Hay 83 % de inflación reprimida por el anterior gobierno

Nos asustamos de la alta inflación de estos últimos 3 meses y especialmente se asustan los miembros del gobierno anterior. Esta inflación es la que no se permitió aflorar durante los años del “populismo radicalizado”, sobre todo, en los últimos períodos. Aún falta mucha inflación anterior oculta, que tiene que ponerse en blanco y negro.

La inflación reprimida que enfrenta el nuevo gobierno la calculamos en 83 % y, contando desde el 10 de diciembre de 2015, se encuentra reprimida en:

  • el tipo de cambio atrasado
  • el precio de la luz
  • el precio del gas natural
  • el agua y los servicios sanitarios
  • los teléfonos
  • los trenes
  • los subtes
  • los colectivos de corta, media y larga distancia
  • los derechos de exportación
  • los Roe rojos, verdes y blancos,
  • las aprobaciones previas de importación
  • prohibiciones escritas y no escritas de aumento de precios de muchos productos (Control de precios o precios cuidados)
  • y en todo el intervencionismo burocrático populista desde 2003

A los fines de este artículo se entiende por “inflación reprimida” el congelamiento de unos o diversos precios de la economía en niveles distintos de los que establecería el mercado. Es difícil decir cuál es el precio de mercado en una economía desquiciada por el intervencionismo populista, por lo que se toman, a los fines del cálculo, las variaciones y niveles de los precios internacionales. El nivel final podría ser un 20 % menor que el precio promedio de esos bienes en los países vecinos. El “Estudio D. Montamat y Asociados” efectúa una estimación mensual de los precios de la energía locales comparables con los correspondientes internacionales. Los resultados son aterradores. Esto sin tomar en cuenta que para el petróleo el gobierno actual ha fijado un “precio sostén” un 70 % más caro que el internacional.

Teniendo en cuenta que salvo las commodities agrícolas, industriales y mineras, el resto de los precios nominales de la economía son inflexibles a la baja, empezando por ejemplo por los salarios nominales, el diseño de una política antiinflacionaria para ordenar este desajuste de los precios relativos pasa por ver de qué manera se arreglan estos precios, si de una vez o gradualmente.

El gobierno ya definió que lo hará gradualmente, aunque no sabemos en cuánto tiempo, pero sugirió 4 años. En los dos primeros meses de 2016 la inflación promedio fue del 4,4 % mensual, que si se repitiera por 12 meses daría un 68 % anual. Recordemos que solo se han hecho algunas correcciones, pero hasta ahora no se tocó, por ejemplo, el precio del gas, o el del boleto del colectivo o del subte.

Por otro lado, hay otros factores inflacionarios que son importantes, como el enorme gasto público consolidado (Nación, Provincias, Municipios), que, tomando todo lo que es compulsivo, llegó en 2015 al 53 % del PBI. Esto también se está tratando de regularizar y el valor de referencia histórico es de 28 % del PBI, aunque se lo ve inalcanzable, pues ahora hay que pagar en el Estado consolidado a 18.000.000 de personas entre empleados, jubilados y planes, cuando en 2001 ese número era de aproximadamente 6.800.000 personas.

También la venta de u$s 17.500 millones de “dólar futuro” por parte del BCRA a precios irrisorios es otro factor inflacionario que dejó el anterior gobierno, entre su herencia de bombas de tiempo, que no debemos olvidar.

Concentrándonos en la inflación reprimida exclusivamente, una vez calculados los factores de corrección, éstos arrojan un valor de venta que se puede ponderar por su importancia en el costo de vida de una familia en el GBA. Pero esto no es todo, pues esos incrementos también en una segunda vuelta dentro de las ventas de la economía afectan a otros sectores, lo que se puede calcular por un multiplicador de estos efectos secundarios según la matriz de insumo-producto. El subte debería aumentar un 200 % en total, el agua un 305 %, los trenes aún algo más, y valores intermedios para el gas y la electricidad y otras tarifas públicas. El efecto ponderado del aumento de las tarifas del sector público da 42 % y luego se verificaría el efecto secundario, para llegar al efecto final de 83 % que puede darse en varios años. Si fuera en 4 años, estaría alrededor del 20 % anual cada año. Además, están los demás factores inflacionarios que componen una realidad muy compleja.

El Gobierno va regulando las correcciones. En diciembre el tipo de cambio y los derechos de exportación y otras restricciones, en enero no modificó mayormente los precios relativos, en febrero fue el turno de la electricidad y muy parcialmente de los ferrocarriles, en marzo postergó el aumento del gas y otros precios reprimidos pues juzgó que ya habría bastantes factores que no son las tarifas la causa del aumento de los precios. Queda la duda de qué hará en los meses siguientes y cuáles precios reprimidos atacará.

Los ajustes efectuados hasta ahora son parciales, por ejemplo, el aumento hecho en el precio de la electricidad no es todo el que se necesita, falta aún un porcentaje importante para normalizar este mercado. También en abril se definen la mayor parte las paritarias, con aumentos de salarios nominales alrededor del 30 %, aunque ahora se aplicaría en muchos de ellos sólo un 20 % de aumento por los primeros seis meses.


“El Gobierno va regulando las correcciones de precios; queda la duda de qué hará en los meses siguientes y cuáles precios reprimidos atacará”


 

Las correcciones pueden durar varios años hasta normalizar los mercados. Las distorsiones efectuadas por el gobierno anterior ocurrieron durante 13 años, no fueron hechas en un solo día. Como dijimos, el Gobierno tiene una política gradual en esta materia, como lo demuestra que las metas de inflación para 2016 las fijó entre 20 % (mínimo) y 25% (máximo), y aunque hoy parecen bajas, hay que ver cómo seguirá el segundo semestre en materia de salir de la inflación reprimida. Hay que tener presente que este año no hay elecciones pero sí en 2017, lo que puede llevar a hacer más correcciones este año que en el próximo.

Por otro lado, el Gobierno teme que el exceso de emisión monetaria producto del déficit fiscal se transforme en inflación de precios. Para ello, con Letras del Banco Central y otros instrumentos, reduce la emisión que resulta de apoyar al Gobierno. Hasta ahora considerando todos los instrumentos, el BCRA ha absorbido una cantidad de dinero que es igual al 100 % de la circulación monetaria, lo que es muy peligroso. Por ejemplo, para lograr esto está pagando tasas de interés de 38 % anual, lo que implicaría, de mantener esta tasa todo el año, una suma de intereses de $ 150.000 millones en 2016, lo que exime de comentarios.

Al elevar la tasa de interés para frenar la liquidez del mercado, la macroeconomía se vuelve recesiva, por lo cual baja el empleo. Esta es otra consecuencia del camino gradual que no se ha tenido más remedio que elegir. Aclaro que no me gustan las políticas que bajan el empleo, sino todo lo contrario, es prioritario tener políticas que aumenten el empleo formal.

En los próximos meses veremos más inflación reprimida por el gobierno anterior que se reflejará en los precios actuales, que no puede ser asignada al gobierno actual, que recién se inicia. Falta aún mucha inflación reprimida que tiene que ir registrándose en la realidad. Y también faltan soluciones importantes, por ejemplo, en el tema de los“fondos buitre” para reducir la deuda con ellos que es de u$s 19.900 millones a unos u$s 15.000 pues ya aceptaron cobrar un 25 % menos.

Tenemos que atravesar este desfiladero muy difícil de la inflación reprimida y con opositores que quieren poner palos en la rueda.

Por Orlando J. Ferreres.

Publicado en La Nación.-