Falta de vacunas, ¿hacia un nuevo crimen de lesa humanidad?

Carlos Manfroni – LA NACIÓN – La pandemia de coronavirus podría presentar a los tribunales internacionales nuevos desafíos. El Covid es la única peste con alta capacidad mortífera que apareció en el mundo entero desde que esos organismos para la defensa de los derechos humanos fueron creados. Se trata de un escenario hasta ahora desconocido y que podría dar lugar a una evaluación diferente de la conducta de los gobernantes cuando una acción o una omisión dolosa provoquen miles de muertes que podrían haberse evitado.

Hasta el momento, el Tribunal Penal Internacional y otros tribunales especiales, como los que se constituyeron para la ex-Yugoslavia o para el genocidio de Ruanda, juzgaron siempre crímenes de odio racial, étnico, religioso o político. ¿Pero qué ocurrirá con los decesos masivos que se producen a causa de la indiferencia de los gobiernos por el resultado de sus acciones? Es lo que los penalistas denominan “dolo eventual”, porque el autor no tuvo la intención de matar, pero tampoco le interesó evitar la muerte.

La interpretación de la intención cobraría así una gran importancia, porque el Estatuto de Roma, que define los crímenes de lesa humanidad, enuncia entre sus variantes: “Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.

Ciertamente, para que un caso llegue al Tribunal Penal Internacional, debería demostrarse el desinterés de un Estado por investigar.

¿Qué podría suceder en la Argentina en relación con el malogrado contrato con Pfizer, de acuerdo con el cual el laboratorio hubiera podido proveer más de 13 millones de vacunas a un precio preferencial y que el Gobierno no firmó?

La carta de Pfizer al Ministerio de Salud, exhibida por el periodista Francisco Olivera en LN+, aporta una información muy compleja para el Gobierno. Uno de sus párrafos expresa: “Desde el 28 de julio, día en que hicimos nuestra primera oferta anticipada para proveer al Gobierno con dosis de la vacuna candidata contra el Covid-19, con entregas programadas comenzando en 2020, desde Pfizer hemos hecho el mayor esfuerzo para mantener la asignación de dosis para la Argentina a pesar de las sucesivas demoras en el proceso de comunicación con el ministerio y de la firma de acuerdos anticipados por parte de otros países, ello, en un contexto de oferta global limitada de dosis […] Adicionalmente, Pfizer mantuvo las mismas condiciones comerciales y esquema de entrega de dosis, sin perjuicio del interés expresado por el Gobierno de reducir significativamente el número de dosis ofrecidas originalmente por Pfizer”.

La evidencia demuestra que mientras otros gobiernos estaban firmando acuerdos anticipados para obtener la vacuna, la Argentina estaba demorando las comunicaciones con Pfizer, a pesar de que nuestro país habría gozado de prioridad y condiciones preferenciales por parte del laboratorio.

Y tanto o más grave que esas demoras, la carta revela que el gobierno argentino pidió “reducir significativamente el número de dosis originalmente ofrecidas por Pfizer”. Esto es independiente de la negativa posterior a firmar el contrato con esa compañía. Aun si el contrato se hubiese firmado, las autoridades nacionales estaban renunciando de antemano a una parte importante de las vacunas que hubiesen correspondido a la Argentina.

¿Por qué un gobierno pediría reducir significativamente el número de dosis que puede obtener en condiciones preferenciales mientras otros países pugnan por comprarlas? ¿Cuál es el motivo por el que los funcionarios harían correr riesgos extremos a los ciudadanos al rechazar vacunas que podrían permitirle inmunizar a la totalidad de la población presumiblemente vulnerable?

Si tomamos una pirámide poblacional de la Argentina y sumamos todas las franjas etarias, puede concluirse que, con las provisiones rechazadas, el Gobierno podría haber resguardado a todos los mayores de 45 años al menos con una dosis o en forma completa a una franja tanto o más amplia que la población de riesgo.

Desde el 15 de diciembre de 2020, cuando el entonces ministro Ginés González García anunció que las condiciones requeridas por Pfizer eran inadmisibles, hasta mayo de 2021, murieron aproximadamente 30.000 personas. ¿A cuántas de ellas hubiera podido salvar la vacuna? Difícil saberlo, porque entre otras cosas hubiese dependido de las fechas de entrega de cada partida, pero hubieran estado cubiertas miles de personas que, en cambio, quedaron desguarnecidas y expuestas a la enfermedad.

Otro indicio de desinterés pudo observarse en un video que muestra al subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud al explicar que a pesar de haber podido acceder a una compra de vacunas del fondo Covax equivalente al 50% de la población, el Gobierno optó por la mínima cantidad admitida, del 10%. El funcionario calificó de “decisión inteligente” semejante desperdicio.

Por otro lado, resultó muy insustancial la desmentida del director de Covax para América Latina, Alberto González Cornejo, sobre la negativa del gobierno argentino a recibir vacunas de Pfizer. Su mensaje a la ministra deja más dudas que certezas.

A esas actitudes debe agregarse el rechazo de una donación de 15.000 vacunas destinadas a la población de Río Turbio por parte del gobierno de Chile, ofrecimiento que había sido impulsado por el senador de ese país Carlos Bianchi Chelech.

Pfizer Argentina negó ahora que el Gobierno le hubiera requerido la actuación de intermediarios, algo que posiblemente será debatido en la Justicia. El laboratorio AstraZeneca lo hizo de esa manera y se habrían suscitado chisporroteos entre la casa central, la filial y el socio local.

Tanto las empresas norteamericanas como las británicas deben evitar las sanciones de las leyes de sus países de origen que penalizan el soborno transnacional.

Lo cierto es que, cualesquiera sean las motivaciones de las recurrentes negativas a potenciales llegadas de vacunas, el Gobierno aún no ha dado explicaciones serias.

A todo eso debe agregarse la ruina económica en la que quedó sumergido el pueblo a causa del encierro al que el Gobierno forzó al sector productivo por el hecho de no haber contado a tiempo con inmunidad sanitaria.

Semejante infortunio podría pasar como el resultado de una mala práctica, de una torpeza en la gestión, si no fuera porque al mismo tiempo que se clausuraban la producción, el comercio, la enseñanza y hasta el ejercicio del culto, se liberaban presos detenidos por graves delitos, se avanzaba con proyectos de modificación del sistema judicial para afectar su independencia, se convocaba a concentraciones masivas y sin control, se permitía que veinte personas provocaran una aglomeración de miles de pasajeros en una estación de trenes y se vacunaba privilegiadamente a un número todavía incierto de partidarios oficialistas.

Todo eso está lejos de la imagen de una gestión preocupada por la salud del pueblo, pero que fracasa por mala suerte o incluso por ignorancia. Más bien revela un aprovechamiento indigno de circunstancias terribles por las que los ciudadanos atraviesan y que en su momento debería ser evaluado. El tiempo lo dirá.

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