Miembro del Consejo Académico de Libertad y Progreso.
Doctor en Administración por la Universidad Católica de La Plata y Profesor Titular de Economía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Sus investigaciones han sido recogidas internacionalmente y ha publicado libros y artículos científicos y de divulgación. Se ha desempeñado como Rector de ESEADE y como consultor para la University of Manchester, Konrad Adenauer Stiftung, OEA, BID y G7Group, Inc. Ha recibido premios y becas, entre las que se destacan la Eisenhower Exchange Fellowship y el Freedom Project de la John Templeton Foundation.
El resultado de las elecciones presidenciales en Venezuela ha sido claro: Hugo Chávez obtuvo una victoria que no fue cuestionada por el candidato opositor ni por los observadores que estuvieron presentes. Claramente es el elegido por los venezolanos para hacerse cargo de la administración del Estado. Pero el 54% de los votos no es suficiente como para modificar la estructura constituyente de ese país e imponer lo que denomina “socialismo del siglo XXI”.
Para cambios estructurales de esa naturaleza hace falta un nivel de consenso mucho mayor, que puede lograrse cuando se recorre un proceso de negociaciones entre todas las fuerzas, como el Pacto de la Moncloa en España o, como ha sucedido ya en varios países de América latina, cuando la oposición llega al gobierno y mantiene un mismo rumbo, confirmando así la dirección inicial. El mejor ejemplo que tenemos de esto último es Chile: la dictadura de Pinochet impulsó una serie de profundos cambios económicos que transformaron el modelo chileno basado en la alta participación estatal y pesadas regulaciones en uno basado en la actividad productiva del sector privado y la apertura comercial. Cuando llegó al poder la oposición, representada por la Concertación, mantuvo el rumbo y en muchos aspectos lo profundizó; continuó la apertura comercial, firmó varios tratados más de libre comercio, etc.
Algo similar puede decirse de Perú con el modelo iniciado por Fujimori y continuado por Toledo, Alan García y ahora Humala. O Brasil con Fernando Henrique Cardoso, Lula y Dilma. O Uruguay o Colombia. Sin embargo, ninguno de los proyectos más socialistas de la región, como el de Chávez, Ortega, Morales o Correa, ha logrado semejante cosa y es poco probable que lo logren. El socialismo del siglo XXI va a tener que esperar una nueva elección para demostrar que incluso la mitad opositora está dispuesta a sostenerlo.
¿Por qué Chávez no podría ahora lanzarse al “vamos por todo”? Las razones fueron desarrolladas en un libro fundacional de la economía política constitucional, El Cálculo del Consenso , de James Buchanan y Gordon Tullock, publicado en 1962.
Cuando se toman decisiones colectivas, se corre el peligro de que esas decisiones afecten los derechos de alguien, que generen “externalidades negativas” hacia ciertos individuos o grupos. El óptimo sería la unanimidad: si se requiere la aprobación de cada uno de nosotros, entonces no hay medida que pueda perjudicarnos ya que simplemente ejerceríamos nuestro derecho de veto. En el otro extremo, si tan sólo una persona tomara una medida, cualquiera podría hacerlo y estaríamos sujetos a altos riesgos de que esas externalidades fueran muy importantes.
Está claro, sin embargo, que la unanimidad es tan costosa como probablemente imposible de alcanzar, y que nos condenaría al statu quo; ninguna decisión podría tomarse porque siempre habría alguien que se opondría a ella.
Es por esta razón que Buchanan y Tullock imaginan un escenario ideal en el que futuros ciudadanos que se encuentran ahora en una situación de incertidumbre respecto de su ubicación futura en la sociedad detrás de un “velo de ignorancia” (puede que sean poderosos o débiles, ricos o pobres, etc.), estarían dispuestos a permitir que ciertas decisiones se tomaran por mayoría. Pero estas decisiones serían de tipo administrativo, referidas a la gestión del aparato estatal, nunca relacionadas con derechos humanos básicos. En verdad, podría haber una serie de requisitos de mayorías especiales que van aumentando a medida que más importante es el tema en cuestión y más puede afectar la vida y los derechos de los ciudadanos.
Entonces, para derogar o limitar el derecho a la vida o el derecho a la propiedad, se requerirán mayorías muy cercanas a la unanimidad, pero para aprobar el color con que deberían pintarse las líneas peatonales en las calles bien podría hacerlo una mayoría simple o hasta cualquiera que resultara elegido por un sorteo. El presupuesto anual ya requeriría unas mayorías más abultadas, y más aún cualquier aumento a las cargas impositivas. Ni qué hablar entonces del cambio del modelo social existente.
El problema del gobierno de Chávez, y de otros en la región, es que pretenden utilizar mayorías “administrativas” para realizar cambios de modelos fundamentales. Cuando Chávez controla la prensa con un trámite administrativo de no renovar una licencia, en verdad está alterando un derecho a la libertad de prensa, de mucha mayor importancia y que requeriría un grado de consenso mucho más elevado, que no lo tiene.
Lo mismo sucede con las violaciones del derecho de propiedad producidas por las expropiaciones. La ley de expropiaciones por causa de utilidad pública de Venezuela fue aprobada en el año 2002, derogando la de 1947. En esa ley se plantea la posibilidad de expropiación una vez declarada la utilidad pública de cualquier objeto que procure usos o mejoras para el beneficio común, establece que debe haber una indemnización justa fruto de la evaluación por parte de peritos una vez agotada la negociación amigable, así como también que debe haber indemnización antes de la ocupación. También dice que la indemnización tomará en consideración “clase, calidad, situación, dimensiones, probable producción y todas las otras circunstancias que influyan en las operaciones y cálculos?”, así como el valor fiscal del inmueble, el valor establecido en los actos de transmisión y los precios a los cuales hayan sido vendidos inmuebles similares en los meses cercanos a la expropiación.
Sin embargo, esto no sucede así y el actual gobierno ha expropiado 1162 empresas, de las cuales 1147 lo han sido entre 2007 y 2012, según la Confederación Venezolana de Industrias (Conindustria), y no ha cumplido lo establecido en la ley, las indemnizaciones son escasas y, cuando las hay, el precio es determinado por el Estado y por debajo del verdadero precio del inmueble.
Chávez busca cambiar el modelo de la sociedad venezolana de una manera irreversible. Pero esos cambios, que alteran derechos básicos fundamentales como el de la libertad de prensa o la propiedad, demandan niveles de consenso más altos. De no existir éstos, un gobierno opositor futuro dará marcha atrás y reconocerá los derechos que han sido violados.
Un 54% no permite “ir por todo”, permite gestionar y proteger los derechos de los ciudadanos que han sido acordados por mayorías muy superiores a ésa, ya sea porque han logrado ese consenso en un proceso constituyente o porque ha ocurrido de facto a través de la sucesión de gobiernos de un signo y de su contrario. Paradójicamente, entonces, y pese a la euforia chavista por el triunfo, su verdadero triunfo se daría cuando la oposición aceptara y recorriera el mismo camino. Allí solamente podrá gritar: hasta la victoria, siempre.
