Mejorar las capacidades del aparato estatal, reducir el gasto público y eliminar el déficit fiscal son condiciones necesarias para recuperar la confianza.
En un país avanzado el Estado debe ser un puntal para el desarrollo y contribuir al mejoramiento de la sociedad. No debe ser una carga pesada que lo impida. El rol del Estado debe enmarcarse en el principio de subsidiariedad, sin por ello dejar de constituirse en un agente de cambio. El Estado no debiera ser visto como un mal necesario, sino como un administrador de la cosa pública. En esa función debe planificar y pensar estratégicamente, aplicando su acción en aquellos ámbitos en los que la actividad privada no está presente. Tal como lo sintetizó acertadamente Juan Manuel Santos, actual presidente de Colombia: “El mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario”.
Ha sido una preocupación claramente abordada desde esta columna que una de las cargas heredadas del gobierno anterior más preocupantes, pesadas y difíciles de remontar es el deterioro ético y funcional del Estado. Así como se expandió en personal innecesario, fue inundado de ineficiencia y corrupción y puesto al servicio de los intereses políticos de las facciones en el poder. Hubo vergonzosos desvíos de fondos públicos para enriquecimientos personales y acciones partidarias. En palabras del presidente Mauricio Macri: “Hemos encontrado un Estado al servicio de la militancia política”.
Efectivamente, la actual administración ha recibido un Estado en grave deterioro, con nula planificación de gestión y sin sistemas operativos ciertos o confiables de información. Hasta lo más elemental, como muebles, teléfonos y computadoras, desapareció de muchas dependencias. Tanto atraso no hizo más que favorecer la corrupción que hoy se busca combatir y aumentar la ineficiencia que urge superar. El Estado argentino no genera igualdad de oportunidades ni asegura servicios públicos de calidad.
Los argentinos estamos ya cansados de sufrir malos tratos de diverso tipo, eternas colas en oficinas públicas, interminables trámites, inexplicables “cajoneos” o apilamiento de expedientes por doquier. A la falta de información pública transparente y al alcance de todos, sumamos desgraciadamente la incapacidad del Estado para brindarnos soluciones simples y ágiles. Salud, justicia, educación, seguridad, transporte son sólo algunos de los nombres que reciben las demandas del bienestar social, a cuyo servicio deberían estar tanto los impuestos como las cargas públicas, que hasta no hace mucho sólo abultaban los bolsillos de funcionarios inescrupulosos.
El presidente Macri creó el Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, con el objetivo de convertir el vetusto y elefantiásico Estado nacional en una estructura eficiente acorde con el siglo XXI. Su plan de tareas contempla cinco ejes: tecnología y gobierno digital; gestión integral de los recursos humanos; gestión por resultados y compromisos públicos; gobierno abierto, e innovación pública y estrategia país digital. Comprende la incorporación de nuevas tecnologías en la administración pública para facilitar los trámites y darles transparencia. Ello implica la profesionalización y jerarquización del empleado público, capacitándolo en consecuencia.
Debe darse la bienvenida a un ministerio creado con el fin de concretar un cambio cultural y tecnológico en el Estado argentino. Faltaría explicar, sin embargo, el curso a seguir para reducir sensiblemente el tamaño y el costo de las estructuras estatales. Hay organismos y unidades administrativas superpuestas o que no cumplen funciones esenciales. Las plantas de personal son sobreabundantes. Se han incorporado niveles administrativos y nuevos ministerios, elevando el vértice de la pirámide y por, lo tanto, ampliando su base.
El empleo en la administración nacional, que ya era excesivo en 2002, creció un 61 por ciento desde entonces. No debe extrañar, por lo tanto, que el gasto público en ese período haya aumentado desde un 29% del PBI a un 46%. El rediseño de la administración nacional con un criterio “base cero” parece ser un capítulo faltante en los planes del nuevo ministerio. Debería exponer un programa gradual que muestre ese curso de acción y que comprenda los necesarios amortiguadores sociales para que el desplazamiento de empleo público hacia el sector privado se realice no sólo sin daño, sino también con ventajas para las personas involucradas.
El camino hacia una Argentina moderna y pujante debe empezar con un Estado que esté a la altura de las circunstancias y al servicio del ciudadano, en un marco de confianza mutua. Que sepa sacudirse la modorra y que deje de alimentar militantes y “ñoquis”. Que nivele hacia arriba frente a una sociedad expectante que aguarda que los beneficios en este campo alcancen concretamente su vida cotidiana y la de millones de personas.
Mejorar las capacidades del Estado, reducir el gasto público y eliminar el déficit fiscal son condiciones necesarias para recuperar la confianza y asegurar el desarrollo económico, productivo y social del país.
