, si dicha teoría fuera cierta, parecería razonable que en el país cuyo modelo de intervención es el predilecto del economista Paul Krugman, los episodios de corrupción estén a la orden del día y sean cada vez escandalosos.

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