Los más afectados fueron los trabajadores del sector privado no registrado, quienes perdieron 28,3% de su poder adquisitivo, mientras que, en el salario promedio, la merma fue de 18,5% desde enero de 2017.
PERFIL – El aumento inflacionario y la poca regularidad para ampliar los salarios dejaron en evidencia un porcentaje muy preocupante del poder adquisitivo de los empleados en “negro” en los últimos cinco años.
Un informe del centro investigativo Libertad y Progreso reveló que el salario promedio de la economía argentina, tanto público, privado formal y privado informal, cayó 18,5%. Los empleados más afectados fueron los trabajadores del sector privado no registrado, donde la pérdida acumulada fue de 28,3%.
A esto hay que sumarle las barreras al desarrollo del trabajo privado formal que, en comparación con enero de 2017, se redujo en 210.000 personas; mientras que los monotributistas aumentaron en 254.000.
A los empleados en “negro”, le siguen los trabajadores del sector público, que registraron una baja de su poder adquisitivo de 20,4% y los que se desempeñan en el sector privado formal, –13,7%.
“Está bien que un padre o una madre proteja a su hijo; pero le hace un daño si lo sobreprotege. Lo mismo pasa con el mercado de trabajo. Es claro que la legislación laboral sobreprotege a quien tiene la suerte de tener un empleo en blanco a costa de dejar afuera de dicho mercado laboral y, por ende, desprotege a la gran mayoría de los argentinos”, manifestó Aldo Abram, Director Ejecutivo de la Fundación.
“Esto es muy injusto y debería hacer pensar a los que tienen un trabajo formal sobre qué pasará si lo pierden. Desde 2017 más de 200.000 personas no pudieron volver a reinsertarse y quedaron desempleadas o se desempeñan en negro. Deberíamos buscar una reforma de la legislación laboral que permita darle una verdadera protección a todos los trabajadores; ya que es evidente que la actual solo defiende los privilegios de los sindicalistas y sus afiliados”, sostuvo Abram.
Cada vez más trabajadores están por debajo de la línea de pobreza
El proceso descendente del poder adquisitivo ha contribuido a que cada vez más trabajadores estén por debajo de la línea de pobreza. En total, se estima que cerca del 30% de estos son pobres.
“Que cada vez más trabajadores estén bajo la línea de pobreza es síntoma de que el empleo es cada vez menos productivo. Esto es el reflejo de falta de inversión, que no es sino la consecuencia de una política económica que va deteriorando la moneda nacional y los incentivos a la producción”, explicó Eugenio Mari, economista y jefe de la Fundación.
Inflación hacia arriba
Este miércoles 13 de abril el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el porcentaje de inflación de marzo y se especula que rondará entre el 6% y el 6,5% un número más que preocupante luego de la cifra reportada en febrero que alcanzó el 4,7%.
Sobre esto, Mari afirmó que “la inflación de marzo se aceleró aún más que en febrero. Bajo este escenario, es difícil pensar que las remuneraciones de los trabajadores puedan recuperar su poder adquisitivo. El gobierno está implementado paliativos como bonos y otros ingresos de una sola vez, pero el problema de fondo es de productividad”.
Reforma laboral: ¿la solución?
“Una reforma laboral en este marco se vuelve indispensable”, sostiene Diego Piccardo, Economista de la Fundación Libertad y Progreso.
“Con la mitad de los trabajadores en la informalidad se vuelve crucial buscar la forma de modernizar y adaptar las leyes laborales al siglo XXI para que la contratación formal se vuelva menos costosa y aliente a la formalización de los puestos de trabajo. Caso contrario, lo único que lograremos va a ser una profundización de la informalidad y, consecuentemente, menos salarios y derechos laborales”, aseveró Piccardo.
La Fundación propone modificar, mediante decreto reglamentario, el ART 84 de la Ley de Contrato de Trabajo para aumentar la productividad y reducir el sobrecosto y el riesgo laboral. Reducir el costo y riesgo de despido, respetando los derechos ya adquiridos, mediante la supresión hacia adelante de la indemnización por despido, compensándola por un fondo o seguro de desempleo.
