La hora de los padres. ¿Tiene sentido construir 3.000 jardines de infantes o retacear información?

Edgardo Zablotsky

Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago. Rector de la Universidad del CEMA. Miembro de la Academia Nacional de Educación. Consejero Académico de Libertad y Progreso.

COLECTIVO ECONÓMICO – El ministro de Educación Esteban Bullrich hizo pública una lapidaria verdad: “la mitad de la adolescencia del país, o bien no cursa el nivel secundario, o bien abandona los estudios medios en forma temprana. Sólo 1 de cada 10 jóvenes concluye los estudios universitarios y sólo 1 de cada 100 proviene de los sectores más pobres”[1].

Es claro que nuestra sociedad enfrenta una pesada herencia educativa. Levantar el cepo cambiario constituye una medida propia de un equipo económico calificado. Llevar a cabo una verdadera revolución educativa requiere más que ello. Es necesario que la sociedad tome conciencia del estado de la educación y apoye reformas cuyos frutos, a diferencia del levantamiento del cepo, se habrán de ver luego de años.

Por ello es imprescindible que los padres admitan la realidad que viven sus hijos y reaccionen. ¿Cómo despertarlos? ¿Cómo dotarlos del necesario protagonismo? Dos acontecimientos educativos que se hicieron públicos hace pocas semanas me permitirán ejemplificarlo.

La obligatoriedad de la escolaridad a partir de los tres años

La realidad educativa de nuestro país tiene múltiples causas[2] y, por ende, debe ser enfrentada desde diversos flancos. La decisión del Gobierno de enviar al Congreso un proyecto de ley que establezca la obligatoriedad de la escolaridad a partir de los tres años es una iniciativa plausible en dicha dirección.

Al respecto, el ministro de Educación afirmó que la obligatoriedad de la escolaridad a partir de los tres años “garantiza que todos lleguen al primer grado en igualdad de oportunidades” y enfatizó que “como nos comprometimos en la campaña estamos lanzando el proyecto de escolaridad de tres años y para eso hace falta construir 3.000 jardines de infantes en todo el país”[3].

Esteban Bullrich agregó que “hay distintos estudios que marcan que el inicio desde los tres años de la educación mejora los resultados académicos de los niños y las niñas que pueden acceder.”

Es claro que tiene razón. La estimulación temprana es fundamental, como lo demuestran, por ejemplo, las seminales contribuciones de James Heckman, Premio Nobel de Economía 2000[4] [5]. Sin embargo, la instrumentación propuesta no garantiza la igualdad de oportunidades.

Por ello el proyecto brinda la oportunidad de llevar a cabo una valiosa experiencia piloto, la cual contribuiría a igualar las oportunidades de los niños independientemente de su cuna, tal como lo aspira el gobierno: entregar a todo padre de un niño de tres años un bono por un valor que no podría superar el costo de su educación en un jardín de infantes público del distrito de residencia de la familia. Dicho bono únicamente podría ser utilizado para abonar su educación en el jardín que elijan los padres, ya sea público o privado.

El Estado establecería los estándares requeridos para que una institución califique para el programa y funcionaría como organismo de contralor frente al cual los jardines  presentarían los bonos recibidos para obtener, a cambio, el subsidio correspondiente.

Una reforma como la propuesta facilitaría la instrumentación del inicio de la educación de los niños a los tres años, pues requeriría que el gobierno construya muchas menos jardines que los 3.000 estimados para escolarizar a los niños que hoy no tienen acceso a los mismos.

El Estado subsidiaría a la educación de los niños de tres años, pero los recursos no se asignarían a la oferta de la misma-las escuelas- sino a la demanda-los padres de los alumnos. La diferencia no es menor. Al poder elegir a qué jardín enviar a sus hijos, los padres comenzarían a percibirlos como proveedoras de un servicio, la educación, y estarían en una mejor posición para demandar la excelencia del mismo.

Nadie podría estar peor por tener la posibilidad de elegir. Ninguna familia estaría obligada a no enviar a sus hijos a un jardín público; de hacerlo es porque opina que la alternativa privada elegida provee mejores servicios educativos, o una formación inicial más adecuada para las necesidades, gustos o aptitudes de sus hijos.

Por ello, el inicio de la educación de los niños a los tres años constituye una posibilidad ideal para realizar una experiencia piloto como la propuesta. No dudo que el éxito de la misma constituirá una fuerte evidencia en pos de evaluar su extensión al resto de la educación obligatoria.

Las evaluaciones educativas en la Provincia de Buenos Aires[6]

María Eugenia Vidal anunció que el 18 y 19 de octubre se realizarán evaluaciones de lengua y matemática a 700.000 alumnos, alrededor de un tercio de los matriculados en las escuelas primarias y secundarias del ámbito público y privado en la provincia[7]. Las evaluaciones serán anónimas, lo cual permitirá conocer el nivel de conocimiento promedio de cada escuela, preservando la privacidad de los alumnos.

La medida no puede ser más auspiciosa, como bien señala la gobernadora: “Es necesario evaluar para saber qué tenemos que mejorar”[8]. Es claro que no puede tener más razón.

Sin embargo, también remarcó: “para mí, como mamá, la evaluación es orientadora porque me permite saber cómo está mi hijo en relación con lo que se enseña”, lo cual no es posible en virtud del artículo 97, de la Ley 26.206 de Educación Nacional sancionada en 2006[9].

Es imprescindible que los padres admitan la realidad y reaccionen. Para ello las evaluaciones son un instrumento esencial, pero los resultados comparativos a nivel de escuela deben ser de conocimiento de los padres. Su indignación le daría al Gobierno el apoyo sin el cual es imposible llevar a cabo una real revolución educativa.

Por ello propongo la modificación del artículo 97 de la ley 26.206, dado que el mismo establece que “[…] La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los/as alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la materia”.

Al impedir la publicidad de los resultados de cada colegio lo que se está haciendo es sustraer del debate público el elemento de juicio principal para saber si el actual sistema educativo satisface la principal inquietud de cualquier padre: que sus hijos aprendan en el colegio al cual concurren. No es posible llevar a cabo una revolución educativa sin su apoyo y participación activa, el hacer público el resultado de las evaluaciones despertaría a muchos padres y los comprometería con la causa.

En educación ha llegado la hora de los padres. Sin su activa participación ninguna revolución será factible. Esta nota presentó dos sencillos ejemplos que ilustran cómo sería posible despertarlos y encolumnarlos en pos del fin propuesto.

¿A la luz de lo expuesto, considera el lector que tiene sentido construir 3.000 jardines de infantes o retacear información? A mi entender no lo tiene.

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