Gobierno: eficiencia era la de antes

Director de Políticas Públicas en

Una mirada a la ley de Presupuesto del año 1920 aporta datos y criterios que hoy resultan difíciles de imaginar. Entre aquella organización administrativa y la que hoy expone el Gobierno Nacional, hay diferencias sustanciales y todas debidas al gigantismo burocrático y al abandono de todo principio de eficiencia.

He seleccionado sólo un par de páginas (ver fotocopia) del Anexo a la Ley 11.027/1920 de Presupuesto, correspondientes a la Presidencia de la Nación, que en ese entonces ocupaba Hipólito Yrigoyen. Puede advertirse que la presentación presupuestaria del gasto era muy detallada. Se exponía cada cargo con su correspondiente remuneración mensual y el total anual. Toda la Ley con sus anexos numéricos ocupaba un tomo de unas 170 páginas. Hoy, a pesar que los cuadros presupuestarios no muestran cada cargo sino el gasto agregado por unidades administrativas la Ley de Presupuesto y sus anexos requiere unas 300 páginas

Puede observarse que en 1920 el encabezamiento de la sección del presupuesto de la Presidencia decía “Departamento del Interior”. Ello se debía a que por su muy reducido personal la Presidencia utilizaba el apoyo contable y administrativo del Ministerio del Interior. Prácticamente todos los ministerios estaban dentro de la Casa Rosada.

El gasto anual por remuneración de un empleado o funcionario era exactamente 12 veces su sueldo mensual. No había aportes jubilatorios ni aguinaldo. Los niveles de remuneración mostraban una amplitud y diferenciación muy grande en comparación con lo que ocurre hoy en la administración nacional. En 1920 el Presidente ganaba 8.000 pesos mensuales, el Vicepresidente 3.000, y el secretario privado 1.400. El mayordomo ganaba 200 pesos y cada uno de los siete ordenanzas cobraba 140 pesos mensuales. Esta relación entre lo que ganaba el Presidente y el sueldo del empleado que le sirve el café, se puede hoy encontrar en grandes empresas internacionales. El sueldo del Presidente era consecuente con la enorme responsabilidad de quien dirige un país. El Presidente recibía además 2.400 pesos mensuales “para gastos de etiqueta y fiestas de tabla”. Toda esta información no era confidencial sino pública. La Ley de Presupuesto se publicaba.

El Presidente no tenía asesores. Sólo disponía de un apoyo mínimo dirigido por un secretario privado, sus edecanes y su servicio. Los asesores del Presidente eran en realidad sus ministros. No tenía por lo tanto voces discordantes ni un manejo duplicado de los temas. Si un ministro perdía la confianza del Presidente, este le pedía la renuncia.

En 1920 toda la Presidencia tenía en total 19 personas, incluyendo los cuatro edecanes y el personal directo de apoyo y de servicio. Esta muy limitada planta llegó hasta 1943 con muy poco crecimiento. El gigantismo administrativo vino después. Compárese esas 19 personas con lo que ocurre en 2015 cuando la Presidencia de la Nación tiene 5 secretarías, 11 subsecretarías, 15 organismos dependientes en forma directa, la Casa Militar y otros entes de apoyo. Son miles de dependientes. Las funciones de muchas de estas unidades se superponen con las de los ministerios, lo que obliga al Presidente a arbitrar en los conflictos.

En 1920 y hasta comienzos de los cuarenta los ministerios estaban organizados en una pirámide de dos niveles sustantivos. Por debajo del ministro estaban los Directores Nacionales. Había un Subsecretario por cada Ministerio pero no estaba en la linea ejecutiva sustantiva. Se encargaba de supervisar las unidades de apoyo (Direcciones Generales de Legales, Contabilidad, Personal, etc.) y reemplazaba al Ministro en caso de ausencia o enfermedad.  Actualmente los Ministerios tienen cuatro niveles sustantivos: Ministro, Secretarios, Subsecretarios y Directores Nacionales. La pirámide tiene el doble de altura y por lo tanto, como mínimo, el doble de base.

En 1920 no había computadoras, pero ahora sí. Debiera haber una reducción del personal como ocurrió en empresas privadas. Sin embargo en el Estado argentino ha sido lo contrario. En 1920 el gasto público total (Nación más provincias más municipios) era de 7% del Producto Bruto Interno. En 2015 es del 47%. Es evidente que hay por delante una tarea delicada e importante de racionalización y modernización.

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