EDITORIAL DE LA NACIÓN – Mantener barreras por tiempos prolongados desalienta la competitividad y consolida ineficiencias en detrimento de los consumidores
El Gobierno ha manifestado su intención de ampliar los alcances del régimen de compre argentino que rige por la ley 27.437 para las compras y contrataciones del Estado. Ha trascendido que abarcará más sectores industriales y establecerá mayores obligaciones para concesionarios, licenciatarios y permisionarios de servicios públicos. Este sistema establece actualmente una preferencia por bienes y servicios de origen nacional siempre que un mismo bien importado no muestre una ventaja de precio del 15% cuando la oferta provenga de una Pyme, o del 8% del resto de las empresas. Se considera origen nacional cuando el bien o servicio sea producido en el país mientras los insumos importados no superen el 40% del valor. En el caso de obras públicas, el porcentaje de los materiales nacionales ha de ser del 50%. En el producto importado, el precio por comparar es el que incluye el arancel de importación, fletes y todos los gastos necesarios para nacionalizarlo y liberar su venta en el mercado interno. Esto implica un grado de protección sustancialmente más alto que ese 8% o 15%.
Un argumento atractivo pero rebatible, esgrimido en defensa de este régimen y del proteccionismo en general, dice que es preferible dar empleo y pagar salarios en el propio país en lugar de hacerlo a personas en otros países. Sin embargo, extrapolando este mismo argumento al ámbito familiar, podría postularse que habría que hacer el pan en la casa. Lo mismo con la vestimenta y por qué no también con la tela. Lo que ocurriría es que los miembros de esa familia deberían quitar horas al trabajo en actividades que ellos saben hacer, para aplicarlas a tareas en las que no son eficientes. Sus consumos y su bienestar se reducirían. Las ventajas de la división del trabajo y la especialización fueron comprobadas ya hace más de doscientos años y quedaron muy bien fundamentadas por David Ricardo en su teoría de los costos comparados.
El comercio y el intercambio generan siempre beneficio para ambas partes. Así como la revolución industrial no hubiera sido posible sin la libertad de comercio, la revolución tecnológica hoy no sería factible si alguien se propusiera impedir o trabar la circulación digital. El proteccionismo afecta el crecimiento mundial, pero particularmente el de aquellos países que lo practican.
Las cifras muestran una correlación positiva entre el grado de apertura al comercio internacional y el ritmo del crecimiento económico. El mantenimiento de barreras proteccionistas por tiempos prolongados no alienta el aumento de competitividad, sino que consolida ineficiencias y genera rentas extraordinarias a productores y comerciantes en mercados de competencia imperfecta. Además, lo hace en detrimento del nivel de vida de los consumidores.
El régimen de compre argentino contradice el principio del beneficio social de la apertura del comercio, pero además ocasiona un sobrecosto al Estado que se paga con el dinero de los contribuyentes. Ese dinero no viene del aire, sino que se detrae de los otros destinos que le hubieran dado quienes se ven obligados a pagar mayores impuestos, o de otros usos alternativos que considere el gobierno que enfrenta ese sobrecosto. Sobran razones para no solo no ampliar este sistema de preferencia, sino para derogarlo y sujetar las compras oficiales a la competencia, sometiendo las importaciones exclusivamente a la protección arancelaria general.
