CRONISTA – Todavía los argentinos seguimos esperando la lluvia de inversiones. Quedó claro que no era cuestión sólo de salir del rumbo a una segura crisis a la venezolana o a la Argentina 89 o de resolver el tema de la cesación de pagos por el juicio con los holdouts en Nueva York. Ambos temas fueron clave para conseguir mayor acceso al financiamiento externo, fundamental para que el Gobierno pudiera encarar su objetivo de bajar gradualmente el déficit del Estado; pero no alcanzan para que vengan aquellos que invierten en el largo plazo.
Un dato a tener en cuenta: la Argentina viene diluyendo su seguridad jurídica desde hace muchas décadas. Según el Índice Internacional de Calidad Institucional (CI) 2017 (ver https://goo.gl/ELUlrg), que se realiza para 192 países del mundo, en los 22 años para los que hay datos es el segundo país del mundo que más posiciones descendió, 94 hasta el lugar 138. Sin embargo, este resultado era peor en el informe de 2016, que comparaba datos del 2015; ya que estaba en puesto 142, o sea que hubo una mejora de cuatro escalones. Es buena noticia que, luego de una continua destrucción de la calidad institucional durante los últimos diez años, en los que perdimos 45 lugares, por primera vez tengamos una alza de nuestra nota.
La expectativa es que este gobierno continúe el proceso de reconstrucción de la CI. Sin embargo, recordemos que para un ex ministro de la anterior gestión, seguridad jurídica era un concepto horrible. Además, tuvimos un funcionario de tercer nivel, con tal poder de daño que podía llamar por teléfono y, sin una norma que lo avale, ordenarle a un empresario cómo debía manejar su negocio. Alguien que viene a comprar o poner una empresa, lo hace con una expectativa de recuperar lo que puso en 20 o 30 años. En una democracia republicana como la que Argentina intenta ser lo esperable es la alternancia en el poder. Por bien que le pueda ir a este gobierno, en algún momento habrá un Presidente de la actual oposición. Entonces, los inversores locales y extranjeros también los analizan a ellos y es ahí donde se observa que se mantienen los viejos vicios que llevaron a la destrucción de la CI de Argentina.
El bienestar y las oportunidades de progreso de los habitantes de un país dependen de que se desarrollen las fuerzas de la creatividad, del trabajo y de la inversión; lo cual sólo es posible en un verdadero Estado de Derecho, que sólo se consolida con una buena CI. Por eso, los ciudadanos deberíamos exigirles a los políticos que no se aparten de lo que manda la Constitución Nacional. No es cierto el argumento enquistado en nuestra política de que el fin justifica los medios y lo importante es resolver los problemas rápido; aunque en el camino se pisoteen algunos derechos e instituciones. La realidad es que se pueden resolver los problemas de los argentinos dentro del marco constitucional. Es verdad que es más trabajoso e implica un mayor costo presente; pero los países del mundo que así lo hicieron demostraron que es mucho más rentable en el tiempo. Si se toman los 20 primeros países en CI, no debería llamar la atención que estos coincidan con aquellos que hoy pueden darle mayor bienestar a sus habitantes.
Es posible cambiar de rumbo. Nueva Zelanda (hoy 1ero en el ranking), Canadá (8) y Australia (11), junto a Argentina (138) figuraban entre los de mejor CI y desarrollo económico a principios del siglo XX. También, como nuestro país, empezaron una trayectoria de decadencia en algún momento a partir de la década del 30. Sin embargo, en la medida que avanzaba la segunda mitad del siglo, en distintos momentos, sus sociedades decidieron poner fin a ese retroceso y encarar el esforzado camino de la reconstrucción institucional, sabiendo que los buenos resultados se verían con el tiempo y tuvieron razón. Por su parte, los argentinos decidimos perseverar en el camino de la irresponsabilidad cívica y la falta de respeto a la ley y la Constitución, hoy cosechamos los resultados esperables de esa actitud. El PBI por habitante de Nueva Zelanda y Canadá es más de 3 veces superior y el de Australia, más de cuatro veces.
En esos países, sus habitantes pueden confiar en el cumplimiento de los contratos, en que el gobierno no les confiscará sus ahorros o se quedará con gran parte de sus ingresos con impuestos abusivos, que entre los tres poderes del Estado se controlarán el cumplimiento de sus funciones y límites para que ninguno avasalle los derechos de los ciudadanos o se robe el dinero de todos con la corrupción. Esperemos que los argentinos hayamos aprendido de nuestra pobre historia de irresponsabilidad y nos pongamos manos a la obra, para que nuestros hijos no tengan que pensar en emigrar a esas naciones porque la Argentina también puede ofrecerles las mismas oportunidades de desarrollo y realización.
