Por Jorge Otamendi
LA NACIÓN – La ansiada y bien encaminada integración al mundo que nuestro país se ha propuesto encuentra un obstáculo que debe ser removido de inmediato por el Gobierno: la falta de protección adecuada de la propiedad intelectual.
Uno de los problemas es la no aprobación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por Patent Cooperation Treaty), y la no derogación de un par de resoluciones ministeriales del anterior gobierno que son claramente inconstitucionales.
El PCT es una necesidad para los inventores argentinos, ya que a partir de la presentación de una patente en nuestro país tienen 30 meses para decidir la presentación en otros países. Hoy sólo tienen 12 meses, plazo exiguo que les impide conseguir inversores para afrontar el costo de una protección internacional. El PCT tiene 153 países miembros. La Argentina forma parte de un reducido club de países que no lo han aprobado, entre los que están Bolivia, Paraguay, Haití, Cabo Verde, Congo y unos pocos más.
Cuando estaba en campaña, el presidente Macri dijo que nuestro país debía aprobar el PCT, pero casi dos años después el proyecto descansa en algún escritorio oficial, y sin explicación alguna.
La cuestión tiene algún dato de color. El Conicet, que ha publicado un trabajo en el que se habla en contra del PCT, es el principal usuario de ese tratado. Ha presentado nada menos que 78 solicitudes de patentes, obviamente en países miembros del tratado, para poder gozar de sus beneficios. En la lista hay también laboratorios extranjeros que son filiales o están vinculados con empresas farmacéuticas de capital nacional, miembros de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos, que tradicionalmente se ha opuesto al tratado. Ellos pueden hacerlo porque tienen los medios, pero la mayoría de los inventores argentinos no puede. Se deduce que el tratado no debe ser tan malo, pero mientras no esté vigente se dificulta también la presentación de patentes de extranjeros en nuestro país, lo que facilita el aprovechamiento de las investigaciones ajenas.
Otra cuestión que genera grandes y periódicos reclamos es la resolución conjunta del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y el Ministerio de Salud y Acción Social que implementa las pautas para el examen de las invenciones. Esta resolución, regalo de la ex secretaria Giorgi a los laboratorios de capital nacional, impone prohibiciones de patentar invenciones perfectamente patentables en perjuicio de los inventores nacionales y extranjeros, en exclusivo beneficio de quienes quieran copiar en el futuro lo que ilegalmente se prohíbe patentar. Otra resolución también del INPI durante el gobierno anterior tiene como única finalidad intentar debilitar las patentes que se concedan en el ámbito biotecnológico.
Esta situación provoca quejas y reclamos del mundo desarrollado al que la Argentina quiere integrarse. La conducta de nuestro país tiene consecuencias, y no sólo porque la falta de protección nos causa un serio problema para la firma de acuerdos internacionales de comercio. Días atrás, Francisco Olivera escribió sobre las quejas de empresas argentinas por la dificultad o imposibilidad de exportar a los Estados Unidos debido a que éstos excluyeron a nuestro país del sistema de preferencias arancelarias. Es que los Estados Unidos incluyen desde hace años a la Argentina en la Priority Watch List, el paso previo a las sanciones concretas. Estar en esta Watch List es muy mal negocio para los exportadores.
Es hora de terminar con esta situación que tango daño le causa a nuestro país y beneficia indebidamente a unos pocos.
