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Por Carlos Alberto Montaner, Consejero Académico de LyP – No creo que Ucrania pueda entrar en la OTAN. Es triste, pero es así. El idiota de Putin se lo impide. ¿Por qué “idiota”? Es una palabra muy fuerte. “Idiota”, porque el ex agente del KGB está encadenado a una percepción geopolítica anterior a la aviación supersónica y a la cohetería. Su visión es de cuando el mundo se dividía en zonas de influencia y tenía sentido rodear a las naciones de una coraza aparentemente impenetrable. Hoy la cohetería supersónica y las armas nucleares, a lo que se agrega el comercio internacional (por aquello de las “sanciones”) transforman en obsoleta la vieja visión de las relaciones internacionales.

La Primera y la Segunda guerra mundiales (la Segunda guerra fue una simple deriva de la Primera), fueron objeto de la misma visión equivocada, pero ya no hay derecho a errar. Al fin y al cabo, la aviación estaba en pañales en 1914 cuando asesinaron al archiduque Fernando, el heredero del imperio austro-húngaro, y a su mujer Sofía Chotek en Sarajevo, oscuro comienzo del conflicto que se saldó con 50 millones de muertos, tres imperios desmantelados –el austro-alemán, el ruso y el turco-, y un cuarto, el británico, se fue desvaneciendo lentamente. 

¿Qué le queda a Ucrania por hacer si no puede entrar en la OTAN? Fabricar armas atómicas, como ha hecho Corea del Norte. Donald Trump no le perdonó la vida a Kim Jong-un por simpatía, sino porque no quiso correr el riesgo remoto de que un bombazo cayera en Nueva York, San Francisco, Chicago o Miami.  Si Ucrania hubiera tenido armas nucleares, otro gallo cantaría, como tuvo hasta la década de los noventa del siglo pasado. 

En ese momento se las devolvió a Moscú por medio de un acuerdo del que fueron garantes el Reino Unido y USA. Putin no se habría atrevido a arriesgar Moscú o San Petersburgo por la mala idea de invadir Ucrania. Se olvida que Ucrania era el tercer país del planeta con mayor número de ojivas nucleares: 1,900. Si hubiese conservado sólo una docena el panorama sería diferente. Por supuesto, que tras generar esa devastación Ucrania quedaría absolutamente destruida, pero Rusia también estuviera muy afectada.  

No sé como los “think-tanks” rusos no advierten que la OTAN es un club donde se prohíbe la “proliferación de armas nucleares”. Los que las tienen (USA, Inglaterra y Francia) no tienen interés en que otros países las posean. Si yo fuera consejero de Putin le diría que Ucrania está mejor dentro de la OTAN que fuera de ella. Lo mismo que sucede con las naciones que constituían la coraza que supuestamente protegía a la URSS: Polonia, Chequia, Eslovaquia (Checoslovaquia), Rumanía, Bulgaria y los tres países bálticos, todos intelectual y económicamente capaces de fabricar armamento nuclear.

Doy por sentado que Vladimir Putin no quiere volver a la etapa colectivista de Rusia. Supongo que, en realidad, ha renunciado al marxismo. Recuerdo que en los noventa se utilizaba la metáfora de la “pecera” y “la sopa de pescado” para afirmar que era muy difícil regresar a la etapa capitalista. También recuerdo la cola de menesterosos, casi todos ancianos, con una botella de vodka en las manos, tratando de venderla; o el hecho de que los “Uber”, sin app, fueron inventados en las ciudades rusas, donde bastaba detener un vehículo y contratarlo para que te llevaran a algún sitio por un precio muy módico. 

De alguna manera continúa vigente la metáfora de la “pecera” y la “sopa de pescado”. Casi nadie quiere volver al colectivismo. En efecto, fue muy difícil devolverle a la sociedad y al mercado la facultad de producir, con las inevitables diferencias que se generan, y el hecho de que, efectivamente, hay perdedores y ganadores en el modelo capitalista de producción. Esto tiene que ver con el carácter del emprendedor, con los estudios, con la familia que se tiene, con los contactos, con los valores, con la moneda en que realizan las transacciones, hasta con la suerte,  y con el resto de los factores que intervienen en los resultados. A veces son tan injustos como la apariencia, incluida la raza, las preferencias sexuales, el género a que se pertenece y el peso y el tamaño del agente económico. No obstante, el colectivismo es cien veces peor y la gente está dispuesta a matar o dejarse matar para no involucionar en esa dirección. 

Cuando visitaba Moscú escuché muchas veces que “hay que quitarle a Rusia el peso de la URSS”. Me pareció una consigna muy inteligente. Ni USA, ni el resto del “mundo libre”, y es igual lo que eso signifique, tienen otro peso que el de la propia “calidad social” con que cuentan, lo que significa que millones de personas intentan ingresar en esos países a como dé lugar. ¿Cuándo va a descubrir Putin que matando chechenos, abjasios o ucranianos no va a construir ni reconstruir nada, salvo su propio fracaso? Sólo por eso merece el calificativo de idiota.  

REPORTAJE DE NICOLÁS MARQUEZ AL DR. BENEGAS LYNCH explica su definición del liberalismo y los beneficios para la sociedad de esta filosofía.

INFOBAE Siempre me ha interesado indagar en la genealogía de las ideas de grandes pensadores. Juan de Mariana fue influido por Francisco de Borja y éste de Gaspar Lax, Adam Smith proviene de Francis Hutchinson y este de Gershom Carmichael, Ludwig von Mises de Carl Menger y éste de Franz Brentano y así sucesivamente con los grandes maestros. No es cuestión de remontarse a Adán y Eva pero el recorrido intelectual de precursores de la sociedad abierta (para recurrir a terminología popperiana) resulta de gran provecho.

Escribe Juan González Calderón que “Rosas no consintió nunca en que lo estipulado en el Pacto Federal se cumpliera, y mantuvo al país bajo su despotismo durante veinte años” (en El general Urquiza y la organización nacional). Reasumió en 1835 con facultades extraordinarias y gobernó el país hasta 1852 bajo un régimen de terror en un sistema unitario centralizado por más que sus huestes se denominaron federales.

Juan Bautista Alberdi: “los decretos de Rosas contienen el catecismo del arte de someter despóticamente y enseñar a obedecer con sangre” (en La República Argentina 37 años después de su Revolución de Mayo). José Manuel Estrada: “Ahogó la ciudad con la campaña, la revolución liberal con la escoria colonial y apoderado del gobierno por primera vez en 1830, hizo gala de su ferocidad. Enseguida volvió a la esfera campesina que adueñaba y se vinculó con los caudillos subalternos que más tarde sacrificaría a puñal o veneno: adhirió las masas, más íntimamente que lo habían estado jamás, a fuerzas de crueldades, de cinismo y de extravagancias […] La superabundante degradación llegó, el vaso rebosó su fetidez. La democracia bárbara, la soberanía numérica, la brutalidad moral exaltaron la encarnación más sombría de gaucho a una autocracia irresponsable (en La política liberal bajo la tiranía de Rosas). José Hernández: “Veinte años dominó Rosas esta tierra […] veinte años negó Rosas la oportunidad de constituir la República; veinte años tiranizó, despotizó y ensangrentó al país” (en “Discurso en la Legislatura de BuenosAires”). Ricardo Levene: “La opinión general, el sentimiento de la sociedad, consagró a Rosas árbitro de los destinos de la provincia de Buenos Aires y de toda la República. El ambiente social se fue formando en el sentido de consolidar la dictadura” (en Lecciones de historia argentina).

Rosas desobedeció el cumplimiento del Pacto Federal y gobernó centralizando el poder bajo un régimen autoritario desde 1835 hasta 1852

José de San Martín: “Mi querido Goyo, es con verdadero sentimiento que veo el estado de nuestra desgraciada patria, y lo peor de todo es que no veo vislumbre que mejore su suerte. Tú conoces mis sentimientos y por consiguiente yo no puedo aprobar la conducta del general Rosas cuando veo una persecución contra los hombres más honrados de nuestro país” (en carta a Gregorio Gómez, septiembre 21 de 1839)..

José Ingenieros: “Rosas asoció las dos intolerancias; la política y la religiosa. Así encontró los resortes más íntimos de su dominación” (en Las ideas coloniales y la dictadura de Rosas).

Florencio Varela: “[El sistema rosista] consiste en que no tengamos hogar, ni propiedad, ni libertad individual; en que la mitad de de una generación se pase con las armas en la mano; en que los campos no se cultiven, y la educación se abandone, y ningún trabajo útil se emprenda, y los principios de la moral se vayan poco a poco abandonando, hasta desaparecer” (en Rosas y su gobierno). Sin duda que esta selección de textos es insignificante al lado de todo lo escrito sobre esta tiranía abyecta…todavía resuenan las palabras condenatorias de escritores de la talla de José Mármol y de Jorge Luis Borges para mencionar solo dos plumas adicionales de distintas épocas en una galería de opiniones que se extiende por doquier.

Alberdi y sus colegas fueron decididamente influidos por el notable Diego Alcorta que entre la bibliografía disponible cabe destacar el formidable estudio preliminar de Félix Weinberg a la suculenta recopilación de documentos titulada El salón literario de 1837. En esa introducción se consigna que en el ingreso al entonces Departamento de Jurisprudencia de la Academia de Buenos Aires, prolegómeno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el autor escribe que “Se agranda por entonces la figura de Diego Alcorta titular de filosofía en el departamento de estudios preparatorios, quien guiaba a sus discípulos”. Alcorta era médico cirujano -la Sociedad Argentina de Humanismo Médico estableció el Premio Diego Alcorta- pero se interesó por la filosofía liberal debido a la influencia de Juan Crisóstomo Lafinur (tío bisabuelo de Borges), oriundo de San Luis pero que dictó clases en Tucumán, Mendoza y Córdoba y tempranamente lo tuvo de alumno a Alcorta en el Colegio de la Unión del Sur en su cátedra de filosofía.

La referida cátedra de Alcorta en la entonces Academia de Buenos Aires se denominaba Ideología, una palabreja hoy muy poco recomendable aunque en esa época se asimilaba a la inocente definición del diccionario en cuanto a conjunto de ideas, separada de la “falsa conciencia de clase” machacada por el marxismo y de la generalizada visión de algo cerrado y terminado lo cual está en las antípodas del conocimiento y del espíritu liberal. Precisamente, Alcorta en el contexto de sus clases y recomendación bibliográfica reiteraba que la tradición liberal está íntimamente atada a los procesos evolutivos y a la búsqueda de nuevos paradigmas, abierto siempre a posibles refutaciones.

Alcorta no solo disertaba en las aulas universitarias sino que mantenía reuniones y dictaba seminarios en las casas particulares de Alberdi y su grupo de amigos. Mantenían relaciones amistosas entre profesor y alumno. En su Autobiografia Alberdi relata sus estudios de autores de la talla de Monesquieu, Condillac, Locke, Constant, Tocqueville, Adam Smith, J.B. Say, Madam de Staël, Joseph Story y otros.

Nunca se sabrán los contrafácticos de cómo hubiera resultado la historia argentina si Alberdi y sus amigos intelectuales no se hubieran topado con maestros como Diego Alcorta pues giraban profusamente en la época obras como las de Jean-Jacques Rosseau que fueron exploradas por nuestros personajes pero con los debidos recaudos y anticuerpos. El último curso de Alcorta -ya no dirigido a sus ex discípulos alberdianos- fue en la clandestinidad sobre Rosas, en plena época de la dictadura.

Merced a la influencia inicial de Alcorta el ideario alberdiano pudo propagarse a partir del célebre libro enviado a Urquiza que desembocó en el juramento constitucional que hizo que nuestro país fuera el aplauso y la admiración del mundo con una situación social que se tradujo en salarios e ingresos en términos reales del peón rural y del obrero de la incipiente industria superiores a los de Suiza, Francia, Italia y España a la altura de los de Inglaterra por lo que la población de inmigrantes se duplicaba cada diez años. Seguramente el mejor resumen del pensamiento de Alberdi consiste en esta cita del tucumano: “¿Qué exige la riqueza de parte de la ley para producirse y crearse? Lo que Diógenes exigía de Alejandro: que no le haga sombra”.

Y no solo Alberdi influyó en tierra argentina sino que luego de obtener su título de abogado en Uruguay pues se negó a jurar en Buenos Aires por Rosas como era la obligación del momento, se radicó en Chile y desde Valparaiso le sugirió a su amigo Félix Frías, en aquel momento corresponsal de El Mercurio en Paris, que lo contrate al profesor Courcelle-Seneuil para enseñar en Chile quien fue el primer profesor liberal en el país transandino en el que se radicó durante ocho años. Como una nota al pie y para cerrar comento que en 2010 la Universidad del Desarrollo de Santiago publicó mi libro Jean Gustave Courcelle-Seneuil. Un adelantado en Chile.

Abram en Radio República sostuvo que el índice de precios para el mes de febrero”, remarcando que “la realidad es que en el mes de febrero hubo algunos factores como la suba de la carne u otros alimentos que tuvieron problemas con las lluvias, que contribuyeron al aumento de precios”.

En paralelo, el economista afirmó que “lo que hay que hacer es abrir la economía”.

El porqué la inflación de febrero fue un poco mayor a enero

EL ECONOMISTA  En marzo pasado publiqué en este mismo espacio una nota motivada por el lanzamiento del denominado Programa Vouchers Educativos.

Si bien el programa no constituye realmente un voucher educativo, sino un subsidio con fines específicos no podía ser más oportuno, dada la tremenda crisis económica heredada por el nuevo Gobierno, la cual había comenzado a poner a muchos padres en la disyuntiva de continuar pagando las cuotas en escuelas de gestión privada o emigrar a sus hijos a escuelas de gestión pública.

Por cierto, un éxodo similar sucedió luego de la crisis de 2001, pero en esta ocasión, de no haberse tomado una medida como la efectivizada, el efecto hubiese sido exponencial, dada la magnitud del evento que estamos viviendo.

Como señalé en aquella nota, la voluntad del presidente Javier Milei de enfrentar esta realidad era clara; ya lo expresaba en sus declaraciones en una entrevista radial realizada en febrero: “Vamos a incorporar un mecanismo de asistencia a la clase media para que los chicos no pierdan el colegio, porque la situación en la cual se te caen los ingresos y tenés que cambiar al chico de colegio no solo es traumatizante para los padres sino también para los chicos”, a lo que agregó: “Va a haber vouchers y financiamiento para alumnos”.

El pasado lunes 29 julio fue publicado en el Boletín Oficial la Resolución 488/2024 de la Secretaría de Educación, la cual extiende la vigencia del programa hasta diciembre; una decisión tan oportuna como lo fue su lanzamiento. Como se señala en los Considerandos de la Resolución: “Durante el mes de julio del corriente año, el Programa asistió a 833.211 estudiantes del nivel inicial, primario y secundario, asegurando así la continuidad en sus trayectorias educativas”, a los que se agrega: “Con el objeto de fortalecer el acompañamiento a las familias resulta necesario ampliar la cobertura del Programa”.

Por cierto, recordemos que el mismo consiste en “una prestación temporaria a favor de las familias cuyos hijos, de hasta 18 años, asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada con al menos 75% de aporte estatal y cuyo ingreso familiar no supera los siete salarios mínimos, vitales y móviles.

Sin embargo, el programa continúa generando una discriminación innecesaria, la cual se refleja en los Considerandos de la Resolución 488/2024: “El Programa de Asistencia Vouchers Educativos fue creado para asistir a familias cuyos hijos concurren a instituciones de educación privada que reciben aporte estatal, con la finalidad de garantizar la permanencia de los alumnos en dichas instituciones”.

Yo me pregunto, ¿por qué si dos familias califican para el programa en virtud de su realidad económica, una de ellas se encuentra recibiendo el voucher dado que sus hijos concurren a un colegio que tiene una subvención estatal del 75% o más y la otra, cuyos hijos concurren a un colegio que recibe una menor subvención o ninguna, no?

¿No deberían las familias recibir el voucher, en función de su realidad económica, independientemente de la característica de la escuela a la que han optado por enviar a sus hijos? Definitivamente sí; no es a determinados colegios a los que se intenta apoyar, sino a familias que hacen grandes esfuerzos por la educación de sus hijos y son las víctimas inocentes del pasado vergonzoso que nos ha tocado vivir.

Pocas veces un Gobierno ha demostrado con los hechos su voluntad por cambiar la realidad educativa como la actual gestión del presidente Javier Milei. Modificar los requerimientos para calificar al Programa de Asistencia Vouchers Educativos constituiría un paso más en la dirección correcta.

CLARÍN En julio de 2013 publiqué, en este mismo espacio, la primera de numerosas notas que sostenían que resultaba indispensable modificar el Artículo 97 de la Ley 26.206 de Educación Nacional, a los fines de generar las condiciones para que la indignación de los mismos padres de los niños y jóvenes afectados por la tragedia educativa que, ya por entonces, vivía nuestro país le proveyese al gobierno de turno el apoyo sin el cual era imposible enfrentar a los sindicatos docentes, los más acérrimos defensores del statu quo.

LA NACION – Por Carlos Manfroni – Hasta que comenzó, a fines del mes pasado, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y desde la caída del Muro de Berlín, en 1989, creíamos que habíamos entrado en una era de paz. El desmembramiento de la Unión Soviética y, con él, la culminación de la derrota de los Estados fuertes y expansivos habían dado un respiro a la humanidad. La riqueza procedente de la innovación tecnológica y las comunicaciones habían relativizado el valor de la posesión de territorios y, además, el comercio entre naciones que poco tiempo antes eran enemigas pacificaba al mundo. Continuaban, soterradas, las batallas contra el narcotráfico y, a los ojos de todos, las acciones terroristas.

La invasión nos devolvió al siglo XX, el más sangriento de la historia conocida, y a la práctica de los crímenes de guerra.

En la televisión y en las redes, por primera vez en tiempo real, vemos bombardeos a poblaciones civiles, ataques a edificios a los que nada vincula con instalaciones militares, incluso a escuelas y hospitales, y ya comienza a hablarse de violaciones de mujeres, una práctica aberrante que se ha visto sobre todo en las tropas eslavas durante el siglo pasado. Todos esos hechos y muchos otros constituyen crímenes de guerra. La posibilidad real de que sean juzgados es una cuestión aparte, pero lo son, de acuerdo con los estatutos internacionales.

Vladimir Putin ni siquiera limitó su avance hacia las zonas de Donetsk y Lugansk, que él mismo proclamó independientes, o incluso a la franja este de Ucrania, sino que impulsó un ataque generalizado sobre todo el territorio.

Rusia integró, en octubre de 1945, por entonces como Unión Soviética, el Tribunal Militar de Núremberg, junto con Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, a fin de juzgar “a los principales criminales de guerra del Eje europeo” que actuaron antes y durante la Segunda Guerra Mundial. En el estatuto que firmaron las cuatro potencias se establecieron las características de los crímenes de guerra, entre ellas: “planificar, preparar, iniciar o librar guerras de agresión”, el asesinato de población civil, “la destrucción sin sentido de ciudades o pueblos o la devastación no justificada por la necesidad militar”.

En los Principios de Núremberg también se definieron los delitos de lesa humanidad, que comprendían, entre otros, los actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil cuando fueran llevados a cabo al perpetrar un delito contra la paz o un crimen de guerra, así como la persecución racial, política o religiosa.

En el Principio IV se dispuso que “el hecho de que una persona haya actuado en cumplimiento de una orden de su gobierno o de un superior jerárquico no la exime de responsabilidad conforme al derecho internacional, si efectivamente ha tenido la posibilidad moral de esa opción”.

La “posibilidad moral” de optar por cumplir o no una orden en un régimen militar es algo bastante difícil de determinar. Las acusaciones de traición, desobediencia o deserción tienen las peores consecuencias en una estructura castrense. Sin embargo, hay casos en los que la responsabilidad del subordinado resulta evidente. Esto ocurre a diario en Ucrania, por ejemplo, en las escenas que vimos en las pantallas de un tanque que se desvió de su marcha con el propósito de aplastar a un automóvil civil –y lo hizo– o de otro que disparó con su cañón contra un vehículo particular o de quienes atacan colegios u hospitales. También, por supuesto, en los casos de violación de mujeres ucranianas u otras formas de agresión o maltrato a los pobladores de las regiones invadidas y que exceden las acciones militares. Por las acciones militares deberían responder Vladimir Putin y los generales que hayan preparado la ofensiva, algo que en los hechos dependerá de la forma en que termine el conflicto.

Tal vez, por ese motivo, el Tribunal de Núremberg dictó solo doce condenas a muerte y unas pocas a prisión, además de algunas absoluciones. Las condenas involucraban a los principales jerarcas nazis que cometieron u ordenaron crímenes horrendos contra la población civil.

Por su lado, los Estados perjudicados iniciaron sus propios juicios. El más famoso fue el que tuvo lugar contra Adolf Eichmann en Jerusalén, capturado en la Argentina en 1960 y juzgado en Israel. Allí, después de aproximadamente un año de proceso durante el cual el acusado y los testigos prestaron extensas declaraciones, se lo condenó a muerte. Aun en este caso, se tomó especialmente en cuenta el hecho de que Eichmann había aceptado voluntariamente su ingreso en las SS y después en la SD, que se convirtió en el centro de información de la Gestapo, aunque él alegó desconocer la naturaleza de la organización en la que había entrado.

“Saber si Eichmann mentía o decía la verdad tenía cierta trascendencia en el juicio, ya que en la sentencia debía declararse si había aceptado voluntariamente su cargo o si lo habían destinado a él sin contar con su voluntad”, cuenta textualmente Hannah Arendt en su libro Eichmann en Jerusalén.

Casi siempre los juicios consecuentes a la Segunda Guerra tomaron en cuenta al autor de las órdenes, las responsabilidades personales y la posibilidad real de haber desobedecido las instrucciones. No se juzgó a las personas por el solo hecho de haber pertenecido al ejército enemigo ni por haber estado en una posición pasiva en un lugar determinado. Todo esto aun cuando en el caso de la población judía de Alemania y los países ocupados, ella ni siquiera era una fuerza beligerante ni había cometido actos de agresión contra el Estado.

En el caso de Ucrania, si la política y la diplomacia de Occidente, como algunos análisis indican, no actuaron con la prudencia y la habilidad necesarias para evitar la guerra, esto es algo que la historia analizará a corto plazo, pero, como siempre, los excesos resultan injustificables. Y en este caso los excesos son nada menos que el todo y tienen dimensión de hecatombe.

Rusia no puede situarse al margen de los estatutos en los que actuó como juez en Núremberg y, además, como señaló Hannah Arendt, incluso en esa oportunidad se le podría haber aplicado a la Unión Soviética el argumento tu quoque (tú también), por las matanzas que había llevado a cabo en Polonia y en su propio territorio. Esto si no fuera que para entonces ya ejercía su poder sobre la mitad de Europa.

Por otro lado, la Unión Soviética firmó el Protocolo I de los Convenios de Ginebra, que prohíbe los ataques indiscriminados, que son los que no se dirigen contra un objetivo militar específico o emplean medios que no puedan ser dirigidos a un objetivo militar específico.

El Estatuto de Roma, que creó el Tribunal Penal Internacional, fue suscripto por Rusia, que nunca lo ratificó y retiró su firma en 2016.

En 1993 se constituyó el Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia, bajo cuya jurisdicción fue detenido el presidente Slobodan Milosevic, en 2001. En 1994 se creó otro destinado a castigar el genocidio de Ruanda. Lamentablemente, a pesar de las atrocidades que se investigaron y condenaron en ellos, la experiencia demuestra que el juzgamiento de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad está determinado por la posición de fuerza con la que cada uno queda tras el final del conflicto.

Emilio Cárdenas, Ex Embajador argentino frente a la ONU y Consejero Académico en la Fundación Libertad y Progreso, en “El tema del día” por CNN Radio conversó sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Las empresas no financieras del Estado nacional tuvieron un resultado operativo negativo por casi US$2.900 millones en doce meses.

Un informe de la Fundación Libertad y Progreso señala que en el acumulado de doce meses hasta el tercer trimestre de 2023 (último dato disponible), de las 33 empresas relevadas por el Ministerio de Economía, 25 registran un déficit operativo. Es decir, el 75% no llega a compensar con sus ingresos lo que pierden por operar.

El déficit operativo sumado de las 33 empresas del sector público nacional no financiero fue de $1.303.545 millones en los doce meses hasta septiembre de 2023 (último dato disponible), equivalente a unos US$2.897 millones al tipo de cambio financiero.

A propósito del pronunciamiento de los Gobernadores de las provincias patagónicas en favor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) el informe destaca que la empresa cubre con ingresos de operación apenas el 8% de sus gastos operativos. Con esto, YCRT se posiciona como la sexta empresa pública con peor relación entre ingresos y gastos de operación.

Los mayores déficits operativos los registran Energía Argentina (ENARSA), Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (OFSE) y Aerolíneas Argentinas; estas tres empresas explican el 81,6% del déficit operativo total. Entre el grupo minoritario de las superavitarias destaca Nucleoeléctrica Argentina SA, con un resultado positivo acumulado de $69.182 millones (ver detalle en Anexo I).

El costo de oportunidad del déficit de las empresas públicas

Mantener un ecosistema de empresas públicas deficitarias tiene importantes costos en términos fiscales y demora la potencial reducción o eliminación de impuestos distorsivos, algo necesario para empezar un proceso de reactivación económica. El rojo de las empresas deficitarias es equivalente a 0,95% del PBI o 3,8% de la recaudación tributaria nacional. Para dar dimensión, es equivalente a todo lo recaudado en el mismo período por derechos de exportación, el 166% de lo ingresado por Bienes Personales o el 54% de lo recaudado por Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios, más conocido como impuesto al cheque.

Sumado, el déficit operativo de estas empresas es 2,2 veces lo que se destinó en recursos al Ministerio de Salud en 2023 o el 55% lo destinado al Ministerio de Educación. A su vez, tomando el promedio del costo de la canasta básica alimentaria de los doce meses comprendidos hasta septiembre de 2023, encontramos que con el déficit de las empresas públicas se podrían haber comprado el equivalente a 3,5 millones de Canastas Básicas Alimentarias durante un año.

La visión de la Fundación Libertad y Progreso

La Fundación Libertad y Progreso opina que la operación de las empresas públicas tiene costos que están directamente vinculados a sus pérdidas operativas, que terminan siendo cubiertas por transferencias del Estado Nacional o, lo que es lo mismo, por los contribuyentes argentinos. Esto independientemente de lo que los ciudadanos reciban a cambio de su aporte o de la verdadera utilidad social de la empresa.

Por este motivo, desde Libertad y Progreso impulsamos que se avance en la privatización de las empresas públicas y desregulación de los sectores económicos donde operan para asegurar la proliferación de la competencia y la inversión.

Consideramos que la provisión de bienes y servicios en los mercados puede ser llevada delante de manera eficiente por empresas privadas, contribuyendo a ahorrar costos para un Estado nacional que lucha por salir de su quebranto.

Emilio Apud, Consejero académico en la Fundación Libertad y Progreso,señala que “El mundo reducirá aceleradamente durante la transición energética hacia el “net Zero” el uso de carbón en su matriz energética por ser el hidrocarburo de mayor emisión de CO2, que en una primera etapa será reemplazado por gas natural, el más limpio de los hidrocarburos. Argentina tiene el segundo recurso de shale gas del planeta y se está posicionando para ser un exportador de gas natural licuado, favoreciendo los objetivos de la transición. No tiene sentido producir carbón, menos aún con el de la mina de Río Turbio”.

Eugenio Marí, Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso,señala que “varias empresas públicas son casos testigo del elevado costo social de las buenas intenciones. Que un servicio sea considerado básico no implica que deba ser suplido por el Estado. Hay que preguntarse si los argentinos van a estar mejor bajo una oferta regulada y provista por el sector público o si en cambio conviene dejar el espacio al privado. Además, que el Estado destine recursos a financiar la operación de empresas tiene costos, porque son recursos que podrían estar destinándose a otros fines. En un país con 45% de pobreza general y 50% de pobreza infantil, es difícil justificar que el Estado argentino siga financiando el mal manejo de empresas estatales”, concluyó.

Lautaro Moschet, economista de la Fundación Libertad y Progreso,sostuvo que “Más allá de la discusión ideológica sobre si ciertos bienes o servicios deberían ser provistos por el Estado o el sector privado, hay que entender que las ineficiencias en la gestión estatal terminan siendo financiadas por toda la población argentina. Es indignante observar el derroche de recursos en este contexto, teniendo en cuenta que el 60% de los niños menores de 14 años vive en condiciones de pobreza. Ante la resistencia de las privatizaciones, resulta evidente que la política argentina permite que el Estado Nacional subsidie a empresas ineficientes, cuando esos fondos podrían ahorrarse e implicar menor financiamiento para todos los argentinos o reasignarse a programas de asistencia social”.

Valentín Gutiérrez, analista de la Fundación Libertad y Progreso,agrega que ” mientras que las empresas privadas operan bajo la competencia del mercado, viéndose obligadas a cuidar todos sus recursos y a ser lo más eficientes posible, las empresas públicas por su naturaleza no enfrentan la misma rigurosidad. Este genera mala asignación de recursos con costos ambientales, de personal y de capital que son pagados por todos los contribuyentes. Recursos que podrían ser mejor aprovechados en otra parte, resultando también en mejores bienes y servicios para los consumidores”.

CLARÍN Como señala una nota de Clarín del pasado martes 16/9, de aprobarse la Ley de Presupuesto, en virtud de su artículo 27, se suspenderá, por un año, la obligación que tiene el Estado de invertir en educación el 6% del PBI. Esta obligación surge de la Ley de Educación Nacional vigente desde 2006, pero en los hechos cumplida solamente en 2015. Como era de esperar, esta decisión generó las más variadas críticas de diversos referentes del arco opositor.