Política

Desde la Fundación Libertad y Progreso expresamos nuestra más profunda solidaridad con las víctimas y sus familias afectadas por la violencia relacionada con el narcotráfico en Rosario y en otras regiones del país. Este flagelo, exacerbado por décadas de políticas populistas, ha llevado a la alianza entre ciertos gobiernos y organizaciones criminales, debilitando el Estado de derecho y su capacidad para garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos.

La Constitución nos recuerda la obligación indelegable del Estado de proveer seguridad y justicia, pilares fundamentales que se ven socavados cuando las mafias y el narcotráfico se fortalecen hasta controlar territorios enteros mediante el terror. Es crucial reconocer que, ante esta penetración del crimen organizado, las medidas de combate y represión necesarias para erradicarlo deben ser excepcionalmente rigurosas.

Entendemos que para prevenir la radicación del narcotráfico, es imperativo mantener niveles de vigilancia y acción estatales superiores a la media regional; sin embargo, una vez que estas organizaciones se arraigan en una comunidad, enfrentarlas implica un desafío mucho mayor. En estos casos, lamentablemente, la intensificación de los esfuerzos para desmantelar estas redes puede resultar en un incremento temporal de la violencia, una realidad dolorosa pero necesaria en el camino hacia la recuperación del orden y la paz social.

Rechazamos la noción de que los delincuentes son víctimas del sistema. Las verdaderas víctimas son aquellos cuyas vidas y libertades son vulneradas por actos criminales. Por tanto, instamos a un reforzamiento del Estado en su función de garante del orden, mediante el uso legítimo y monopólico de la fuerza, siempre bajo el imperio de la ley y los principios de nuestra Constitución Nacional. Apoyamos todas las iniciativas dirigidas a proteger la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos, y hacemos un llamado a la acción colectiva para restablecer la seguridad como pilar de una sociedad libre y progresista.

Martin Krause en Buenas Razones explica la importancia de la calidad institucional para los ciudadanos. Los ciudadanos en los países con mejor calidad institucional tienen calidad de vida.

INFOBAE – Las resoluciones de los medios y plataformas están en manos de sus titulares, de modo similar a los dueños de casa que deciden quien entra y quien no entra a sus domicilios.

Dados los debates del momento, otra vez volvemos sobre la indispensable libertad de expresión. En una sociedad libre esta libertad resulta de una inmensa e insustituible importancia. El cuarto poder o el contrapoder por excelencia es más relevante y trascendental que los otros tres poderes. Este es el sentido de la sentencia de Thomas Jefferson en cuanto a que “frente a la posibilidad de libertad de prensa sin gobierno o ausencia de libertad de prensa con gobierno, me inclino por lo primero.”

Como es sabido el derecho primordial es el de la vida y la protección del propio cuerpo, le sigue el derecho a expresar los propios pensamientos y el uso y disposición de lo adquirido legítimamente. La libertad de decir lo que cada cual estime conveniente no solo es un derecho, sino que consiste en un procedimiento inexorable al efecto de adquirir conocimientos, un proceso que tiene la característica de la provisionalidad abierto a refutaciones. Esto último hace posible el progreso.

Si se lesionaran derechos de terceros habrá que dirimir lo ocurrido en la Justicia, pero nunca y bajo ninguna circunstancia insinuar la censura previa lo cual significa que los aparatos estatales se inmiscuyen en el sagrado derecho de la libertad de expresión o toleran el uso de la fuerza de otros para bloquearla. En este contexto debe quedar claro que cada medio o plataforma decide con su propiedad lo que considera mejor a sus intereses.

Para incorporar algo de tierra fértil en el mar de ignorancia en que nos debatimos, se hace necesario recabar el máximo provecho del conocimiento existente, por su naturaleza disperso y fraccionado entre millones de personas. Con razón ha sentenciado Einstein que “todos somos ignorantes, solo que en temas distintos”. Al efecto de sacar partida de esta valiosa descentralización, es indispensable abrir de par en par puertas y ventanas para permitir la incorporación de la mayor dosis de sapiencia posible. Como queda dicho, esto naturalmente requiere libertad de pensamiento y la consiguiente libertad de expresarlo, lo cual se inserta en el azaroso proceso evolutivo de refutaciones y corroboraciones siempre provisorias.

Esta valiosísima libertad resulta indispensable no solo por lo que acabamos de consignar sino para resguardar y limitar el poder político y abre cauces a información de todo cuanto ocurre en el seno de los gobiernos para así velar por el cumplimiento de sus funciones específicas y minimizar los riesgos de extralimitaciones y abusos de poder.

Resulta especialmente necesaria la indagación por parte del periodismo cuando los aparatos de la fuerza que denominamos gobierno pretenden ocultar información bajo los mantos de las siempre pastosas leyes que apuntan a regular medios y la sandez de pretender que se exhiban las fuentes de la información, alegando “seguridad nacional”, “secretos de Estado” o esgrimiendo “traición a la patria” y esperpentos como el “desacato” o las intenciones “destituyentes” por parte de los representantes de la prensa oral y escrita.

Esto viene a cuento porque la plataforma Twitter y otras han decidido eliminar cuentas de algún personaje que a esta altura de este texto no viene al caso especificar para no entrar en otra discusión, aunque lo mencionaremos más abajo. La antedicha decisión ha generado airadas protestas por parte de algunos sectores alegando que se ha vulnerado la libertad de prensa. Nada más lejos de la verdad. Cada medio o plataforma digital decide con su propiedad lo que piensa es mejor sin que nadie pueda torcer por la fuerza su decisión. La libertad de prensa no significa que tal o cual medio o plataforma deba publicar o trasmitir lo que no quiere hacer. Los motivos por los que se procede de una u otra manera es una cuestión que podrá ser criticada por terceros, pero de ningún modo otorgarles la facultad de contradecir la decisión de los dueños. En el extremo, por ejemplo, un medio cualquiera podría establecer que solo publican los de ojos celestes o los que miden más de un metro ochenta, seguramente una norma de esta naturaleza no conducirá al éxito del emprendimiento, pero este es otro asunto. Lo dicho desde luego no significa que pueda incumplirse con lo eventualmente convenido con usuarios.

Si hay quienes no les gusta las normas de ciertos medios pueden establecer otros que compitan y si no cuentan con los suficientes recursos pueden vender parte de su iniciativa a otros y así lograr su objetivo y si nadie acepta aportar fondos para este emprendimiento quiere decir que, dados los siempre escasos factores productivos, hay otras prioridades y como todo no puede encararse simultáneamente, es proyecto en cuestión debe esperar su turno en mercados abiertos. Los monopolios perjudiciales son los legales, lo otro se traduce en el primero en prestar el servicio lo cual es indispensable desde el arco y la flecha para salir del garrote.Por sus dichos alentando la toma del Capitolio, Trump afronta su segundo juicio político en Estados Unidos (REUTERS/Stephen Lam)

Hay líneas editoriales o forma de trasmitir noticias y columnas de opinión que uno puede o no compartir, pero esto es materia de otros debates que en ninguna circunstancia deben interferir con la libertad de prensa. Las resoluciones de los medios y plataformas están en manos de sus titulares, de modo similar a los dueños de casa que deciden quien entra y quien no entra a sus domicilios. Las decisiones pueden no agradar a terceros pero esto es otro asunto de naturaleza bien diferente.

Hacemos un paréntesis para apuntar que lo dicho es equivalente a lo ocurrido con la editorial Simon & Schuster, que decidió abandonar la publicación del libro del Senador republicano Josh Hawley debido a su aliento a los desmanes en el Congreso (dicho se de paso, obra que en su título refleja un absurdo en un mercado abierto: The Tyranny of Big Tech).

Twitter y otras plataformas se han referido a Donald Trump debido al riesgo que estiman los propietarios de acelerar la violencia en Estados Unidos, pero como hemos apuntado cada medio decide lo que hace o deja de hacer con su propiedad y los que no sean confiables por uno u otro motivo no serán consultados. No es del caso enfatizar en los antedichos motivos que esgrimieron los medios en cuestión porque como queda dicho podrían haber sido otros. Tengamos muy en cuenta que según la definición clásica la Justicia implica el “dar a cada uno lo suyo” y lo suyo remite a la propiedad privada a lo que nos hemos referido más arriba al efecto de la decisión de cada dueño de medio o plataforma. De cualquier modo, dada la extensión y la intensidad que ha adquirido el debate, se hace necesario resumir lo que he consignado antes sobre el tema y a los efectos de este debate dejar de lado la confusa, oscura y controvertida Communications Decency Act de 1996, especialmente su sección 230.

No es admisible pretender jugar por reglas compartidas sobre la democracia y cuando los resultados electorales son adversos resulta que se desconocen. Este ha sido el caso luego de la ratificación por parte de los cincuenta estados y luego de haber sido rechazados una y otra vez las demandas por supuestos fraudes en distintas instancias, incluso ante la Corte Suprema de Justicia.

Luego de la bochornosa conversación telefónica de Trump con el Secretario de Estado de Georgia -Brad Raffensperger- oportunidad en la que le sugirió modificar el resultado electoral y luego de los episodios violentos en el Congreso resulta que nada menos que el Presidente de Estados Unidos les dice a los sediciosos que son personas muy especiales y que les tiene gran aprecio. Tuvo que renunciar la Secretaria de Educación -Betsy DeVos- y la Secretaria de Transportes -Elaine Chao- afirmando que Trump fue responsable de instigar a los que irrumpieron por la fuerza en la sede del Parlamento causando enormes destrozos y su ex Jefe de Gabinete John Kelly y el ex Secretario de Defensa Colin Powell propusieran que se lo destituya vía la Enmienda 25, recién entonces decimos es que Trump, tarde y a regañadientes por cierto, reconoció que había terminado su presidencia y manifestó que la transición de mando debía ser ordenada y pacífica. Luego renunció el Secretario de Interior Chad Wolf y el FBI estableció medidas de seguridad para evitar nuevos disturbios.

Peggy Nooman, la colaboradora del Wall Street Journal, de ABC y de NBC News y célebre speechwriter de Ronald Reagan ha escrito que “Al principal responsable, el Presidente de Estados Unidos, hay que desalojarlo del cargo a través de la Enmienda 25 o del juicio político, lo que resulte más rápido.” Debido al escaso tiempo disponible hasta el cambio de mando, es poco probable que puedan completarse en todos los pasos estas decisiones pero las menciono a los efectos de comprobar el clima del momento. De todos modos, Senadores republicanos como Mitt Romney, Patrick Toomey y Lisa Murkoski y miembos de la Cámara Baja como el también republicano Adam Kinzinger han pedido la inmediata renuncia de Trump. Ahora nada menos que el líder republicano en el Senado Mitch McConnell ha dicho que celebra que se le inicie un juicio político a Trump (por segunda vez).

Hasta el Vicepresidente Mike Pence tuvo que absorber el embate de Trump para que anule el recuento formal y final ante ambas Cámaras en el Congreso lo cual rechazó de plano y procedió a la confirmación del Presidente electo Joe Biden luego de ser certificado su triunfo como marcan las normas vigentes.El CEO de Twitter, Jack Dorsey (U.S. Senate Judiciary Committee via REUTERS)

William Webster -ex Juez Federal, ex director del FMI y de la CIA- declara públicamente que está avergonzado de las actitudes de Trump. Y en el orden internacional las condenas no se hicieron esperar, por razones de espacio solo destacamos las declaraciones de Angela Merkel quien enfatizó: “lamento profundamente que el Presidente Trump no haya admitido su derrota”.

Desde la perspectiva económica el balance neto de la gestión de Trump ha resultado en el incremento sideral en el gasto público, el déficit y la deuda externa. Es cierto que ha disminuido algunos impuestos, pero como señalé en otra ocasión, esto me trae a la memoria cuando los conquistadores españoles les entregaban espejitos de colores a los indios para luego imponer las instituciones esclavistas de la mita y el yanaconazgo. Como bien ha apuntado reiteradamente su primer Secretario de Estado -Rex Tillerson, antes CEO de ExxonMobil, la tercer empresa de mayor facturación en el mundo- “Trump no tiene idea del significado del libre comercio y muchas de las cosas que afirma no se condicen con la realidad”.

La xenofobia de Trump se ha puesto de relieve varias veces a partir de los hechos de Charlottesville donde equiparó como “buenas personas” a los que marchaban bajo la insignia de la cruz esvástica y los emblemas de la así denominada “supremacía blanca”.

El Procurador General -William Barr- ha consignado que “el Presidente ha traicionado su cargo” y el ex presidente de la Cámara de Representantes y ex candidato a la Vicepresidencia en la elecciones de 2012 -Paul Rayan- ha declarado que “Es difícil concebir un acto más antidemocrático y anticonservador que una intervención para anular los resultados de las elecciones certificadas por el estado y privar de sus derechos a millones de estadounidenses”.

Es muy cierto que buena parte de los equipos del Partido Demócrata apuntan a intensificar el tamaño ya desbordado del Leviatán pero esto en modo alguno justifica que se pretenda operar bajo ciertas normas para luego vulnerarlas cuando los resultados son adversos como ha sido a todas luces el caso de Donald Trump. No es cuestión de dejarse acuchillar por uno para no ser ametrallado por otros, especialmente cuando se declama sobre la democracia y, como queda dicho, una vez obtenidos los resultados se pretende desconocerlos.

El tema del tamaño del aparato estatal y los graves problemas que causa de modo especial sobre los más vulnerables es otro plano de discusión que debe dirimirse en el intercambio de ideas. En este sentido personalmente me ocupé del asunto en mi libro Estados Unidos contra Estados Unidos que publicó la edición original el Fondo de Cultura Económica, donde destaco los extraordinarios valores establecidos por los Padres Fundadores y como de un tiempo a esta parte se ha ido produciendo un deterioro manifiesto en esos valores. La esperanza radica en la cantidad de instituciones dedicadas al estudio y la difusión de esos principios, lo cual concentra una cantidad creciente de jóvenes que publican y se reúnen en seminarios para estudiar y difundir los principios de la sociedad libre.

Aparentemente han pasado los tiempos del Index Expurgatoris en el que papas pretendían restringir lecturas de libros, pero irrumpen en la escena comisarios que pretenden dictaminar acerca de dominios privados de medios o plataformas, dan manotazos a Internet o, al decir del decimonónico Richard Cobden, establecen exorbitantes “impuestos al conocimiento”.

CATO–Ian Vásquez y Fred McMahon indican que desde 2008 la libertad ha caído para cuatro de cada cinco personas a nivel global, como lo demuestra el recientemente publicado Índice de Libertad Humana 2021.

Desde 2008, la libertad ha caído para cuatro de cada cinco personas a nivel global, como lo demuestra el recientemente publicado Índice de Libertad Humana 2021 (HFI). Y estas son buenas noticias. El reporte, que escribimos en conjunto, está basado en datos de 2019, los datos más recientes y completos disponibles. Los cielos se han oscurecido desde ese entonces. 

El HFI, el índice de libertad más completo que existe, mide las libertades económicas y personales, incluyendo la seguridad y el Estado de Derecho, ambos necesarios para proteger la libertad de todos y permitir que las personas ejerzan de manera segura su libertad.

El declive de la libertad es de gran envergadura. Este afecta a países grandes y pequeños, a las dictaduras y a las democracias, y a todas las regiones del planeta. Las libertades que han caído más son aquellas de expresarse, de religión y de asociación y reunión. Aún así hay algo bueno dentro de estos cielos oscuros. 

Aunque está en declive, la libertad alrededor del mundo es mayor hoy que en cualquier momento en la historia humana antes de fines del siglo 20, cuando la cortina de hierro cayó, liberando a cientos de millones; las dictaduras africanas dieron paso a las elecciones; las jóvenes democracias latinoamericanas empezaron a abrir sus economías; naciones asiáticas como Indonesia y las Filipinas relajaron la represión; y China, el hogar de más mil millones de personas, continuó su liberalización. La mayoría de las naciones que están experimentando un retroceso son hoy más libres de lo que eran hace dos generaciones atrás.

Aún así, gran parte de las buenas noticias son malas. Considere las cinco naciones donde la libertad aumentó más entre 2008 y 2019: Myanmar, Sri Lanka, Tunisia, Etiopía y Armenia. 

Myanmar y Tunisia desde eso han experimentado golpes de estado; los ex-líderes de Sri Lanka, acusados de crímenes de derechos humanos, han vuelto al poder; Etiopía ha caído en una espantosa guerra civil (luego de que su recientemente electo primer ministro Abiy Ahmed hubiera recibido el Premio Nobel de la Paz en 2019), y Armenia perdió una guerra desestabilizadora con Azerbaiyán, que podría tener consecuencias negativas para la libertad en casa. 

La historia es la misma regionalmente. El Cáucaso y Asia Central, Asia del Sur, Asia del Este y África Sub-Sahariana aumentaron su libertad entre 2008 y 2019. Sin embargo, las ganancias en el Cáucaso y Asia Central estuvieron lideradas por avances en la libertad en Georgia donde el presidente que lideró la marcha a favor a la libertad , Mikehil Saakashvili, ahora está bajo arresto en condiciones brutales. 

Muchas naciones del Esta de Asia —Japón, Corea del Sur, Taiwán y Mongolia— tenían niveles de libertad estables o en ascendencia. Pero gran parte de los asiáticos del este viven en China, y el Partido Comunista Chino ha intensificado su represión desde 2019.

En el Sur de Asia —una amplia región incluyendo países como Bangladesh, Bután, India, Paquistán, Nepal y Sri Lanka— solo Bután escapó de una creciente represión desde 2019. África Sub-Sahariana sufre de inestabilidad en el Cuerno de África y, en el Sahel, levantamientos, golpes de estado y cada vez más insurgencias musulmanas. Todo esto perjudicará la libertad de ahora en adelante. 

Para aportar una total transparencia, las naciones de ambos autores, EE.UU. y Canadá, han sufrido pérdidas relativamente pequeñas de libertad, aunque se enfrentan a amenazas en el futuro. El estado está creciendo rápidamente en las dos naciones, reduciendo el espacio para los intercambios libres. La polarización política, particularmente en EE.UU., casi seguro continuará teniendo consecuencias negativas para la libertad.

Las razones para el declive de la libertad varían. En algunos casos, los líderes democráticamente electos son aspirantes a autócratas, amplificando su poder suprimiendo la oposición, la expresión, el derecho de asociación e incluso de culto y de relaciones, como en las Filipinas, Turquía, Hungría, México y Polonia. 

En otras naciones, los líderes autocráticos han intensificado sus ataques a la libertad. Rusia, China, Nicaragua, Egipto y Venezuela van por este camino. 

Una forma maligna de populismo muchas veces constituye el motor. El populismo es un llamado a los intereses del “pueblo”, pero en su peor versión también identifica a los “enemigos” del pueblo —las élites, los ricos, los expertos, la prensa, las minorías raciales y religiosas, las costumbres sociales cambiantes, los inmigrantes y refugiados, y las naciones extranjeras. Estos “enemigos” son utilizados para justificar una represión creciente de tal manera que los líderes puedan “proteger” a las personas y reprimir a sus enemigos.

La pandemia del COVID tampoco ha ayudado. Desde 2019, los gobiernos alrededor del mundo han recurrido a medidas extraordinarias para abordar la crisis de salud, muchas veces utilizándolas para violar libertades básicas como la libertad de expresión y reunión. 

Esperamos que el Índice de Libertad Humana nos ayude a entender mejor estas y otras tendencias, sus causas, y las condiciones bajo las cuales la libertad surge y retrocede. Esa tarea es especialmente importante porque la libertad está estrechamente relacionada con todo tipo de mejoras en el bienestar humano. 

La libertad varía con el tiempo. Su actual retroceso no tiene que volverse permanente o duradero si su valor inherente y sus beneficios son mejor apreciados de manera más amplia. Si el pasado nos sirve de guía, el deseo humano de libertad y el fracaso de la represión en generar mejores vidas y su agresión, muchas veces auto-destructiva, puede ayudar a revertir el retroceso actual. Una medida confiable de la libertad podría ayudar a acelerar ese proceso.

Este artículo fue publicado originalmente en Real Clear Policy (EE.UU.) el 4 de febrero de 2022.

LA NACIÓN Es común que cuando alguien se enfrenta con una persona que dice cosas que se estiman disparatadas o actúa de modo que se considera irracional se concluya que está “enferma mentalmente”. Lo primero es comprender que los humanos no somos solo kilos de protoplasma, tenemos mente, psique o estados de conciencia (tres sinónimos). De lo contrario, si fuéramos solo carne y hueso, nuestras acciones y dichos estarían determinados por los nexos causales inherentes a la referida materia y, por tanto, no habría ideas autogeneradas, no habría posibilidad de revisar nuestros juicios, no habría tal cosa como responsabilidad individual, ni proposiciones verdaderas o falsas, ni moral, ni libre albedrío. En este contexto la libertad sería mera ficción.

Entre otros, autores como el filósofo de la ciencia Karl Popper y el premio Nobel en Neurofisiología John Eccles escribieron un libro en coautoría con el sugestivo y muy descriptivo título de El yo y su cerebro, donde desarrollan este punto. Lo dicho desde luego no significa que no existan problemas químicos en el cerebro y a través de neurotransmisores y sinapsis u otros padecimientos, pero la mente no puede estar enferma. Como es sabido, desde la perspectiva de la patología una enfermedad consiste en la lesión de células, cuerpos o tejidos, lo inmaterial no puede enfermar. La persona puede estar equivocada, contraria a la lógica, preocupada, angustiada, con enojo o alegría, perturbada, desordenada, con malicia o bondad, etcétera; pero la enfermedad es otra situación de naturaleza bien distinta. Un aspecto crucial hoy controvertido en el que la esquizofrenia se inicia en la materia.

Queda patente que el asunto que tenemos entre manos hace a los fundamentos mismos de la sociedad libre. Popper ha bautizado como “determinismo físico” el supuesto de que el ser humano en verdad no elige, decide y prefiere, es decir, no actúa. Así escribe: “Si nuestras opiniones son resultado distinto del libre juicio de la razón o de la estimación de las razones y de los pros y contras, entonces nuestras opiniones no merecen ser tenidas en cuenta”.

Si no se aceptara la condición humana de la libre decisión, todas las demás elucubraciones en ciencias sociales carecerían de sentido, puesto que las bases de sustentación desaparecerían y no existiría acción humana sobre la base de motivos, sino mera reacción como en las ciencias naturales. En este sentido, el premio Nobel en Física Max Planck afirma: “Se trataría de una degradación inconcebible que los seres humanos, incluyendo los casos más elevados de mentalidad y ética, fueran considerados como autómatas inanimados”.

En la obra citada, Szasz subraya las inconsistencias de una parte de las neurociencias al pretender que con mapeos del cerebro se podrán leer sentimientos y pensamientos, pero “el cerebro es un órgano corporal y parte del discurso médico. La mente es un atributo personal parte de otro discurso […] equivocadamente se usan los términos mente y cerebro como se utilizan doce y una docena”. Es sabido que todo lo material de nuestro cuerpo cambia permanentemente con el tiempo y, sin embargo, mantenemos el sentido de identidad (a menos que se haya padecido una enfermedad o accidente que lesione partes vitales del cerebro que no permitan la interconexión mente-cuerpo).

Aparece una gran paradoja que, entre otros, expresa George Gilder en The Future of the Economy en cuanto a que los procesos productivos de nuestra época se caracterizan por atribuirle menor importancia relativa a la materia y un mayor peso al conocimiento y, sin embargo, irrumpe con fuerza el materialismo filosófico.

Autores como Howard Robinson, John Foster, Richard Swinburne y Thomas Reid concretan su perspectiva mostrando que sus estudios se refieren a dos planos de una misma realidad humana. Una, la física o la material, y la otra, la mental o los estados de conciencia. Robinson resume este ángulo de análisis: “Lo físico es público en el sentido de que en principio cualquier estado físico es accesible (susceptible de percibirse, de conocerse) para cualquier persona normal […] Los estados de conciencia son diferentes porque el sujeto a quien pertenecen –y solo ese sujeto– tiene un acceso privilegiado a eso”, lo cual no quiere decir que todo lo del campo de la física pueda tocarse o, en su caso, ni siquiera verse, como los campos gravitatorios, las ondas electromagnéticas y las partículas subatómicas.

En otras oportunidades nos hemos referido a la pretensión del matemático Alan Turing de asimilar los ordenadores al ser humano, lo cual fue refutado por el filósofo John Searle vía el énfasis en el libre albedrío.

Finalmente, Pierre Lecomte Du Noüy –doctor en ciencias y en filosofía, en ambos casos por La Sorbonne– en El provenir del espíritu resume la trascendencia de la condición humana al escribir: “La negación del libre albedrío, la negación de la responsabilidad, la concepción del individuo como unidad puramente físico-química, asimilado a un fragmento de materia […] implica necesariamente la muerte del hombre moral, la supresión de toda espiritualidad”, y cifra sus esperanzas en que se abra paso cada vez con mayor énfasis en la dimensión que hace a la esencia de la dignidad del hombre. En resumen, en este contexto evitar los estragos de la ciénaga.

EL ECONOMISTA Hace pocos días, el 10 de noviembre pasado, una interesante nota de Corey DeAngelis, en el Wall Street Journal, titulada “La ola electoral de elección de escuelas”, resaltó un evento que, frente al fracaso republicano por lograr la mayoría en ambas cámaras del Congreso al no haber atraído a la ola de votantes esperados en estados claves, pudo haber pasado desapercibido y es de gran relevancia para el proceso electoral que está dando comienzo en nuestro país, pues el masivo triunfo electoral de los candidatos apoyados por organizaciones de padres que apoyan su derecho a decidir sobre la escolaridad de sus hijos, independientemente de sus realidades económicas, constituye una nueva realidad, imposible de negar.

Veamos los hechos. Sin dudas, el gobernador de Florida y potencial pre-andidato presidencial republicano, Ron DeSantis, fue el gran ganador de la elección y también la mayor victoria para las organizaciones de padres. 

Ya en la elección de 2018 había alcanzado un triunfo por pocos puntos gracias al apoyo, en palabras de William Mattox, del Instituto James Madison, “de las mujeres de las minorías”, las cuales demandaban programas que les permitiesen la elección de escuelas para sus hijos. En la actual elección, DeSantis ganó por más de 19 puntos. 

Sin duda, un factor determinante fue que alrededor del 75% de los estudiantes de la ciudad de Miami están inscriptos en programas que les permiten, con el apoyo estatal, la elección de escuelas y el candidato demócrata, Charlie Crist, apostó por el monopolio de las escuelas públicas al designar como su compañero de fórmula al presidente del Sindicato de Maestros del condado de Miami Dade quien, como es fácil intuir, se opone férreamente a cualquier concepto de libertad educativa, frente a la pérdida de poder que representaría para el sindicato.

Por cierto, a nivel nacional la evidencia fue contundente, alrededor del 75% de los candidatos apoyados por la American Federation for Children, una de las organizaciones más influyentes en defensa de la libertad educativa, triunfaron en la elección. Varios de ellos, como los gobernadores Kim Reynolds de Iowa, Chris Sununu de New Hampshire, Kevin Stitt de Oklahoma, Bill Lee de Tennessee y Greg Abbott de Texas, hicieron de la libertad para elegir escuelas un punto central de su campaña. 

Como muestra basta un botón, un periódico de Oklahoma reportó que el candidato demócrata Joy Hofmeister “hizo de la oposición a los vouchers escolares una parte central de su campaña.” Por su parte, Ryan Walters, elegido superintendente de instrucción pública de Oklahoma por más de 13 puntos, señaló, luego de su triunfo, que “vamos a hacer más que cualquier otro estado del país para empoderar a los padres.” 

Como era de esperarse, algunos pragmáticos candidatos democrátas percibieron la punta del iceberg que se acercaba en la victoria, en Virginia en 2021, del gobernador Glenn Youngkin. En virtud de ello, Josh Shapiro de Pensilvania y el gobernador J. B. Pritzker de Illinois se decidieron a respaldar la posibilidad de elección de escuelas menos de dos meses antes de la elección y salieron victoriosos. 

Es más, la gobernadora Kathy Hochul de Nueva York también ganó después de que apoyó públicamente, por primera vez, la eliminación del límite a las escuelas chárter de la ciudad de Nueva York.

Como bien señaló DeSantis, luego de comenzar a conocerse los resultados en la noche del martes 8, está claro, aún para los futuros candidatos demócratas, que se ha vuelto políticamente rentable apoyar la libertad educativa. Los padres se han despertado y el Covid-19, sin dudas, es responsable de ello, dada la masiva oposición del sindicato docente, al igual que en nuestro país, a la reapertura de las escuelas.

La ola roja de votos republicanos que se presagiaba no se produjo, pero se produjo otra ola, la cual puede convertirse en un tsunami frente a la próxima elección presidencial, pues tanto Trump, como su potencial contrincante para la postulación republicana, el mencionado DeSantis, apoyan explícitamente el derecho de los padres a elegir el tipo de escolaridad que es más adecuada para sus hijos, lo cual, por cierto, ha sido uno de los pocos méritos de Trump durante su gestión anterior.

¿Y por casa cómo andamos? Frente al proceso electoral que está dando inicio, ¿se darán cuenta los potenciales candidatos del caudal de votos a disposición de quienes defiendan algo tan simple y razonable como el favorecer la igualdad de oportunidades, permitiendo a los padres elegir la escuela a la que concurran sus hijos, ya sea pública o de gestión privada, laica o religiosa, según los gustos y aptitudes de los chicos y jóvenes, y los valores familiares? 

La pandemia despertó a los padres. Sin el incansable accionar de las organizaciones de madres la irracionalidad de mantener los colegios cerrados hubiese durado mucho mas tiempo. 

Hoy esos mismos padres se podrían convertir en importantes actores del proceso electoral que se avecina. Me atrevo a predecir que el derecho de los padres para decidir qué es lo mejor para sus hijos será un tema central de la campaña electoral, frente al desaprensivo accionar de los sindicatos docentes durante la pandemia y los habituales paros que forman parte de nuestro folklore educativo, y que afectan mucho más a aquellos niños y jóvenes de las familias más desfavorecidas económicamente y, por ende, más necesitadas del apoyo del Estado. 

La ola ya está lanzada y, para quien este escribe, se podría convertir en un tsunami, y no tan sólo en EE.UU. sino también en nuestro país. Ojalá así sea en favor de una mayor igualdad de oportunidades, de la que mucho se habla, pero nada se hace.

LA NACION Varias concesiones contratadas durante la gestión del presidente Carlos Menem están cerca de completar el plazo por el que fueron otorgadas. Es el caso de siete presas hidroeléctricas del sur del país concesionadas por 30 años. Este años corresponderá la terminación de El Chocón/Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Aguila, en Neuquén, y Alicurá, ubicada entre Neuquén y Río Negro. En 2025 finalizarán las concesiones de Futaleufú, en Chubut, y Cabra Corral y El Tunal, en Salta. En todos estos casos se concesionaron obras ya construidas, quedando a cargo de los concesionarios el mantenimiento, la operación y en algunos casos la realización de mejoras. El conjunto de estas centrales alcanza una potencia de 4170 MW que hoy significa un 11% del total del país, pero aumenta a un 31% si solo se incluye la generación limpia.

Estas presas, además de construcciones civiles, contienen importantes elementos electromecánicos. Una parte de ellos está cerca del fin de su vida útil y requerirá inversiones en los próximos años. En el caso de El Chocón, la antigüedad es de 50 años. En el futuro las inversiones serán necesariamente mayores que las requeridas durante los primeros 30 años de concesión.

El senador ultrakirchnerista Oscar Parrilli, acompañado por los senadores del Frente de Todos por Neuquén, Chubut y Río Negro, presentó un proyecto de ley que establece que, finalizados los plazos de concesión, la administración y operación pase a Energía Argentina SA (Enarsa), con participación de las provincias en las que están ubicados los aprovechamientos. Los considerandos del proyecto de ley reflejan el desvarío y la orientación ideológica que mueve la iniciativa. Se alega con tono condenatorio que, durante los 30 años de operación privada, disminuyó la participación de la hidroelectricidad en la matriz energética. No se dice que los concesionarios recibieron centrales en operación, en las que no podía ser significativo un aumento de la potencia ofrecida. También se desconoce que el potencial hidroeléctrico está ya explotado en una gran proporción y que restan aprovechamientos de menor rentabilidad o compartidos con países vecinos. La reducción del porcentaje de generación hidroeléctrica no ha dependido de los concesionarios.

Enarsa es una sociedad anónima estatal en la que el 98% del capital pertenece al gobierno nacional y el resto a algunos gobiernos provinciales. Su principal actividad es la importación de gas natural licuado (GNL) que, debido al retraso tarifario local, le produce enormes pérdidas compensadas con subsidios. Tiene a su cargo también la administración de varias obras. Entre ellas, el gasoducto desde Vaca Muerta, el gasoducto hacia el Nordeste y las dos represas sobre el río Santa Cruz.

Esta empresa no tiene la capacidad ni la eficiencia para operar las concesiones que el proyecto oficial le adjudicarían. Aun cuando se corrigieran las estructuras tarifarias, tendría la dificultad de cubrir financieramente las inversiones requeridas.

Debe descartarse de plano, por consiguiente, ese disparatado proyecto de ley. Sería más conveniente que, en la etapa que se inicie tras las elecciones nacionales, se creen condiciones para convocar al capital privado en estas actividades. Será imprescindible recomponer las tarifas para que cubran costos de eficiencia más la recuperación de las inversiones. Mientras no pueda corregirse la inflación, será necesaria la aplicación de fórmulas de ajuste y deberá darse plena seguridad jurídica en un marco de exigentes reglas de cumplimiento por parte de los concesionarios.

Si aspiramos a vivir en un país distinto, no debemos volver atrás ni tropezar con la misma piedra.

LA NACIÓNEl Gobierno estableció a fines de 2022 la obligatoriedad para los empleadores del sector privado de pagar un bono a los trabajadores, con un efecto heterogéneo y en un marco singular. La exigencia le fue impuesta a las empresas más vulnerables, las pymes, afectando así a los empleadores de menores recursos. La decisión fue arbitraria y discriminatoria y podría tener réplicas en el contexto de un año electoral.

El Poder Ejecutivo ordenó hacer ese pago sin contar con facultades legales ni constitucionales para hacerlo. Además, le dio carácter no remunerativo, en contra de lo dicho por la Corte Suprema y del fuero laboral: de hecho, la Justicia ya sostuvo que estas prestaciones son nulas e inviables. Y la medida sustituyó en forma inequitativa las atribuciones de los sindicatos y las empresas en la negociación colectiva, comprometiendo al Congreso para que ratifique una norma por demás cuestionable.

Este primer análisis se complementa con el hecho de que las pequeñas y medianas empresas de distintos sectores no han podido pagar el bono, y que se están solicitando cuotas y diferimientos. En las empresas medianas y grandes son muy pocos los trabajadores que reciben este extra, dado el techo o tope salarial establecido por la misma normativa.

En concreto, el decreto 841/2022, que es de necesidad y urgencia –como si por este medio pudiera transgredir las normas de rango superior– dispuso el pago único y obligatorio, en el ámbito privado, de la suma de $24.000 no remunerativa para quienes tengan una remuneración neta inferior a $161,859 (devengada en diciembre de 2022). Para quienes cobran hasta $185.849 se dispuso, en tanto, el pago de un importe tal que se complete esa cifra.

Se estableció también que los pagos debían hacerse en forma proporcional a la jornada de trabajo, correspondiendo la cifra completa para quienes trabajan 8 horas diarias y hasta 48 horas semanales. En cuanto al plazo para pagarlo, se fijó que sería en diciembre de 2022.

El bono es una suma no remunerativa, a pesar de que es unánime la jurisprudencia en el sentido de que el Poder Ejecutivo no tiene atribuciones para calificar la naturaleza jurídica de la prestación en forma contraria a la Ley de Contrato de Trabajo. Eso la transforma automáticamente en una suma contingente, y con riesgos de que un reclamo judicial califique de inconstitucional y active las multas de las leyes 24.013 y 25.323. En el fallo “González M.N. c/Polimat” de mayo de 2010, la Corte Suprema invalidó los decretos dictados por el expresidente Néstor Kirchner sobre sumas no remunerativas.

En cuanto a las atribuciones del Poder Ejecutivo para imponer un aumento o ajuste de salarios, hoy no las tiene. Ni siquiera podría haberse dispuesto por vía de un decreto reglamentario de la Ley de Contrato de Trabajo; sería inválido por ser una excepción reglamentaria que modifica el espíritu de la ley, como lo expresa el artículo 99 inciso 2 de la Constitución.

Por ende, el pago es impugnable, ya que el Ejecutivo se arrogó facultades que son propias de los sindicatos y los empleadores a través de los convenios colectivos, o por medio de los resortes legales o, a todo evento, son atribuciones del empleador en el contexto del riesgo de cada empresa (Paul Durand).

El decreto es inconstitucional y viola reglas básicas. Afecta el derecho a trabajar y al ejercicio de toda industria lícita (artículo 14 de la Constitución); viola en forma directa las atribuciones de la normativa sobre el Salario Mínimo Vital y Móvil y sobre negociación colectiva, en la cual intervienen los sindicatos, las empresas y el Ministerio de Trabajo de la Nación (artículo 14 bis); altera el principio de igualdad (artículo 16); compromete el derecho de propiedad (artículo 17), y coloca en tensión las atribuciones del artículo 99 sobre el dictado de un DNU sobre un tema respecto del cual no existen atribuciones delegadas.

Estamos en presencia de una nueva iniciativa contingente, que afecta la competitividad de las empresas; castiga a las microempresas y a las organizaciones más vulnerables; no soluciona el problema que pretende resolver; es selectiva y discriminatoria, y complica y distorsiona los costos de la economía en su conjunto, en momentos en que habría que ponderar el salario basado en la productividad, como una herramienta eficaz para luchar contra la inflación.

La Fundación Libertad y Progreso fue distinguida por la Revista Forbes como uno de los Think Tanks con mayor presencia en redes sociales de Latinoamérica.

Alejandro Chafuen, Presidente de Atlas Network entre 2010 y 2018 y autor del ranking de think tanks por el libre mercado con impacto en redes sociales, destacó que la Fundación Libertad y Progreso “consolidó su liderazgo en Youtube”, siendo el segundo en cantidad de suscriptores y vistas fuera de los Estados Unidos en el 2021.

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CATO– Carlos Rodríguez Braun señala las razones por las cuales algunas mujeres que hacen opinión consideran que el feminismo supuestamente progresista de Irene Montero realmente terminaría socavando la igualdad ante la ley y las oportunidades para las mujeres.

Viva la liberación femenina. Es posible que las españolas se liberen de Irene Montero, igual que, gracias a las mujeres de Madrid, empezando por Isabel Díaz Ayuso, se liberaron de Paulita Naródnika. En efecto, la reina del populismo vernáculo, fundadora y lideresa de Podemos, fue expulsada de la política el 4 de mayo de 2021. Hoy vivaquea en tertulias y saraos progresistas; sigue solemne y aleccionadora, pero es menos dañina para las trabajadoras que cuando compartía Moncloa con Pedro Sánchez.

A propósito de la legislación y la salud menstrual, varias mujeres le han dicho, una vez más, a doña Irene Montero que las deje en paz. Solo mencionaré a cuatro.

En nuestro periódico, Carmen Lomana diagnosticó que cuando a la ministra se le ocurre una idea siempre ataca “la economía y la dignidad de las mujeres”. Es verdad, no solo porque las obligará a pagar el mayor gasto público, sino porque puede “cerrar puertas y perjudicar sus carreras profesionales”.

También en La Razón, Marta Robles trazó una línea similar, y apuntó que la supuestamente benéfica iniciativa oficial puede “señalarnos y desigualarnos y no lo contrario”; y afirmó: “no necesitamos que Irene Montero nos ‘mime’ más por ser mujeres”.

En El Mundo, Emilia Landaluce denunció el truco político: “La baja por menstruación que tanto furor ha despertado estos días no es otra cosa que el cadáver de Franco en el Valle de los Caídos”. El tema está incluido en la legislación, pero le sirve al poder como monigote o espantajo para distraer a la gente.

Maite Rico, también en El Mundo, tituló su artículo: “Ser mujer es un asco”, y le dedicó a la señora ministra una memorable crítica intelectual. Con pericia desmontó el principal argumento del feminismo pretendidamente progresista, que en realidad “no es caminar en igualdad”, porque, al pretender imponer la igualdad mediante la coerción política y legislativa, quebranta la libertad y la dignidad de las mujeres. Con ese feminismo, sentencia Rico, “nunca ser mujer fue tan difícil”.

Tras toda clase de obstáculos erigidos por los poderosos, llega la menstruación, equiparada con una enfermedad inhabilitante. Y Maite Rico concluye, devastadora: “Cuánto mejor estaríamos si pudiéramos emular a las burguesas que pasaban sus días leyendo, bordando y cuidando los rosales. Tú llevas más camino recorrido: gracias a un hombre tienes jardín, niñeras y pensión vitalicia. Eres nuestro faro”.

Este artículo fue publicado originalmente en La Razón (España) el 28 de mayo de 2022.

INFOBAE Los liberales impulsamos buenas ideas, sin someternos a líderes o mitos. La libertad y habilidades individuales conectan nuestra mirada. Las propuestas que objeto fueron sustentadas nada menos que por los premios Nobel Milton Friedman y Frederick Hayek.

Karl Popper, importantísimo filósofo de la ciencia, estableció que una teoría científica nunca puede ser probada; sólo puede ser aceptada en tanto no sea refutada en observaciones veraces.

Por otro lado, para el ilustre economista Francis Edgeworth los individuos inciden bajo dos estilos, dependiendo de si actúan con o sin la conformidad de otros afectados por sus acciones. El primero puede denominarse convenio, el segundo conflicto.

Por su parte, John Commons, principal exponente de la Economía Institucional norteamericana y, mucho más tarde, el premio Nobel Oliver Williamson, proclaman que la transacción- la transferencia de propiedad por cualquier motivo- debe ser la base del análisis económico. En amplio contraste con la economía neoclásica, cuyas unidades de análisis son cantidades de bienes y actos individuales, al suponer la armonía de intereses. Cuando, de verdad, prevalecen los conflictos.

Commons también difiere con Karl Marx, observando que los individuos superan conflictos descubriendo las insuficiencias respectivas y la necesidad de ordenarse. Sostiene: “Toda institución es una acción colectiva que controla y expande la acción individual”. La cooperación resulta, en última instancia, no de la armonía de los neoclásicos, si no de acciones deliberadas coordinando los convenios posibles.

Commons destaca la importancia de los actos conjuntos, con todas sus variantes. Y plantea que la transacción reúne tres elementos: 1) Conflicto o desorden, situación incompatible en que distintos agentes intentan algo al que otros se oponen; 2) Ventajas compartidas de negociar derechos, especializando las tareas; y 3) Orden o concierto, medida o grado en que se concretan los negocios en la forma prevista.

Propuestas locales que son objetables

Suprimir el BCRA. Se trata de una institución útil que debiera velar por el valor de la moneda y la seguridad del crédito. Todos los bancos comerciales mantienen depósitos en un ente monetario central, a modo de reserva para los depositantes, que permiten agilizar las transferencias.

No obstante, en la Argentina recién a partir de 1936 se creó el BCRA, en ese entonces se trataba de una entidad mixta, con participación estatal y privada. En 1946 fue estatizada con el objeto declarado de “promover el desarrollo económico”.

Milton Friedman, en su monumental Historia Monetaria de los EEUU y clases en la Universidad de Chicago, sostenía que “el actuar de la Reserva Federal (Fed), el banco central de los EEUU, agravó la Gran Depresión de 1930”

Milton Friedman, en su monumental Historia Monetaria de los EEUU y clases en la Universidad de Chicago, sostenía que el actuar de la Reserva Federal (Fed), el banco central de los EEUU, agravó la Gran Depresión de 1930. Hubiera preferido que la Fed no existiera.

Infinidad de autores se quejan de los errores cometidos con la emisión excesiva de dinero. No obstante, la mayoría de los países mantienen bancos centrales que cumplen funciones relevantes, y los países prósperos registran niveles de crédito global crecientes respecto del PBI, asentados en reglas estables, expansivas de la transparencia y responsabilidad ante la ciudadanía.

Reemplazar al peso de curso legal por la competencia de monedas. La propuesta de Frederick Hayek era que “cada persona elija y mantenga la moneda que prefiera”, olvidando que la unidad de cuenta es el lenguaje de las transacciones. Mientras el idioma es una institución que se afirma con el uso, pues no es conflictiva, la unidad de valor es altamente conflictiva. A los acreedores les conviene fortalecerla, a los deudores devaluarla. Por eso, la tenencia de distintas monedas trabaría los negocios.

Sin embargo, la competencia se da entre monedas de distintos países, mediante la institución de mercados de divisas dispuestos a pagar el costo. Condición que no se da en mercados de sustancias altamente estandarizables: petróleo, productos agrícolas y otros. En la Argentina también los inmuebles para los propietarios.

Según FMI, el dólar estadounidense es el más demandado en las reservas internacionales de los países, con 6,4 billones, segundo el euro, 2,1 billones. Las demás monedas no son tan relevantes en la formación de los activos externos de los país.

La banca Simmons, es un sistema que intenta evitar el impacto negativo de las corridas bancarias. En apretada síntesis, consiste en prohibir financiar préstamos bancarios con los depósitos a la vista, imponiendo exigencias de encajes del 100% de los depósitos. En su tiempo, los profesores de la Universidad de Chicago, con Milton Friedman a la cabeza, la recomendaban para estabilizar la oferta monetaria.

¿Cuál es la dificultad? Si los bancos no pudieran prestar lo captado por los depósitos, ese monto iría al emisor a través de encajes. La relación préstamos/depósitos se mantendría constante, independiente de las sumas de las colocaciones del público y empresas. Entonces alguna entidad fuera del sistema debiera ajustar el uso de los fondos para equilibrar las cuentas. Un remedio posible para unos; a cargo de quienes no se benefician de la norma. Aparte, los depositantes debieran pagar al banco los servicios prestados, en lugar de un negocio compartido entre depositantes y prestamistas, otra imposición tan significativa como el costo del servicio.

Estos tres ejemplos confirman que las propuestas de los nuevos políticos deben ser consistentes con las instituciones vigentes. Las libertades también están sujetas a restricciones institucionales.

Creo que el error en las tres iniciativas es desconocer las miradas de Popper y Commons. Las transacciones, como todo intercambio comunicacional, requieren de una referencia estable. La moneda cumple ese rol en tanto su identidad y valor sean previsibles. Alguna institución confiable debiera ser responsable frente a los usuarios.

PERFILSe conocieron los datos de desempleo del tercer trimestre y trajeron una buena noticia. A pesar de que la gente que quiere trabajar aumentó, la creación de empleo fue más fuerte de lo esperado; por lo que la desocupación bajó a 6,6%. También trajo una mala noticia, una parte menor de esos nuevos puestos fueron asalariados formales en el sector privado. Sin embargo, esto no es una sorpresa, sino una realidad que prima en Argentina desde hace décadas. La proporción de ocupados en relación de dependencia en el sector privado viene bajando perseverantemente respecto al total.

Hoy tenemos una legislación laboral que sobreprotege al que tiene un puesto en relación de dependencia en el sector privado y le da poder y “caja” a los gremios, con el costo de excluir de una ocupación de esas características a la ma-yoría de los trabajadores argentinos. Esto es sumamente injusto. Incluso para quien tiene la mala suerte de perder su puesto en relación de dependencia; ya que le va a costar mucho conseguir uno de similares condiciones. En los países serios, hay legislaciones laborales que realmente protegen los derechos de los trabajadores; pero sin generar una barrera infranqueable para el despido o alta posibilidad de litigios laborales. Lo que logran es incentivar la creación de puestos de trabajo en re-lación de dependencia en el sector privado; por lo que se generan muchos más de los que se extinguen. Entonces, si alguien lo pierde o ingresa en el mercado laboral, siempre puede conseguir un empleo de esas características. Acá, por el contrario, ante la enorme dificultad de encontrar un puesto asalariado en el sector privado, se termina desocupado, en la informalidad, como independiente en blanco o con un seguro de desempleo disfrazado de trabajo en el sector público, que no le es útil a la sociedad.

Un dato a tener en cuenta, por las cosas que se escuchan en los medios, es que la reforma laboral no afecta los derechos adquiridos de los trabajadores. Sí, modifican las condiciones desde su promulgación en adelante. Por ejemplo, no cambia la indemnización que tiene el empleado hasta hoy; aunque sí lo hace para el futuro, clarificando los términos para que haya menos motivos de litigios judiciales. También, se instaura un fondo de cese laboral obligatorio que implicará un ahorro que hará el empleador para tener más posibilidades de contar con los recursos para enfrentar una eventual indemnización. Este instrumento le dará más garantía de cobro al empleado cesanteado y no tiene costo adicional para la empresa; ya que el aporte mensual se descuenta de las contribuciones patronales.

En realidad, la reforma aumenta los derechos de los trabajadores a costa de la “caja” de los sindicalistas. No será más obligatorio que el empleador le descuente al trabajador la cuota que va al sindicato; ya que éste deberá acceder a dicha detracción. Incluso, hoy esa retención obligatoria incluye a aquellos que ni siquiera son afiliados al gremio.

¿A alguien se le puede ocurrir que unos cuantos empresarios y sindicalistas reunidos en CABA pueden fijar las condiciones de trabajo para empresas PyMes y grandes, desde La Quiaca hasta Ushuaia? Es lo que pasa hoy. Por supuesto, luego, muchas PyMes a lo largo del país terminan acordando condiciones distintas con sus empleados; lo que no es legal. Pues, luego de la reforma, de mutuo acuerdo, los trabajadores y empleadores podrán decidir negociar acuerdos distintos a nivel de empresa, sector, por tamaño o región que sean distintos a las condiciones pactadas a nivel superior y serán las que primarán. Nadie conoce mejor que los empleados y sus dueños cuál es la forma en que esa empresa funcionará mejor, generando mayores salarios y ganancias.

Hay que avanzar en la reforma laboral para tener una normativa donde se respeten los derechos y que sea inclusiva de todos los trabajadores del país. Una donde no sean rehenes de sindicalistas ricos que priorizan la “caja” y el poder a costa de gremios y afiliados empobrecidos.