Economista especializado en Desarrollo Económico, Marketing Estratégico y Mercados Internacionales. Profesor en la Universidad de Belgrano. Miembro de la Red Liberal de América Latina (RELIAL) y Miembro del Instituto de Ética y Economía Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.
PANAM POST – «Quedan prohibidos los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente. La infracción a esta norma deberá ser denunciada por la autoridad interviniente a fin de que la autoridad competente determine si se cometieron los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación». De esta manera, el Poder Ejecutivo terminó con las «reuniones sociales» en todo el territorio nacional, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia emitido el fin de semana, según el cuál quien lo incumpla se podría enfrentar a una pena de dos años de prisión.
Esta vez no hubo anuncio, foto con gobernadores, intendentes, ni proyecto legislativo. Firmó el presidente Alberto Fernández y se difundió la noticia en los medios de comunicación. La cuestionada normativa estará en vigencia hasta el 16 de agosto, pero lo cierto es que los anuncios relativos a las supuestas finalizaciones de las restricciones en Argentina tienen menos credibilidad que la estabilidad del peso.
Lógicamente, la reacción en redes sociales no tardó en aparecer y el que encendió la mecha fue el famoso abogado Alejandro Fargosi. Desde su cuenta de Twitter el exmiembro de Consejo de la Magistratura argentino preguntó si la Constitución seguía vigente en el país y el que le respondió fue el especialista en mercados financieros: Carlos Maslatón.
En su opinión la Constitución fue «derogada» y Alberto Fernández gobierna con «la suma del poder público» ante la inexistencia del Poder Judicial y la complicidad del Legislativo. Para Maslatón, el proceso comenzó con el anuncio de la cuarentena y la oposición macrista es cómplice de lo que denominó «una dictadura».
Otro que se expresó en el mismo sentido fue el director de la Fundación Libertad y Progreso, Agustín Etchebarne. El economista se refirió al macrista Horacio Rodríguez Larreta, al kirchnerista Axel Kicillof y al presidente Alberto Fernández como un «trío fascista que eliminó la Constitución y las libertades» que busca que la gente se denuncie mediante la utilización del miedo. «Literalmente de terror», señaló.
Diego Giacomini fue otro de los que apuntó contra la terna Fernández, Larreta y Kicillof. Desde sus redes sociales, el analista aseguró que el programa actual llevará a la Argentina «a los peores resultados en todos los aspectos», tanto en el ámbito de la salud como en la economía.
Justamente, un artículo de Bloomberg de la última semana repasa el colapso de la economía nacional, pero asegura que el coronavirus (COVID-19) no es más que un elemento del cóctel funesto, que tiene otros tantos componentes que nada tienen que ver con la pandemia. «Sindicatos poderosos, volatilidad política, controles de precios y cambios, y la intervención estatal en la economía», generan la salida del país de muchas empresas extranjeras, mientras otras reducen considerablemente su presencia en el territorio nacional.
Por su parte, Gustavo Lázzari reconoció que durante mucho tiempo no avaló la tesis de Maslatón, que desde sus redes habla de una «dictadura maoísta» a cargo de Fernández, Larreta y Kicillof. «Ahora me doy cuenta que tuvo razón», dijo desde su cuenta de Twitter, mientras que llamó a «frenar esta locura». Para el economista liberal, el autoritarismo gubernamental argentino ya es semejante a la Stasi, el órgano de inteligencia de la extinta Alemania Oriental.
