Economía del conocimiento e inseguridad jurídica

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Miembro del Consejo Académico de Libertad y Progreso.
Doctor en Administración por la Universidad Católica de La Plata y Profesor Titular de Economía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Sus investigaciones han sido recogidas internacionalmente y ha publicado libros y artículos científicos y de divulgación. Se ha desempeñado como Rector de ESEADE y como consultor para la University of Manchester, Konrad Adenauer Stiftung, OEA, BID y G7Group, Inc. Ha recibido premios y becas, entre las que se destacan la Eisenhower Exchange Fellowship y el Freedom Project de la John Templeton Foundation.

CATO – ¿Cómo podemos esperar que haya inversiones si cada cambio de gobierno modificamos las reglas de juego? La inversión siempre espera resultados a futuro, que pueden estar más cerca o más lejos. Dado que si hay algo que no conocemos con certeza es el futuro, toda inversión es incierta y todo inversor trata de reducir ese riesgo al mínimo.

Los gustos de los consumidores pueden cambiar (fíjese si hubiera invertido en Blockbuster), las dotaciones de recursos pueden modificarse (el shale oil no era considerado un recurso hace un par de décadas), pueden surgir nuevas tecnologías. Para invertir, además, hace falta una moneda que permita realizar cálculo económico en base a un valor relativamente previsible varios años hacia adelante.desarrollo de la industria del conocimiento

Por último, mínimamente hay que saber cuáles serán los impuestos a pagar, la evolución de los salarios, los costos sobre la mano de obra, el acceso a divisas. Los países que reciben inversiones son aquellos que pueden ofrecer reglas de juego favorables (bajos impuestos y regulaciones) y estables. También recursos, pero la definición de recurso ya no tiene que ver con factores provistos por la naturaleza sino con capacidad, educación, iniciativa, empresarialidad. Por eso son ricos Singapur o Hong Kong, sentados sobre un par de rocas.

Nos hemos cansado de escuchar que Argentina tiene muchos de esos recursos y últimamente también tiene los vinculados con el conocimiento, a punto tal que se espera, o esperaba, que estas industrias alcanzaran a ser la segunda o tercera exportación, detrás de los productos del agro.

Unanimidad y consenso

El año pasado se aprobó una Ley de Economía del Conocimiento, que pasó por el Congreso en forma prácticamente unánime. Supuestamente esto refleja un elevado grado de consenso y sería una señal de estabilidad en las reglas de juego para que los inversores desplieguen todos sus proyectos.

En nuestro caso, sin embargo, eso no es suficiente. Se acaba de suspender la aplicación de la ley hasta que se dicte una nueva reglamentación y ya se anuncian importantes cambios que han de modificar el cálculo económico de los inversores. Esta vez, la “estabilidad” duró unos pocos meses.

¿Cuál es la razón de que incluso normas aprobadas en forma unánime no puedan garantizar estabilidad? La respuesta es que ese consenso era falso. La centralización del poder en Argentina ha llevado a que el Congreso apruebe leyes de carácter muy general y luego delegue en el Poder Ejecutivo la capacidad de fijar las reglas de juego reales. Esto lo hace a través de la reglamentación.

Es decir, se aprueba una ley en la cual se sanciona la felicidad del pueblo argentino, o de un determinado sector, y todos están de acuerdo. Pero luego, los números son el resultado de la reglamentación.

Entonces, ahora, incluso quienes votaron a favor de la ley van a apoyar los nuevos cambios porque dirán que no estaban de acuerdo con lo reglamentado, o sostendrán que esto iba en contra del “espíritu” de la ley. Algunos quieren bajar a otros de los beneficios recibidos (“entraban hasta cervecerías artesanales”); otros quieren que el tren pare en su estación para subirse a los beneficios (pymes industriales). La calesita volvió a funcionar y la perinola está en juego.

Gobierno y oposición son responsables, porque disfrazan como consenso la delegación de funciones al ejecutivo, algo que el Congreso ha estado haciendo en estas décadas de estatismo centralista que nos ha dejado una simple fachada de la división de poderes.

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