La Fundación Libertad y Progreso frente a la aprobación del Protocolo para la interrupción libre del embarazo

El Protocolo para la Interrupción Libre del Embarazo aprobado por una ley sancionada por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, avanza y violenta valores esenciales. Ya no se trata sólo de la legalización o la penalización del aborto sino de impulsarlo y facilitarlo.

La mujer que se presenta ante un médico solicitando que le practique un aborto, no tiene que dar ninguna explicación, ni el médico puede pedírsela. Si es una adolescente no necesita el permiso de sus padres. Si argumenta una violación no necesita demostrarla ni haberla denunciado. El médico que se informa de ello tiene prohibido hacer una denuncia ni transmitir el hecho, cuando un abuso sexual es un delito. Cuando se alega un problema de salud, el Protocolo admite la realización del aborto cualquiera sea el tiempo de gestación.

El médico tiene que actuar con la mayor rapidez y diligencia. Si tuviera objeción de conciencia, debe encontrar un sustituto que no la tenga. Si no lo encuentra, la autoridad de aplicación puede obligar a la institución a practicar el aborto; lo cual implicaría tener que ordenarle a alguno de sus médicos que lo practique aún en contra de sus creencias. Esto es un grave avasallamiento del derecho a la objeción de conciencia de eliminar la vida de un niño por nacer. Cabe destacar que el derecho a creer en que la vida empieza desde la gestación, aunque se respete la creencia en contrario, está avalado por la Constitución Nacional y la ley. Por lo tanto, nadie puede ser obligado a matar a quien considera es un ser humano.

El Protocolo prohíbe la objeción de conciencia institucional. Es decir que una clínica u organización privada de salud pueda negarse a practicar un aborto. Olvidan los legisladores que las mismas tienen dueños con los mismos derechos que mencionáramos anteriormente tienen los médicos y, por lo tanto, implica una severa limitación de las libertades amparadas no solo por la Constitución sino como un valor irrenunciable de las sociedades libres.

Por ello, expresamos nuestro rechazo a la aprobación de este Protocolo que va más allá que la legalización de la interrupción de la vida, a la que ya de hecho nos oponemos.

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