Sancionar la corrupción: la base del plan económico

Roberto H. Cachanosky

Miembro del Consejo Académico de Libertad y Progreso. Licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina. Es consultor económico y Profesor titular de Economía Aplicada del Master de Economía y Administración de ESEADE, profesor titular de Teoría Macroeconómica del Master de Economía y Administración de CEYCE.

El que quiera progresar siendo corrupto tendrá como destino la cárcel

Mi impresión es que buena parte del electorado que votó por Cambiemos lo hizo, entre otras cosas, con la esperanza que por primera vez en la historia política reciente de Argentina, la corrupción sería sancionada con todo el rigor de la ley, aclarando que esa sanción no debería recaer solo sobre los perejiles, sino sobre los jerarcas del régimen k. No es un deseo de venganza lo que impera en buena parte de la sociedad, solo el deseo de aplicar la ley y que impere la justicia.

Macri ganó las elecciones sin tener mayoría en ninguna de las dos Cámaras del Congreso. En ese contexto parece haber dos líneas de argumentación al respecto. Por un lado están quienes dicen que como Cambiemos necesita el apoyo del peronismo en el Congreso para obtener ciertas leyes, un avance frontal de la justicia contra la corrupción de la “década ganada” generaría pérdidas de apoyo particularmente en el Senado. Tengo mis serias dudas al respecto, pero en todo caso sabemos que si algo no tiene la dirigencia política en general y el peronismo en particular es lealtad. Eso del día de la lealtad es parte del folclore argentino y si no vean como, ante la perspectiva de tener caja vía endeudamiento externo, en el senado buena parte del FPV aprobó el acuerdo con los holdouts. Digamos que billetera mata lealtad. Los mismos que en 2001 aplaudían de pie la entrada en default, la semana pasada votaban salir del default para tomar más deuda.

Por otro lado hay otra línea de argumentación sobre el tema de la corrupción que consiste en pedirle a la justicia que avance a paso redoblado para sancionar el latrocinio que el kircherismo llevó a cabo durante 12 años con toda impunidad, la persecución a quienes pensaban diferente fue moneda corriente y el abuso del poder y el uso del estado para amedrentar a los opositores rozó el terrorismo de estado, si no es que efectivamente lo fue. Quienes siguen esta línea de argumentación sostienen que sin proceder a un nunca más de la corrupción y del abuso del poder será imposible tener un verdadero sistema republicano.

¿Cuál de las dos posiciones resulta más útil? Si uno especulara con la conveniencia política de corto plazo, tal vez la primera alternativa podría llegar a ser la más beneficiosa para el gobierno, siempre y cuando solo buscara ventajas de corto plazo sabiendo que el PJ fuera del poder es una máquina de entorpecer al que gobierno para voltearlo. El peronismo nació golpista con Perón participando del golpe del 30 y parece que nunca ha perdido sus mañas al respecto.

Volviendo, ¿por qué la segunda opción es la más conveniente? En primer lugar, en lo que hace a la gobernabilidad, es tan desastrosa la herencia económica dejada por el kirchnerismo que dejarla al descubierto junto con la  escandalosa corrupción de estos años le haría comprender mejor a la gente las razones de medidas que pueden resultar antipáticas pero que inevitablemente hay que adoptarlas para superar el destrozo k. En otras palabras, denunciar la herencia recibida y la corrupción de estos 12 años hace a la política económica. Es parte de la política económica. Es parte de la comunicación que el gobierno tiene que brindarle a la población sobre la herencia recibida, tanto en las distintas áreas del gobierno como en lo que hace a la corrupción. Es parte de su deber republicano informar sobre el estado de la nación.

Ahora bien, pensando en el largo plazo, denunciar y que el Ejeccutivo colabore para que la justicia investigue los actos de corrupción es el camino adecuado para el crecimiento de largo plazo. Decía antes que denunciar y apoyar los actos de corrupción son parte de la política económica.

En efecto, los países que prosperan son aquellos que tienen instituciones con crean las condiciones de crecimiento de largo plazo.

Esas instituciones son normas, códigos, leyes, costumbres que regulan las relaciones entre los particulares y entre los particulares y el estado. Pero las normas, códigos, leyes y costumbres que le dan vida a las instituciones se basan, en última instancia, en los valores que imperan en la gran mayoría de la población. En un país donde el valor principal es vivir a costa del trabajo ajeno, no habrá inversiones, ni crecimiento,  ni mejora en la calidad de vida de la población. Si no hay costo por abusar del poder y cometer actos de corrupción la corrupción será la forma de gobierno. ¿Por qué no ser corrupto si es todo beneficio y tiene cero costos? Y en una sociedad gobernada por corruptos el sistema económico no se basa en la inversión y en desarrollar la capacidad de innovación de las personas, sino en el latrocinio. La regla es destruir riqueza robándole el fruto de su trabajo a los que producen. Pocos tienen estímulos para producir y muchos quieren consumir, con lo cual no hay crecientes bienes y servicios a disposición de la gente que es, en definitiva, lo que permite mejorar la calidad de vida de la población.

Si la regla es robar con impunidad, la inversión brillará por su ausencia y la pobreza cubrirá a la mayoría de la población, en tanto que al ser el robo la regla, la violencia también dominará a esa sociedad.

Por el contrario, si la corrupción es sancionada con toda severidad al igual que el abuso del poder, los gobernantes se cuidarán de incurrir en ambas prácticas porque saben que irán presos y las inversiones llegarán al país y la capacidad de innovación de la gente se desarrollará de tal manera que el país será un país de emprendedores con abundante trabajo y bien remunerado.

En síntesis, en mi opinión, aplicar sanciones ejemplares a quienes abusaron del poder durante los últimos 12 años y practicaron la corrupción con total impunidad es la base misma del plan económico, tanto de corto plazo como de largo plazo.

Sancionar el abuso de poder y la corrupción implica sentar las bases institucionales (reglas de juego) por las cuales quien quiera progresar en Argentina tendrá que trabajar. Y el que quiera progresar siendo corrupto tendrá como destino la cárcel.

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