Edgardo Zablotsky
Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago. Rector de la Universidad del CEMA. Miembro de la Academia Nacional de Educación. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
INFOBAE – El episodio del canje de pasajes en el Congreso parece haber llegado a su fin. El pasado viernes 13 de abril, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, con el acuerdo de la mayoría de los bloques parlamentarios, firmó la resolución por la cual se elimina el sistema de canje de pasajes por efectivo y se establece el concepto de gastos de movilidad.
Ello satisface el reclamo del presidente Mauricio Macri, quien lo había criticado con dureza, al señalar: “Si los diputados creen que su salario no es suficiente, tienen que blanquear su necesidad de tener uno mejor, pero ese mecanismo de los pasajes no es algo que esté bien. Es querer disfrazar algo de otra cosa“. Es claro que la resolución firmada por Emilio Monzó blanqueó la vieja práctica.
¿Qué relación tiene ello con la educación? Mucha más de la pensada, como argumentaré en esta nota.
La resolución firmada por el presidente de la Cámara de Diputados establece que cada legislador contará con 10 pasajes aéreos o terrestres para su uso dentro del territorio nacional, nominados e intransferibles. Esos pasajes no podrán ser canjeados por efectivo y vencerán a fin de cada mes. Adicionalmente, podrán optar por una de las siguientes alternativas.
Primero, elección de una de las siguientes opciones:
-Una suma fija no remunerativa, en concepto de movilidad de 20 mil pesos.
-La asignación de 12 tramos aéreos innominados para su uso, ida y vuelta, con validez mensual, no renovables y no canjeables.
Segundo, elección de una de las siguientes opciones:
-Una suma fija no remunerativa en concepto de movilidad de 10 mil pesos.
-La asignación de 20 pasajes terrestres, con validez mensual, no renovables y no canjeables.
De esta forma se generó un menú de cuatro opciones, con lo que se blanquea el mecanismo de cambio de pasajes por efectivo, dado que el legislador que así lo desee podrá optar por recibir un adicional de 30 mil pesos mensuales, que podrá emplear a su libre albedrío, en forma similar a como en la práctica lo venía haciendo mediante el cambio de pasajes.
Es llamativo, y desigualitario, por cierto, que el resto de los ciudadanos carezcamos de una flexibilidad similar en numerosas instancias. La educación es el más claro ejemplo de ello.
¿Qué mejor evidencia que el virtual monopolio estatal de la educación? Al fin y al cabo, aquellas familias carentes de posibilidades económicas para optar entre una institución pública y otra privada enfrentan al Estado como el proveedor monopólico de los servicios educativos que reciben sus hijos.
En los últimos años, numerosas familias han optado por enviar a sus hijos a escuelas privadas, a pesar de la existencia de la educación pública gratuita. Es claro que cada familia que toma esta decisión debe pagar dos veces por la educación de sus hijos, una a través de sus impuestos y otra a través del pago a la escuela elegida, dado que no cuenta con la misma flexibilidad que los legisladores.
¿Por qué no estructurar una tarjeta, que denominaré Educard, que permita cambiar esta realidad? Podría ser entregada a todos los padres de familia o, si fiscalmente ello no es factible, a aquellas familias que califiquen según un criterio de necesidad, con un único importe acreditado a ser aplicado cada mes, ya sea en una institución educativa pública o privada. De esta forma, parte del presupuesto educativo seguiría a los alumnos y aun las familias más humildes tendrían la real oportunidad de optar por la educación que habrían de recibir sus hijos.
El sistema no atentaría contra la educación pública. Ninguna familia estaría obligada a dejar de enviar sus hijos a la escuela a la que actualmente concurre. De hacerlo es porque opina que la alternativa por la que ha optado provee mejores servicios educativos o más adecuados para los gustos, las necesidades o las habilidades de sus hijos.
Por cierto, sería interesante llevar a cabo una estadística entre los legisladores respecto del tipo de escuela en la cual que cursan o han cursado la educación obligatoria sus hijos. Probablemente descubramos que una gran mayoría opta por enviar a sus hijos a instituciones privadas, mientras muchas familias argentinas carecen de una opción similar dada su situación económica. Es hora de blanquear también esta situación.
El autor es rector UCEMA y miembro de la Academia Nacional de Educación.