Corrupción e instituciones

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Martín Krause

Miembro del Consejo Académico de Libertad y Progreso.
Doctor en Administración por la Universidad Católica de La Plata y Profesor Titular de Economía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Sus investigaciones han sido recogidas internacionalmente y ha publicado libros y artículos científicos y de divulgación. Se ha desempeñado como Rector de ESEADE y como consultor para la University of Manchester, Konrad Adenauer Stiftung, OEA, BID y G7Group, Inc. Ha recibido premios y becas, entre las que se destacan la Eisenhower Exchange Fellowship y el Freedom Project de la John Templeton Foundation.

CLARÍN – La última edición del índice de Percepción de la Corrupción que elabora Transparencia Internacional no trajo buenas noticias para Argentina. Nuestro país obtuvo una calificación de 38/100, cuatro puntos menos que el año anterior y esto llevó a que cayera 18 posiciones hasta el puesto 96. Estamos junto a Brasil, Indonesia, Lesoto, Serbia y Turquía.

Antes, se solía comentar en tono negativo y se hubiera dicho “estamos más abajo que Kosovo, Etiopía o Tanzania. Lo que tal vez nunca pensamos es que en esos países deben estar diciendo… “estamos cerca de Argentina”. Como si por alguna razón nuestro destino tuviera que ser una mejor posición.

Y es difícil que eso ocurra. Puede ser que temporalmente tengamos algún gobierno menos corrupto y eso nos permita mejorar algunas posiciones: por ejemplo, en 2019 llegamos a tener 45 puntos, en 2015 tuvimos 32. Se ve que ése es nuestro rango. Si queremos mejorar algo más que eso ya no será cuestión solamente de cambiar de gobierno. No hace falta querer compararnos con países que están lejanos, geográfica y culturalmente, hace falta solamente mirar a Uruguay, que tiene 73 puntos y se ubica en el puesto 18; o a Chile, que tiene 67 y está en el puesto 27, pese a ser un país que ha estado convulsionado en los últimos años y espera inaugurar un gobierno claramente diferente al anterior.

Para alcanzar a estos países, no ya a Dinamarca, Finlandia o Nueva Zelanda, hace falta algo más: reformas de tipo institucional. Precisamente, el índice de Transparencia Internacional es uno de los que tomamos en cuenta para la elaboración del índice de Calidad Institucional (ICI), publicado por la Red Liberal de América Latina (Relial) y en nuestro país la Fundación Libertad y Progreso. Y existe una clara correlación entre uno índice y el otro. Los tres primeros países del índice de Transparencia Internacional son también los tres primeros en el ICI y vienen ocupando esas posiciones desde que comenzáramos a publica el índice hace unos 15 años.

Esta correlación no es mera coincidencia. Instituciones significa límites al poder, y estos límites implican controles que reducen la posibilidad de corrupción. Cuando el poder está dividido y hay agencias que son claramente independientes del poder de turno, el control es mayor y la corrupción es menor. Esto se aplica especialmente a la justicia. Aquél que quiera y busque obtener un privilegio se vería obligado a corromper a un buen número de personas en distintas posiciones, quienes se controlan entre sí. Esto lo hace más difícil y costoso.

Por otro lado, el nivel de corrupción tiene que ver también con el grado de regulación de la economía. No estoy hablando del tamaño del Estado, ya que países que están en esos primeros puestos tienen estados grandes en relación a su PIB, sino al exceso regulatorio, que no aparece medido en el PIB. Es éste el que da pie a la corrupción. Ejemplo: si para poner un casino o un bingo simplemente necesito una habilitación como la de un kiosco, hay que registrarse, pagar la tasa correspondiente y listo; pero si para hacerlo hay que cumplir cuarenta regulaciones, cada una de ellas tiene un costo (o un precio que permite saltar esa valla) y es una oportunidad para quien tiene que poner el gancho lo haga valer.

Esto significa que, si realmente queremos avanzar en la reducción de la corrupción en el camino de nuestros vecinos, tenemos que cambiar a los gobernantes, por supuesto, garantizar la independencia de la justicia y de agencias como el Banco Central o la Anses, por ejemplo, pero también tenemos que sacarles ese poder de decidir que le da cada una de las regulaciones vigentes, que son muchas. Sin ese poder, no hay que coimear a nadie.

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