Subdirector de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE.
Son muchos los respetados economistas que, ante el apretón monetario del Banco Central destinado a controlar la inflación (si se puede hablar de inflación controlada con niveles de 3 o 4% mensual) y contener el avance del dólar blue, coinciden en que eso solo no es suficiente. El problema, advierten, es el déficit fiscal y, si este no se corrige por el lado del gasto,entonces el BCRA deberá volver a imprimir pesos no sólo para financiar al fisco sino para pagar los intereses de su deuda. Al déficit fiscal se sumará el cuasi fiscal y el final de la película puede ser incluso más traumático.
En efecto, el gasto público está desbordado. En la última década creció 450% en dólares. Si se mide en porcentaje del PBI este se acerca al 45%, niveles similares a países como Suecia, Alemania, o Noruega. Sin embargo, nos advertía Milton Friedman que estas cifras podían subestimar el costo real del Estado para la sociedad:
“Estas cifras exageran en ciertos aspectos la influencia del Estado y la subestiman en otros (…) La subestiman porque intervenciones del Estado que tienen efectos considerables sobre la economía pueden suponer un gasto insignificante (por ejemplo, los contingentes de importación, el salario mínimo oficial, las comisiones reguladoras de los precios, las leyes de defensa de la competencia).”
En este sentido, no sólo tenemos que mirar el gasto público, sino también las regulaciones sobre la actividad privada, que no cuestan dinero a los contribuyentes pero sí distorsionan y afectan el normal funcionamiento de la economía.
Un sector golpeado por este tipo de intervenciones en nuestro país es, desde hace años, el del comercio internacional. Las retenciones a las exportaciones, con el intento de hacerlas móviles en 2008, son el ejemplo paradigmático. Otro ejemplo son las tristemente célebres Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación, una barrera discrecional para frenar importaciones. Según las nuevas autoridades, este sistema iba a flexibilizarse y transparentarse. Sin embargo, no hubo novedades al respecto.
Estas costosas intervenciones se ven reflejadas directamente en el Índice de Desarrollo Logístico del Banco Mundial. El recientemente publicado índice analiza lo favorable o desfavorable que es el país para el comercio internacional. Para ello, aborda temas como las regulaciones aduaneras, la puntualidad, o la infraestructura a disposición de la logística internacional.
Desde la primera publicación del índice, la Argentina cayó 15 puestos. Pasó del poco meritorio número 45 en 2007, al puesto número 60 en 2014. No es de extrañar que el rubro que haya mostrado la peor evolución haya sido el de las aduanass, que analiza la “simplicidad y predictibilidad de las formalidades” necesarias para importar y exportar. Si sólo tomáramos ese indicador, la caída sería de 34 puestos (del 51 al 85).
En Argentina las ideas mercantilistas están de moda. Tenemos que “cuidar la balanza comercial”, cerrar la economía para “proteger la industria nacional” y “mirar el mercado interno”. Sin embargo, esas políticas impiden la innovación, destruyen a los exportadores y perjudican a todos los consumidores al obligarlos a elegir una menor variedad de productos a precios más altos.
En conclusión, el gasto público es un problema, pero también lo son todas aquellas intervenciones del estado que el gasto no mide y que afectan negativamente la vida económica de la sociedad.
Como nota final, el gasto de Alemania asciende al 45% del producto bruto. Sin embargo, es líder en el ranking aquí analizado. No es casualidad que, pese a la prodigalidad pública, en Alemania la calidad de vida sea mucho mejor a la que se encuentra de este lado del océano.
