Doctor en Economia y Doctor en Ciencias de Dirección, miembro de las Academias Nacionales de Ciencias Económicas y de Ciencias.
LA NACIÓN En vista del acalorado debate que tiene lugar en nuestro medio sobre planes económicos gubernamentales y, sobre todo, la crítica sobre la ausencia de estos, es oportuno subrayar con el mayor énfasis posible que desde la perspectiva alberdiana el mejor plan económico estatal es el que no se ejecuta. En otras palabras, desde el punto de vista liberal la ausencia del aparato estatal en la vida económica es condición necesaria y suficiente para el progreso. Desde esta perspectiva, la función gubernamental se circunscribe a la protección de los derechos de todos, muy alejada de inmiscuirse en las vidas y las haciendas de la gente. Es decir, lo contrario del actual plan de facto chavista.
Juan Bautista Alberdi consignó que “la Constitución en cierto modo es una gran ley derogatoria en favor de la libertad, de las infinitas leyes que constituían nuestra originara servidumbre”, a lo cual hemos vuelto con el fascismo desde hace décadas, luego de haber sido aplaudidos por el mundo por haber aplicado la receta de la libertad.
El padre de nuestra Constitución fundadora advirtió: “Comprometed, arrebatad la propiedad, es decir el derecho exclusivo que cada hombre tiene de usar y disponer ampliamente de su trabajo, de su capital y de sus tierras para producir lo conveniente a sus necesidades o goces, y con ello no hacéis más que arrebatar a la producción sus instrumentos, es decir, paralizarla en sus funciones fecundas, hacer imposible la riqueza”.
Alberdi destacaba que “la distribución de las riquezas se opera por sí sola, tanto más equivalentemente cuanto menos se ingiere el Estado en imponer reglas”. Por eso es que concluía al preguntarse y responder: “¿Qué exige la riqueza de parte de la ley para producirse y crearse? Lo que Diógenes exigía de Alejandro: que no le haga sombra”.
Hoy en día en tierras argentinas se amontonan supuestos economistas para diseñar planes con base en ingenierías sociales devastadoras, que se superponen unas a otras, en una carrera suicida en medio de galimatías y bochornos incomprensibles para mentes normales. Solo miremos el cuadro digno de una producción cinematográfica de Woody Allen del mercado cambiario local en sus múltiples manifestaciones, que hace correr de un lado a otro a los sufridos habitantes desconcertados ante tanto desatino.
Cuando los politicastros y sus socios dicen que “hay que resolverle los problemas a la gente” sería bueno que comprendieran que para lograr ese objetivo es necesario que se aparten y se concentren en marcos institucionales civilizados. En este sentido, es como apuntaba Clemenceau: “Los pueblos progresan cuando los gobernantes duermen”.
Tal vez la incomprensión mayor de nuestros gobernantes sea el significado del derecho que confunden con el seudoderecho, a saber, el atropello al fruto del trabajo ajeno en el contexto de la peor epidemia concebible: la guillotina horizontal de un siempre obsceno igualitarismo que anula el gran beneficio de capacidades diferentes para llevar a cabo faenas diversas (“todos somos ignorantes, solo que en temas distintos”, decía Einstein), lo cual hace posible una muy fértil cooperación social que beneficia a todos, pero de modo especial a los más necesitados. Esto último es así debido a que mayores inversiones hacen posible el incremento de salarios e ingresos en términos reales.
La mayor parte de los discursos de políticos en funciones son burdos atropellos a la inteligencia, mientras esconden privilegios alarmantes, cuando no corrupciones que dejan estupefacta a cualquier persona con un mínimo de decencia y sentido común. Los así concebidos “equipos para sugerir planes económicos” no son más que manifestaciones de reiterados asaltos al bolsillo del prójimo. Sin duda que eventualmente se necesita un plan para sacar los pesados aparatos estatales del medio sin que personas inocentes se perjudiquen, pero esto no justifica otra maraña de medidas que a todas luces revelan una supina ignorancia: que el conocimiento está fraccionado y disperso entre millones de agentes, y que los tristemente célebres planes económicos de rutina no hacen más que concentrar ignorancia y, consecuentemente, miseria generalizada.
En este cuadro de situación resulta vital respetar la división de poderes, por lo cual deben tener espacio principal la Justicia, como contrapoder y guardián constitucional para la salud de la república; y el cuarto poder, es decir, la libertad de expresión del pensamiento sin restricción de ninguna naturaleza, al efecto de salvaguardar los fundamentos de la sociedad abierta.
En nuestro país se declama sobre la democracia, pero de un largo tiempo a esta parte se desconoce ese sistema para caer en su desfiguración y, en la práctica, su desprecio. Así, a contramano de todo lo estipulado por los grandes maestros, se deja de lado su aspecto medular, el respeto a las autonomías individuales, para sustituirlo por el mero recuento de votos, como si una mayoría circunstancial pudiera convertir en justo lo que es injusto.
Un aspecto que se suele incluir prioritariamente en los consabidos planes es el vinculado con el comercio exterior: además de lo ya señalado en cuanto al embrollo del mercado cambiario, la constante alabanza de la imposición de aranceles. Estas barreras aduaneras son en algunas oportunidades alentadas por empresarios prebendarios que explotan miserablemente a la gente en connivencia con el gobierno de turno. Un arancel inexorablemente se traduce en mayor inversión por unidad de producto respecto de la situación sin ese obstáculo, lo cual significa que habrá menos productos a disposición de los habitantes del país que establece esa restricción. En otros términos, se reduce el nivel de vida.
Al contrario de lo que habitualmente se declama, el fin de la exportación es la importación. Lo primero es el costo de lo segundo. Igual que con una persona, lo ideal sería no vender nada y adquirir todo, pero esto se traduce en que los otros nos están regalando las cosas. Entonces, no hay más remedio que exportar para poder importar. No puede comprarse más de lo que se vende, y si un país fuera inepto en todos los renglones posibles, por más que tenga abiertas sus fronteras no podrá adquirir bienes y servicios de otros lares. Por su parte, el endeudamiento externo realizado por los gobiernos no solo complica el panorama local, sino que –como se ha puntualizado reiteradamente– es incompatible con la democracia, puesto que compromete patrimonios de futuras generaciones que ni siquiera participaron en la elección de los gobiernos que contrajeron la deuda.
La balanza de pagos siempre está equilibrada puesto que las exportaciones (ingresos) son iguales a las importaciones (erogaciones) más/menos el balance neto de efectivo (movimiento de capital). Lo mismo ocurre con las personas y sus entradas y salidas dinerarias. En el caso del comercio exterior, océanos, ríos y montañas no modifican los principios económicos. Las fronteras son solo al efecto de descentralizar el poder y evitar los riesgos de concentración de poder en un gobierno universal, pero no son para alimentar xenofobias y proteccionismos que desprotegen a la comunidad.
En resumen, lo medular es que en última instancia las disputas por planes económicos gubernamentales deben reemplazarse por planes económicos privados, sin interferencia del uso de la fuerza.
