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El IPC LyP arrojó un aumento de 16,8% en febrero, desacelerándose 3,8 puntos porcentuales respecto a la medición oficial de enero (20,6%). De esta manera, en el primer bimestre del año el IPC acumula una suba de 40,9%. La variación interanual alcanza el 288,0%, llegando a su valor más alto desde marzo de 1991.

En la evolución del mes, encontramos que la primera semana de febrero presentó una variación sustancialmente alta, debido a la actualización de tarifas en el transporte público del AMBA. A partir de la segunda semana del mes, los datos convergieron a variaciones en el rango del 2%-3% semanal, manteniendo la tendencia de la última quincena de enero y ubicándose en valores similares a los de septiembre del 2023.

De esta forma, la última semana de febrero deja un arrastre de 3 puntos porcentuales para marzo, unos 0,2 pp. menos que en enero.

La tendencia de marzo es hacia una suba del IPC de alrededor del 15% mensual. Si bien las subas de precios estacionales y de regulados jugará en contra, estimamos que la vigencia del ancla cambiaria y la política monetaria contractiva que está llevando adelante el Banco Central de la República Argentina (BCRA) más que compensará este efecto, por lo que el IPC tendrá una variación levemente menor a la del segundo mes del año.

Eugenio Marí, Economista Jefe en la Fundación Libertad y Progreso dijo que “de la misma forma que cuando el gobierno emite para financiarse, no todos los precios de la economía suben instantáneamente, cuando se deja de emitir tampoco se detienen en el acto. Lo positivo es que haber dejado de emitir para financiar al Tesoro ha favorecido una menor oferta de pesos y la estabilidad del tipo de cambio. Con esto se están sentando las bases para bajar la nominalidad de la economía argentina y profundizar el proceso de desaceleración del IPC, algo que es moderado por las actualizaciones de precios regulados que acumularon atrasos”.

Por su parte Valentín Gutiérrez, analista en la Fundación Libertad y Progreso agrega que “si bien los índices de precios seguirán arrojando subas significativas en febrero y marzo, estrictamente la inflación, entendida como el proceso de pérdida de valor de nuestra moneda, se está mitigando, lo que puede verse en la estabilidad del peso frente al dólar. Eso no quita que el sobrante monetario heredado aún no se haya trasladado a precios en todos los mercados y deba sincerarse. Pero sí hace pensar que, una vez completado ese proceso, las subas de precios se desacelerarán fuertemente”.

Lautaro Moschet, Economista en la Fundación Libertad y Progreso dijo que “a pesar de que el bolsillo de la gente sigue resintiéndose mes a mes hay que tener en cuenta que se están generando las condiciones para pensar en un país con baja inflación en el mediano plazo. Esto es importante, porque una vez que se estabilice la macroeconomía, no solo los salarios podrán recuperarse de la caída abrupta de los últimos años, sino que también aumentarán en términos reales. Para que esto ocurra es importante la inversión y su consecuente aumento en la productividad. En este sentido, el gobierno ya anunció las intenciones de salir del cepo (condición necesaria para atraer inversiones) a mitad de año y mientras más rápido ocurra esto, menor será el tiempo necesario para la recuperación”.

INFOBAE – Las resoluciones de los medios y plataformas están en manos de sus titulares, de modo similar a los dueños de casa que deciden quien entra y quien no entra a sus domicilios.

Dados los debates del momento, otra vez volvemos sobre la indispensable libertad de expresión. En una sociedad libre esta libertad resulta de una inmensa e insustituible importancia. El cuarto poder o el contrapoder por excelencia es más relevante y trascendental que los otros tres poderes. Este es el sentido de la sentencia de Thomas Jefferson en cuanto a que “frente a la posibilidad de libertad de prensa sin gobierno o ausencia de libertad de prensa con gobierno, me inclino por lo primero.”

Como es sabido el derecho primordial es el de la vida y la protección del propio cuerpo, le sigue el derecho a expresar los propios pensamientos y el uso y disposición de lo adquirido legítimamente. La libertad de decir lo que cada cual estime conveniente no solo es un derecho, sino que consiste en un procedimiento inexorable al efecto de adquirir conocimientos, un proceso que tiene la característica de la provisionalidad abierto a refutaciones. Esto último hace posible el progreso.

Si se lesionaran derechos de terceros habrá que dirimir lo ocurrido en la Justicia, pero nunca y bajo ninguna circunstancia insinuar la censura previa lo cual significa que los aparatos estatales se inmiscuyen en el sagrado derecho de la libertad de expresión o toleran el uso de la fuerza de otros para bloquearla. En este contexto debe quedar claro que cada medio o plataforma decide con su propiedad lo que considera mejor a sus intereses.

Para incorporar algo de tierra fértil en el mar de ignorancia en que nos debatimos, se hace necesario recabar el máximo provecho del conocimiento existente, por su naturaleza disperso y fraccionado entre millones de personas. Con razón ha sentenciado Einstein que “todos somos ignorantes, solo que en temas distintos”. Al efecto de sacar partida de esta valiosa descentralización, es indispensable abrir de par en par puertas y ventanas para permitir la incorporación de la mayor dosis de sapiencia posible. Como queda dicho, esto naturalmente requiere libertad de pensamiento y la consiguiente libertad de expresarlo, lo cual se inserta en el azaroso proceso evolutivo de refutaciones y corroboraciones siempre provisorias.

Esta valiosísima libertad resulta indispensable no solo por lo que acabamos de consignar sino para resguardar y limitar el poder político y abre cauces a información de todo cuanto ocurre en el seno de los gobiernos para así velar por el cumplimiento de sus funciones específicas y minimizar los riesgos de extralimitaciones y abusos de poder.

Resulta especialmente necesaria la indagación por parte del periodismo cuando los aparatos de la fuerza que denominamos gobierno pretenden ocultar información bajo los mantos de las siempre pastosas leyes que apuntan a regular medios y la sandez de pretender que se exhiban las fuentes de la información, alegando “seguridad nacional”, “secretos de Estado” o esgrimiendo “traición a la patria” y esperpentos como el “desacato” o las intenciones “destituyentes” por parte de los representantes de la prensa oral y escrita.

Esto viene a cuento porque la plataforma Twitter y otras han decidido eliminar cuentas de algún personaje que a esta altura de este texto no viene al caso especificar para no entrar en otra discusión, aunque lo mencionaremos más abajo. La antedicha decisión ha generado airadas protestas por parte de algunos sectores alegando que se ha vulnerado la libertad de prensa. Nada más lejos de la verdad. Cada medio o plataforma digital decide con su propiedad lo que piensa es mejor sin que nadie pueda torcer por la fuerza su decisión. La libertad de prensa no significa que tal o cual medio o plataforma deba publicar o trasmitir lo que no quiere hacer. Los motivos por los que se procede de una u otra manera es una cuestión que podrá ser criticada por terceros, pero de ningún modo otorgarles la facultad de contradecir la decisión de los dueños. En el extremo, por ejemplo, un medio cualquiera podría establecer que solo publican los de ojos celestes o los que miden más de un metro ochenta, seguramente una norma de esta naturaleza no conducirá al éxito del emprendimiento, pero este es otro asunto. Lo dicho desde luego no significa que pueda incumplirse con lo eventualmente convenido con usuarios.

Si hay quienes no les gusta las normas de ciertos medios pueden establecer otros que compitan y si no cuentan con los suficientes recursos pueden vender parte de su iniciativa a otros y así lograr su objetivo y si nadie acepta aportar fondos para este emprendimiento quiere decir que, dados los siempre escasos factores productivos, hay otras prioridades y como todo no puede encararse simultáneamente, es proyecto en cuestión debe esperar su turno en mercados abiertos. Los monopolios perjudiciales son los legales, lo otro se traduce en el primero en prestar el servicio lo cual es indispensable desde el arco y la flecha para salir del garrote.Por sus dichos alentando la toma del Capitolio, Trump afronta su segundo juicio político en Estados Unidos (REUTERS/Stephen Lam)

Hay líneas editoriales o forma de trasmitir noticias y columnas de opinión que uno puede o no compartir, pero esto es materia de otros debates que en ninguna circunstancia deben interferir con la libertad de prensa. Las resoluciones de los medios y plataformas están en manos de sus titulares, de modo similar a los dueños de casa que deciden quien entra y quien no entra a sus domicilios. Las decisiones pueden no agradar a terceros pero esto es otro asunto de naturaleza bien diferente.

Hacemos un paréntesis para apuntar que lo dicho es equivalente a lo ocurrido con la editorial Simon & Schuster, que decidió abandonar la publicación del libro del Senador republicano Josh Hawley debido a su aliento a los desmanes en el Congreso (dicho se de paso, obra que en su título refleja un absurdo en un mercado abierto: The Tyranny of Big Tech).

Twitter y otras plataformas se han referido a Donald Trump debido al riesgo que estiman los propietarios de acelerar la violencia en Estados Unidos, pero como hemos apuntado cada medio decide lo que hace o deja de hacer con su propiedad y los que no sean confiables por uno u otro motivo no serán consultados. No es del caso enfatizar en los antedichos motivos que esgrimieron los medios en cuestión porque como queda dicho podrían haber sido otros. Tengamos muy en cuenta que según la definición clásica la Justicia implica el “dar a cada uno lo suyo” y lo suyo remite a la propiedad privada a lo que nos hemos referido más arriba al efecto de la decisión de cada dueño de medio o plataforma. De cualquier modo, dada la extensión y la intensidad que ha adquirido el debate, se hace necesario resumir lo que he consignado antes sobre el tema y a los efectos de este debate dejar de lado la confusa, oscura y controvertida Communications Decency Act de 1996, especialmente su sección 230.

No es admisible pretender jugar por reglas compartidas sobre la democracia y cuando los resultados electorales son adversos resulta que se desconocen. Este ha sido el caso luego de la ratificación por parte de los cincuenta estados y luego de haber sido rechazados una y otra vez las demandas por supuestos fraudes en distintas instancias, incluso ante la Corte Suprema de Justicia.

Luego de la bochornosa conversación telefónica de Trump con el Secretario de Estado de Georgia -Brad Raffensperger- oportunidad en la que le sugirió modificar el resultado electoral y luego de los episodios violentos en el Congreso resulta que nada menos que el Presidente de Estados Unidos les dice a los sediciosos que son personas muy especiales y que les tiene gran aprecio. Tuvo que renunciar la Secretaria de Educación -Betsy DeVos- y la Secretaria de Transportes -Elaine Chao- afirmando que Trump fue responsable de instigar a los que irrumpieron por la fuerza en la sede del Parlamento causando enormes destrozos y su ex Jefe de Gabinete John Kelly y el ex Secretario de Defensa Colin Powell propusieran que se lo destituya vía la Enmienda 25, recién entonces decimos es que Trump, tarde y a regañadientes por cierto, reconoció que había terminado su presidencia y manifestó que la transición de mando debía ser ordenada y pacífica. Luego renunció el Secretario de Interior Chad Wolf y el FBI estableció medidas de seguridad para evitar nuevos disturbios.

Peggy Nooman, la colaboradora del Wall Street Journal, de ABC y de NBC News y célebre speechwriter de Ronald Reagan ha escrito que “Al principal responsable, el Presidente de Estados Unidos, hay que desalojarlo del cargo a través de la Enmienda 25 o del juicio político, lo que resulte más rápido.” Debido al escaso tiempo disponible hasta el cambio de mando, es poco probable que puedan completarse en todos los pasos estas decisiones pero las menciono a los efectos de comprobar el clima del momento. De todos modos, Senadores republicanos como Mitt Romney, Patrick Toomey y Lisa Murkoski y miembos de la Cámara Baja como el también republicano Adam Kinzinger han pedido la inmediata renuncia de Trump. Ahora nada menos que el líder republicano en el Senado Mitch McConnell ha dicho que celebra que se le inicie un juicio político a Trump (por segunda vez).

Hasta el Vicepresidente Mike Pence tuvo que absorber el embate de Trump para que anule el recuento formal y final ante ambas Cámaras en el Congreso lo cual rechazó de plano y procedió a la confirmación del Presidente electo Joe Biden luego de ser certificado su triunfo como marcan las normas vigentes.El CEO de Twitter, Jack Dorsey (U.S. Senate Judiciary Committee via REUTERS)

William Webster -ex Juez Federal, ex director del FMI y de la CIA- declara públicamente que está avergonzado de las actitudes de Trump. Y en el orden internacional las condenas no se hicieron esperar, por razones de espacio solo destacamos las declaraciones de Angela Merkel quien enfatizó: “lamento profundamente que el Presidente Trump no haya admitido su derrota”.

Desde la perspectiva económica el balance neto de la gestión de Trump ha resultado en el incremento sideral en el gasto público, el déficit y la deuda externa. Es cierto que ha disminuido algunos impuestos, pero como señalé en otra ocasión, esto me trae a la memoria cuando los conquistadores españoles les entregaban espejitos de colores a los indios para luego imponer las instituciones esclavistas de la mita y el yanaconazgo. Como bien ha apuntado reiteradamente su primer Secretario de Estado -Rex Tillerson, antes CEO de ExxonMobil, la tercer empresa de mayor facturación en el mundo- “Trump no tiene idea del significado del libre comercio y muchas de las cosas que afirma no se condicen con la realidad”.

La xenofobia de Trump se ha puesto de relieve varias veces a partir de los hechos de Charlottesville donde equiparó como “buenas personas” a los que marchaban bajo la insignia de la cruz esvástica y los emblemas de la así denominada “supremacía blanca”.

El Procurador General -William Barr- ha consignado que “el Presidente ha traicionado su cargo” y el ex presidente de la Cámara de Representantes y ex candidato a la Vicepresidencia en la elecciones de 2012 -Paul Rayan- ha declarado que “Es difícil concebir un acto más antidemocrático y anticonservador que una intervención para anular los resultados de las elecciones certificadas por el estado y privar de sus derechos a millones de estadounidenses”.

Es muy cierto que buena parte de los equipos del Partido Demócrata apuntan a intensificar el tamaño ya desbordado del Leviatán pero esto en modo alguno justifica que se pretenda operar bajo ciertas normas para luego vulnerarlas cuando los resultados son adversos como ha sido a todas luces el caso de Donald Trump. No es cuestión de dejarse acuchillar por uno para no ser ametrallado por otros, especialmente cuando se declama sobre la democracia y, como queda dicho, una vez obtenidos los resultados se pretende desconocerlos.

El tema del tamaño del aparato estatal y los graves problemas que causa de modo especial sobre los más vulnerables es otro plano de discusión que debe dirimirse en el intercambio de ideas. En este sentido personalmente me ocupé del asunto en mi libro Estados Unidos contra Estados Unidos que publicó la edición original el Fondo de Cultura Económica, donde destaco los extraordinarios valores establecidos por los Padres Fundadores y como de un tiempo a esta parte se ha ido produciendo un deterioro manifiesto en esos valores. La esperanza radica en la cantidad de instituciones dedicadas al estudio y la difusión de esos principios, lo cual concentra una cantidad creciente de jóvenes que publican y se reúnen en seminarios para estudiar y difundir los principios de la sociedad libre.

Aparentemente han pasado los tiempos del Index Expurgatoris en el que papas pretendían restringir lecturas de libros, pero irrumpen en la escena comisarios que pretenden dictaminar acerca de dominios privados de medios o plataformas, dan manotazos a Internet o, al decir del decimonónico Richard Cobden, establecen exorbitantes “impuestos al conocimiento”.

Agustín Etchebarne en Canal C analiza la evolución de la Macro y como el acuerdo con el FMI afecta a la economía.

EL ECONOMISTA Hace pocos días, el 10 de noviembre pasado, una interesante nota de Corey DeAngelis, en el Wall Street Journal, titulada “La ola electoral de elección de escuelas”, resaltó un evento que, frente al fracaso republicano por lograr la mayoría en ambas cámaras del Congreso al no haber atraído a la ola de votantes esperados en estados claves, pudo haber pasado desapercibido y es de gran relevancia para el proceso electoral que está dando comienzo en nuestro país, pues el masivo triunfo electoral de los candidatos apoyados por organizaciones de padres que apoyan su derecho a decidir sobre la escolaridad de sus hijos, independientemente de sus realidades económicas, constituye una nueva realidad, imposible de negar.

Veamos los hechos. Sin dudas, el gobernador de Florida y potencial pre-andidato presidencial republicano, Ron DeSantis, fue el gran ganador de la elección y también la mayor victoria para las organizaciones de padres. 

Ya en la elección de 2018 había alcanzado un triunfo por pocos puntos gracias al apoyo, en palabras de William Mattox, del Instituto James Madison, “de las mujeres de las minorías”, las cuales demandaban programas que les permitiesen la elección de escuelas para sus hijos. En la actual elección, DeSantis ganó por más de 19 puntos. 

Sin duda, un factor determinante fue que alrededor del 75% de los estudiantes de la ciudad de Miami están inscriptos en programas que les permiten, con el apoyo estatal, la elección de escuelas y el candidato demócrata, Charlie Crist, apostó por el monopolio de las escuelas públicas al designar como su compañero de fórmula al presidente del Sindicato de Maestros del condado de Miami Dade quien, como es fácil intuir, se opone férreamente a cualquier concepto de libertad educativa, frente a la pérdida de poder que representaría para el sindicato.

Por cierto, a nivel nacional la evidencia fue contundente, alrededor del 75% de los candidatos apoyados por la American Federation for Children, una de las organizaciones más influyentes en defensa de la libertad educativa, triunfaron en la elección. Varios de ellos, como los gobernadores Kim Reynolds de Iowa, Chris Sununu de New Hampshire, Kevin Stitt de Oklahoma, Bill Lee de Tennessee y Greg Abbott de Texas, hicieron de la libertad para elegir escuelas un punto central de su campaña. 

Como muestra basta un botón, un periódico de Oklahoma reportó que el candidato demócrata Joy Hofmeister “hizo de la oposición a los vouchers escolares una parte central de su campaña.” Por su parte, Ryan Walters, elegido superintendente de instrucción pública de Oklahoma por más de 13 puntos, señaló, luego de su triunfo, que “vamos a hacer más que cualquier otro estado del país para empoderar a los padres.” 

Como era de esperarse, algunos pragmáticos candidatos democrátas percibieron la punta del iceberg que se acercaba en la victoria, en Virginia en 2021, del gobernador Glenn Youngkin. En virtud de ello, Josh Shapiro de Pensilvania y el gobernador J. B. Pritzker de Illinois se decidieron a respaldar la posibilidad de elección de escuelas menos de dos meses antes de la elección y salieron victoriosos. 

Es más, la gobernadora Kathy Hochul de Nueva York también ganó después de que apoyó públicamente, por primera vez, la eliminación del límite a las escuelas chárter de la ciudad de Nueva York.

Como bien señaló DeSantis, luego de comenzar a conocerse los resultados en la noche del martes 8, está claro, aún para los futuros candidatos demócratas, que se ha vuelto políticamente rentable apoyar la libertad educativa. Los padres se han despertado y el Covid-19, sin dudas, es responsable de ello, dada la masiva oposición del sindicato docente, al igual que en nuestro país, a la reapertura de las escuelas.

La ola roja de votos republicanos que se presagiaba no se produjo, pero se produjo otra ola, la cual puede convertirse en un tsunami frente a la próxima elección presidencial, pues tanto Trump, como su potencial contrincante para la postulación republicana, el mencionado DeSantis, apoyan explícitamente el derecho de los padres a elegir el tipo de escolaridad que es más adecuada para sus hijos, lo cual, por cierto, ha sido uno de los pocos méritos de Trump durante su gestión anterior.

¿Y por casa cómo andamos? Frente al proceso electoral que está dando inicio, ¿se darán cuenta los potenciales candidatos del caudal de votos a disposición de quienes defiendan algo tan simple y razonable como el favorecer la igualdad de oportunidades, permitiendo a los padres elegir la escuela a la que concurran sus hijos, ya sea pública o de gestión privada, laica o religiosa, según los gustos y aptitudes de los chicos y jóvenes, y los valores familiares? 

La pandemia despertó a los padres. Sin el incansable accionar de las organizaciones de madres la irracionalidad de mantener los colegios cerrados hubiese durado mucho mas tiempo. 

Hoy esos mismos padres se podrían convertir en importantes actores del proceso electoral que se avecina. Me atrevo a predecir que el derecho de los padres para decidir qué es lo mejor para sus hijos será un tema central de la campaña electoral, frente al desaprensivo accionar de los sindicatos docentes durante la pandemia y los habituales paros que forman parte de nuestro folklore educativo, y que afectan mucho más a aquellos niños y jóvenes de las familias más desfavorecidas económicamente y, por ende, más necesitadas del apoyo del Estado. 

La ola ya está lanzada y, para quien este escribe, se podría convertir en un tsunami, y no tan sólo en EE.UU. sino también en nuestro país. Ojalá así sea en favor de una mayor igualdad de oportunidades, de la que mucho se habla, pero nada se hace.

LA NACION Varias concesiones contratadas durante la gestión del presidente Carlos Menem están cerca de completar el plazo por el que fueron otorgadas. Es el caso de siete presas hidroeléctricas del sur del país concesionadas por 30 años. Este años corresponderá la terminación de El Chocón/Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Aguila, en Neuquén, y Alicurá, ubicada entre Neuquén y Río Negro. En 2025 finalizarán las concesiones de Futaleufú, en Chubut, y Cabra Corral y El Tunal, en Salta. En todos estos casos se concesionaron obras ya construidas, quedando a cargo de los concesionarios el mantenimiento, la operación y en algunos casos la realización de mejoras. El conjunto de estas centrales alcanza una potencia de 4170 MW que hoy significa un 11% del total del país, pero aumenta a un 31% si solo se incluye la generación limpia.

Estas presas, además de construcciones civiles, contienen importantes elementos electromecánicos. Una parte de ellos está cerca del fin de su vida útil y requerirá inversiones en los próximos años. En el caso de El Chocón, la antigüedad es de 50 años. En el futuro las inversiones serán necesariamente mayores que las requeridas durante los primeros 30 años de concesión.

El senador ultrakirchnerista Oscar Parrilli, acompañado por los senadores del Frente de Todos por Neuquén, Chubut y Río Negro, presentó un proyecto de ley que establece que, finalizados los plazos de concesión, la administración y operación pase a Energía Argentina SA (Enarsa), con participación de las provincias en las que están ubicados los aprovechamientos. Los considerandos del proyecto de ley reflejan el desvarío y la orientación ideológica que mueve la iniciativa. Se alega con tono condenatorio que, durante los 30 años de operación privada, disminuyó la participación de la hidroelectricidad en la matriz energética. No se dice que los concesionarios recibieron centrales en operación, en las que no podía ser significativo un aumento de la potencia ofrecida. También se desconoce que el potencial hidroeléctrico está ya explotado en una gran proporción y que restan aprovechamientos de menor rentabilidad o compartidos con países vecinos. La reducción del porcentaje de generación hidroeléctrica no ha dependido de los concesionarios.

Enarsa es una sociedad anónima estatal en la que el 98% del capital pertenece al gobierno nacional y el resto a algunos gobiernos provinciales. Su principal actividad es la importación de gas natural licuado (GNL) que, debido al retraso tarifario local, le produce enormes pérdidas compensadas con subsidios. Tiene a su cargo también la administración de varias obras. Entre ellas, el gasoducto desde Vaca Muerta, el gasoducto hacia el Nordeste y las dos represas sobre el río Santa Cruz.

Esta empresa no tiene la capacidad ni la eficiencia para operar las concesiones que el proyecto oficial le adjudicarían. Aun cuando se corrigieran las estructuras tarifarias, tendría la dificultad de cubrir financieramente las inversiones requeridas.

Debe descartarse de plano, por consiguiente, ese disparatado proyecto de ley. Sería más conveniente que, en la etapa que se inicie tras las elecciones nacionales, se creen condiciones para convocar al capital privado en estas actividades. Será imprescindible recomponer las tarifas para que cubran costos de eficiencia más la recuperación de las inversiones. Mientras no pueda corregirse la inflación, será necesaria la aplicación de fórmulas de ajuste y deberá darse plena seguridad jurídica en un marco de exigentes reglas de cumplimiento por parte de los concesionarios.

Si aspiramos a vivir en un país distinto, no debemos volver atrás ni tropezar con la misma piedra.

LA NACIÓNEl Gobierno estableció a fines de 2022 la obligatoriedad para los empleadores del sector privado de pagar un bono a los trabajadores, con un efecto heterogéneo y en un marco singular. La exigencia le fue impuesta a las empresas más vulnerables, las pymes, afectando así a los empleadores de menores recursos. La decisión fue arbitraria y discriminatoria y podría tener réplicas en el contexto de un año electoral.

El Poder Ejecutivo ordenó hacer ese pago sin contar con facultades legales ni constitucionales para hacerlo. Además, le dio carácter no remunerativo, en contra de lo dicho por la Corte Suprema y del fuero laboral: de hecho, la Justicia ya sostuvo que estas prestaciones son nulas e inviables. Y la medida sustituyó en forma inequitativa las atribuciones de los sindicatos y las empresas en la negociación colectiva, comprometiendo al Congreso para que ratifique una norma por demás cuestionable.

Este primer análisis se complementa con el hecho de que las pequeñas y medianas empresas de distintos sectores no han podido pagar el bono, y que se están solicitando cuotas y diferimientos. En las empresas medianas y grandes son muy pocos los trabajadores que reciben este extra, dado el techo o tope salarial establecido por la misma normativa.

En concreto, el decreto 841/2022, que es de necesidad y urgencia –como si por este medio pudiera transgredir las normas de rango superior– dispuso el pago único y obligatorio, en el ámbito privado, de la suma de $24.000 no remunerativa para quienes tengan una remuneración neta inferior a $161,859 (devengada en diciembre de 2022). Para quienes cobran hasta $185.849 se dispuso, en tanto, el pago de un importe tal que se complete esa cifra.

Se estableció también que los pagos debían hacerse en forma proporcional a la jornada de trabajo, correspondiendo la cifra completa para quienes trabajan 8 horas diarias y hasta 48 horas semanales. En cuanto al plazo para pagarlo, se fijó que sería en diciembre de 2022.

El bono es una suma no remunerativa, a pesar de que es unánime la jurisprudencia en el sentido de que el Poder Ejecutivo no tiene atribuciones para calificar la naturaleza jurídica de la prestación en forma contraria a la Ley de Contrato de Trabajo. Eso la transforma automáticamente en una suma contingente, y con riesgos de que un reclamo judicial califique de inconstitucional y active las multas de las leyes 24.013 y 25.323. En el fallo “González M.N. c/Polimat” de mayo de 2010, la Corte Suprema invalidó los decretos dictados por el expresidente Néstor Kirchner sobre sumas no remunerativas.

En cuanto a las atribuciones del Poder Ejecutivo para imponer un aumento o ajuste de salarios, hoy no las tiene. Ni siquiera podría haberse dispuesto por vía de un decreto reglamentario de la Ley de Contrato de Trabajo; sería inválido por ser una excepción reglamentaria que modifica el espíritu de la ley, como lo expresa el artículo 99 inciso 2 de la Constitución.

Por ende, el pago es impugnable, ya que el Ejecutivo se arrogó facultades que son propias de los sindicatos y los empleadores a través de los convenios colectivos, o por medio de los resortes legales o, a todo evento, son atribuciones del empleador en el contexto del riesgo de cada empresa (Paul Durand).

El decreto es inconstitucional y viola reglas básicas. Afecta el derecho a trabajar y al ejercicio de toda industria lícita (artículo 14 de la Constitución); viola en forma directa las atribuciones de la normativa sobre el Salario Mínimo Vital y Móvil y sobre negociación colectiva, en la cual intervienen los sindicatos, las empresas y el Ministerio de Trabajo de la Nación (artículo 14 bis); altera el principio de igualdad (artículo 16); compromete el derecho de propiedad (artículo 17), y coloca en tensión las atribuciones del artículo 99 sobre el dictado de un DNU sobre un tema respecto del cual no existen atribuciones delegadas.

Estamos en presencia de una nueva iniciativa contingente, que afecta la competitividad de las empresas; castiga a las microempresas y a las organizaciones más vulnerables; no soluciona el problema que pretende resolver; es selectiva y discriminatoria, y complica y distorsiona los costos de la economía en su conjunto, en momentos en que habría que ponderar el salario basado en la productividad, como una herramienta eficaz para luchar contra la inflación.

La Fundación Libertad y Progreso fue distinguida por la Revista Forbes como uno de los Think Tanks con mayor presencia en redes sociales de Latinoamérica.

Alejandro Chafuen, Presidente de Atlas Network entre 2010 y 2018 y autor del ranking de think tanks por el libre mercado con impacto en redes sociales, destacó que la Fundación Libertad y Progreso “consolidó su liderazgo en Youtube”, siendo el segundo en cantidad de suscriptores y vistas fuera de los Estados Unidos en el 2021.

Agradecemos a toda la audiencia que nos acompaña y a nuestros partners y socios, que posibilitan que sigamos creando contenidos para la batalla cultural y para lograr un cambio definitivo al progreso en Argentina.

EL ECONOMISTA La Cámara de Diputados debate la baja de la edad de imputabilidad luego del horrendo asesinato de Kim Gómez. El proyecto contempla penas de hasta 20 años para menores que cometan delitos graves.

Es claro que reducir la edad de imputabilidad constituye una medida acertada e imprescindible, dado el actual contexto que vive nuestro país, pero para enfrentar las causas que han generado esta tremenda realidad es necesaria una mirada desapasionada, desprovista de un natural componente emocional, propio del ser humano, frente a la atrocidad vivida.

Un delincuente no es un ser irracional ni actúa al azar. Como cualquier otra persona, toma decisiones evaluando costos y beneficios. Si no está bajo el efecto de sustancias, su elección de delinquir responde a un análisis: ¿qué gana y qué arriesga al cometer un crimen?

Este simple y a la vez importante concepto fue propuesto por el Premio Nobel de Economía, Gary Becker, en su influyente trabajo: “Crimen y Castigo: Un Enfoque Económico”, publicado en 1968.

Becker introdujo el concepto de que los delincuentes toman decisiones racionales al comparar los beneficios del delito con los costos asociados. Según su análisis, los individuos cometen delitos si el beneficio esperado supera los costos de ser atrapado y castigado.

Desde su perspectiva, un delincuente evalúa las consecuencias de su acción en términos de lo que ganaría si tiene éxito, frente a las probabilidades de ser detenido y castigado. Por lo tanto, si los costos (en términos de riesgo y castigo) son menores que los beneficios de cometer el crimen, la persona lo considerará como una opción racional. Este principio subraya la importancia de aumentar el costo de la delincuencia; es decir, hacer que el riesgo de ser atrapado y recibir un castigo efectivo sea suficientemente alto como para disuadir a las personas de cometer delitos.

Si queremos reducir la delincuencia, debemos tomarlo en cuenta. Hay que aumentar el costo de delinquir, lo que implica elevar la probabilidad de ser detenido y de cumplir una condena efectiva. Más policías capacitados y el cumplimiento estricto de largas condenas que la ley imponga son herramientas fundamentales para lograrlo.

Sin embargo, Becker también planteó otro concepto clave: el costo de oportunidad del crimen. Este costo se refiere a lo que una persona pierde al optar por una actividad ilegal en lugar de una alternativa legítima. Si una persona tiene acceso a oportunidades legales de ingresos, como un empleo bien remunerado o la posibilidad de mejorar su nivel educativo, el costo de oportunidad de cometer un crimen aumenta. En otras palabras, si las alternativas legales son más atractivas que el crimen, las personas estarán menos inclinadas a involucrarse en actividades ilegales.

Un claro ejemplo de ello lo ofrece la población carcelaria en Argentina. Un alto porcentaje de los reclusos no ha terminado la escuela secundaria, y muchos ni siquiera han completado la educación primaria. 

Reducir la edad de imputabilidad es un paso imprescindible para enfrentar la delincuencia juvenil que hoy afrontamos, pero no debemos perder de vista la otra cara de la moneda. Ninguna política de seguridad será completamente efectiva si no se acompaña de una apuesta firme por la educación. Si queremos un país más seguro, no basta con endurecer las leyes: debemos también abrir más puertas hacia el futuro.

Por cierto, se le atribuye a Pitágoras haber afirmado “educad a los niños y no será preciso castigar a los hombres”. Más oportuno, imposible.

Lunes 24 de febrero, comienzan las clases y, como siempre, también los paros docentes. Un escenario predecible frente a cualquier gobierno que no esté alineado políticamente con los jerarcas sindicales, con Roberto Baradel, con Sonia Alesso, con aquellos que contribuyeron a mantener cerradas las escuelas durante casi dos años en la pandemia, generando un daño a una generación de niños y jóvenes del cual jamás se habrán de recuperar.

¿Cómo lograr algo aparentemente tan elemental como que los niños puedan concurrir a la escuela, sino con la declaración de la educación como una actividad esencial? Pero eso, por sí solo, no alcanza.

El 14 de agosto pasado, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley presentado por el titular de la Comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, que declara a la educación como un servicio estratégico esencial y obliga a las escuelas a abrir los días de paro y contar con una guardia mínima de personal que garantice el derecho a la educación de los niños y adolescentes. Entre otros puntos, el proyecto estipula que el 30% del personal de la escuela deberá permanecer en sus puestos durante los dos primeros días de la medida de fuerza, para garantizar la continuidad de las clases. Si el paro se prolonga por más de dos días, este porcentaje se incrementará al 50%.

Si bien la aprobación del proyecto constituye un avance, es insuficiente para defender el derecho a la educación de los niños y jóvenes que asisten a escuelas de gestión pública, mayormente afectados por los paros docentes.

Un niño que asiste a clases en un establecimiento donde concurriría tan sólo el 30% de los docentes no puede desarrollar su proceso de aprendizaje con normalidad. Ello no garantiza su derecho a la educación.

Es imprescindible exigir una mayor asistencia docente, como lo estipulaba, por ejemplo, el DNU del gobierno nacional de diciembre de 2023. En su artículo 97, inciso f, definía la educación como uno de los servicios esenciales, y explicitaba que: “en lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso podrá negociar o imponer las partes una cobertura menor al setenta y cinco (75%) de la prestación normal del servicio de que se tratare”.

El 1 de marzo de 2024, en su discurso de Apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei expresó: “En una Argentina donde los chicos no saben leer y escribir, no podemos permitir más que Baradel y sus amigos usen a los estudiantes como rehenes para negociar paritarias con los gobiernos provinciales. Por eso, incluimos en el decreto de necesidad y urgencia a la educación como servicio esencial, lo cual le sacará el arma de la mano a los sindicatos y los obligará a prestar al menos un 70% del servicio educativo durante cualquier huelga”.

No tengo duda alguna de que el presidente tiene razón. Es necesario que el Senado, en su rol de Cámara Revisora, apruebe el proyecto de ley que hoy cuenta con media sanción de Diputados, pero elevando a un 75% el porcentaje de asistencia docente requerida, como lo establecía el DNU, y que dicha modificación sea ratificada por la cámara de origen.

Los niños no pueden hacer huelga ni protestar por su derecho a aprender. Si los adultos no priorizamos su educación, en pocos años muchos de ellos dependerán de planes sociales y vivirán atrapados en un ciclo de pobreza. ¿Vamos a seguir condenándolos a ese destino? Nuestros representantes en el Congreso tienen la posibilidad y responsabilidad de evitarlo. No pueden mirar para otro lado.

* Miembro de la Academia Nacional de Educación y Rector de la Universidad del CEMA

Canal E – Agustín Monteverde, Consejero académico en la Fundación Libertad y Progreso

El economista Agustín Monteverde analizó en diálogo con Canal E el panorama económico de Argentina y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como la posibilidad de avanzar en un acuerdo de reciprocidad comercial con Estados Unidos.

El acuerdo con el FMI está prácticamente definido

Monteverde se refirió al acuerdo con el FMI y destacó que “esto ya está definido”. Según el economista, ambas partes tienen la voluntad de cerrar el trato y lo que queda por definir son “las particularidades del mismo, como la secuencia de los desembolsos y el monto final”.

Además, Monteverde resaltó que “Argentina ha sobrecumplido las metas que nunca hubiera imaginado el Fondo”, algo que, según él, facilitó el proceso de negociación. “Las metas que se autoimpuso Argentina son muy superiores a cualquier pauta que haya fijado el FMI con cualquier país del mundo en su historia”, aseguró.

En cuanto al respaldo internacional, indicó que “lo que tal vez faltaba ver es el enorme apoyo con que cuenta hoy esta administración por parte del principal accionista del FMI”, en referencia a Estados Unidos.

Reciprocidad arancelaria con EE.UU.: un camino viable

Consultado sobre la posibilidad de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Monteverde consideró que es un proceso complejo que “lleva tiempo de negociación”. Sin embargo, destacó que lo más relevante en el corto plazo es la “reciprocidad en materia de aranceles”, lo que podría abrir el comercio en diversas áreas beneficiosas para ambos países.

Monteverde también refutó la idea de que Argentina no podría comerciar con Estados Unidos por falta de complementariedad económica. “Quien dice eso no estudió economía”, afirmó, agregando que “el comercio internacional en general mejora la calidad de los bienes, reduce costos y aumenta el nivel de vida de la población”.

El impacto de los aranceles en el comercio exterior

Sobre la decisión de EE.UU. de subir aranceles a algunos socios comerciales, Monteverde sostuvo que “el problema no es que Estados Unidos suba aranceles, sino que Argentina tiene una sobreprotección arancelaria y para-arancelaria”. En este sentido, destacó que “un acuerdo de reciprocidad arancelaria nos permitiría bajar nuestros propios aranceles”, lo que generaría mayor competitividad.

“El beneficio del comercio no proviene sólo de exportar, sino de comerciar, de vender y de comprar. Los países se benefician cuando pueden acceder a productos de mejor calidad y a menor precio”, agregó.

Argentina y su apertura económica

En relación con quienes sostienen que Argentina va en “contramano” del mundo por su política de apertura comercial, Monteverde negó esa afirmación: “Argentina está tratando de parecerse a los países que tienen economías más abiertas”. También enfatizó que “Estados Unidos, con Trump o sin Trump, sigue siendo una de las economías más abiertas del mundo” y que Argentina podría beneficiarse de seguir ese modelo.

Reservas y fortalecimiento del Banco Central

Finalmente, Monteverde abordó la situación del Banco Central y las reservas internacionales. “Las reservas no son el problema central, sino un tema derivado de lo que hay que hacer”, explicó. En este sentido, afirmó que “fortalecer al Banco Central es clave, porque fue dejado en una situación crítica” y que, para ello, “el crédito del FMI servirá para recomprar títulos y mejorar la liquidez de la entidad monetaria”.

Según el economista, esto será fundamental para avanzar en “la unificación cambiaria y el levantamiento del cepo”, aunque advirtió que “el proceso debe hacerse de manera solvente y prudente”.

LA NACIÓN Cuenta la leyenda que, con su canto, las sirenas embelesaban a los tripulantes de los barcos y los llevaban a sucumbir en un naufragio. Las medidas proteccionistas del gobierno de EE.UU. llevaron a algunos en la Argentina a argumentar que se debía responder manteniendo o incrementando el proteccionismo local. En esta columna demostraremos que no hay que escuchar esos “cantos de sirena”, que sólo harán naufragar nuestro bienestar para llenar los bolsillos de algunos privilegiados.

Para entenderlo, analicemos cómo afectará a los estadounidenses que se cierre su economía. Cuando se protege a algún/os sector/es, se encarece la importación de los bienes y servicios alcanzados por esa medida. De esta forma, los productores locales pueden vender a un mayor precio lo que producen, con un impacto negativo en el bienestar de aquellos que los pagarán caros y se les reducirá su posibilidad de elegir.

Por otro lado, al volver artificialmente más rentables esos sectores, cuando son relativamente ineficientes y por eso no podían competir con los importadores, se incentiva a que se dediquen recursos a producir allí. Además, se generan empleos a costa del nivel de vida del resto de la población. En cambio, si se los asignaba a los sectores más productivos, dichos empleos y recursos hubieran servido para mejorar el bienestar de la sociedad; ya que hubieran generado una mayor disponibilidad de bienes y servicios.

Por otro lado, si lo que se protegen son sectores que producen insumos para otras empresas más eficientes, eso les quitará competitividad; porque ya no podrán comprarlos más barato y mejor, eligiendo entre la oferta de todo el mundo. Por lo tanto, los bienes y servicios que producirán no tendrán al mejor precio y mayor calidad posible. En conclusión, se estará mejorando a un sector ineficiente, que no podía competir contra productos del exterior, a costa de uno verdaderamente productivo, que sí puede hacerlo.

Téngase en cuenta que el que importa un producto tiene que pagar todo el costo de traerlo desde otro país; mientras que el productor doméstico no tiene ese problema, o sea que ya cuenta con una protección natural por ser local. En tanto, el exportador es lo suficientemente eficiente como para asumir lo que sale poner ese producto en otro país e, igual, ganarle mercado a quienes lo elaboran allí. Así queda claro que estos últimos son más eficiente que los primeros.

Cuando un país normal se protege a parte de la economía, se desincentiva la importación; por lo que, en ese mercado, caerá la demanda de divisas extranjeras, haciendo que pierdan valor. Los que producen divisas extranjeras son los exportadores; por lo que se los desincentiva a fabricar y vender al mundo. En definitiva, se afecta negativamente a la parte de la economía que es eficiente, para beneficiar a otra parte que es relativamente ineficiente. Por lo tanto, la productividad de esa economía será menor, la disponibilidad de bienes y servicios también y el conjunto del país vivirá peor.

Además, suele pasar que los países que se vuelven proteccionistas generan reacciones de otras naciones que responden con medidas similares. Por lo tanto, los exportadores tienden a ver cada vez más difícil vender sus productos en el mundo; lo cual vuelve a golpear negativamente a los sectores más eficiente y, por ende, al bienestar presente y futuro de sus habitantes. Por lo tanto, queda claro que las posibilidades de crecimiento de una nación proteccionista son menores que lo que hubiera sido si fuera mantenido su apertura.

Por supuesto, en la Argentina no es raro que aparecieran quienes proponen responder con mayor proteccionismo o, por lo menos, frenar el proceso de apertura actual. Sin embargo, eso sólo beneficiará a los sectores que compiten con importaciones, permitiéndoles ganar más plata vendiendo localmente a mayores precios sus productos o servicios. Esto, a costa del bienestar de los restantes habitantes del país, como demostramos en los párrafos anteriores. Mientras tanto, se volverá menos eficientes a aquellos sectores más competitivos del país, desincentivando invertir allí, para producir más y generar empleo mejor remunerados, que además son útiles a la sociedad y no a costa de ella, como los creados con proteccionismo. Por ende, cerrar la economía sólo empeorará las cosas aún más para sus residentes. No hay que escuchar los cantos de sirena “proteccionistas” de los que sólo quieren ganar plata a costa del nivel de vida sus conciudadanos.

Economista y director de la Fundación Libertad y Progreso

CLARÍN A algunos les llamará la atención el título de la nota; pero tiene una explicación sencilla. En primer lugar, podría justificarse no apoyar cerrar este trato con el Fondo si implicara un aumento del endeudamiento del gobierno. Sin embargo, está lejos de ser así.

RADIO DOS “Todo es por la incertidumbre que surge por el tema del acuerdo con el FMI, algunos piensan que eso está demandando un acuerdo en el tipo de cambio. Lo que está ocurriendo hoy es una combinación de incertidumbre económica global y local, lo que provoca un aumento en los dólares paralelos”, explicó el economista Aldo Abram, en el programa Antes que se Imprima, conducido por Raúl Acevedo.

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En este sentido, señala que la incertidumbre global, con las políticas de la administración de Donald Trump, ha afectado a los países con mayor riesgo, como Argentina. “Lo último que quieren los inversores es agregar más riesgo a sus portafolios, lo que agrava nuestra situación”, agregó.

Uno de los puntos clave en la conversación fue el tema de la emisión monetaria. Abram señaló que uno de los principales factores que genera esta emisión es la compra de dólares.

“Muchos tratan de cubrirse , pero esto va a ser coyuntural. Una vez que se concrete el acuerdo con el fondo se darán cuenta que no habrá un salto relevante del tipo de cambio y que haber comprado dolar a más de 1300 pesos ha sido un pésimo negocio”, precisó el economista.

Cuenta con más de 1.500 puestos jerárquicos: el mapa del Estado de la PBA.

Según un informe de la Fundación Libertad y Progreso, a mayo de 2024la provincia de Buenos Aires es la de mayor tamaño en cantidad de empleados públicos, explicando el 28% del empleo estatal total de las provincias.

La estructura administrativa de su Poder Ejecutivo llama la atención por su extensión. Considerando a la Administración Centralizada, cuenta con un total de 1.540 puestos jerárquicos dependientes del gobernador. Incluyendo 15 ministerios, una Coordinación General, una Jefatura de Asesores y una Secretaría General, todas con cargo y remuneración ministerial, para lograr un total de 18 puestos con rango de ministro. Hacia abajo, el organigrama está compuesto por 124 Subsecretarias (o puestos jerárquicos con rango equivalente), 375 Direcciones Generales y Provinciales, y 1.023 Direcciones. Esto sin incluir los 30 Organismos que dependen de los ministerios, cada uno con su propia estructura. La existencia de una estructura jerárquica de estas dimensiones va en contra de la agilidad en la toma de decisiones y el buen uso de los recursos públicos.

Solo para cubrir los sueldos jerárquicos correspondientes a esta estructura, estimamos que la provincia destina unos $16.769 millones anuales a precios de mayo de 2024. Esto es equivalente a lo que reciben unos 398.857 beneficiarios de la AUH, 69.500 jubilaciones mínimas (con bono), 97.903 jubilaciones mínimas (sin bono), 75.861 salarios mínimos, vitales y móviles, 62.569 canastas básicas totales, y 138.903 canastas básicas alimentarias.

MAPA DEL ESTADO DE LA PBA*

Organigrama Administración Central provincial. Mayo de 2024.

Fuente: Libertad y Progreso en base a Gobierno de la PBA. *Puede descargar una versión en alta definición del Mapa del Estado de la PBA aquí.

La estructura jerárquica de mayor envergadura se sitúa en el Ministerio de Seguridad, con un total de 294 puestos jerárquicos, de los cuales 81 ocupan cargos superiores. Vale la pena mencionar que esto se debe a que, dentro de la Auditoría General de Asuntos Internos, organismo perteneciente a dicho ministerio con rango y remuneración equivalente al de una Subsecretaría, se encuentran 48 direcciones simples bajo la denominación de “Instructora de Asuntos Internos”.

Tras este ministerio, los siguientes en magnitud son el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con 168 puestos jerárquicos, con 11 Subsecretarías, 33 Direcciones Provinciales, 2 Direcciones Generales y 118 Direcciones. Y le sigue el Ministerio de Gobierno, con 109.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ADMINISTRACIÓN CENTRAL PBA

Cantidad de unidades por jurisdicción. Mayo 2024.

Fuente: Libertad y Progreso en base a gobierno de la PBA.

 

Las reformas que se necesitan

Con datos a 2023, las provincias argentinas concentran alrededor del 65% del empleo público total. Los municipios, por otra parte, explican otro 15%, mientras que solamente el 20% del total está en el Estado nacional. Esto es, casi dos de cada tres de los 3,9 millones de trabajadores se encuentran en los sectores públicos provinciales. Y, como mencionamos, la Provincia de Buenos Aires es la de mayor tamaño en términos de su sector público, explicando el 28% del empleo estatal de las provincias.

En el contexto de severa vulnerabilidad económica que atraviesa Argentina, el proceso de ordenamiento macroeconómico y de mejora en la eficiencia del gasto público no puede quedar reducido únicamente a las reformas del Sector Público Nacional, sino que ineludiblemente debe incluir a las provincias. Y, por su escala, en particular a la Provincia de Buenos Aires.

En este sentido, recomendamos:

1. Reducir la cantidad de ministerios en un 50% y la estructura jerárquica en no menos de un 40%;
2. Reducir la cantidad de niveles jerárquicos;
3. Establecer líneas definidas de responsabilidad y evitar duplicaciones;
4. Racionalizar la proporción entre unidades administrativas superiores e inferiores para aliviar costos de coordinación;
5. Minimizar los cargos políticos y privilegiar los cargos jerárquicos de selección profesional.

La opinión de nuestros expertos

Clara Alesina, Economista de la Fundación Libertad y Progreso, dijo que “estos datos ponen de manifiesto que el sector público en la provincia de Buenos Aires ha alcanzado una magnitud y costo insostenibles, especialmente en el contexto de la presente crisis. Debido a la incidencia que tiene esta provincia sobre el país en su totalidad, su trasformación es trascendental para brindar a la Argentina la oportunidad de despegue y mejora. Es imperativo que el Estado provincial reduzca su tamaño a una escala compatible con las funciones que tiene a cargo y reclaman los ciudadanos, liberando así recursos que la sociedad tanto necesita en estos momentos de cambio. Por otro lado, la transparencia en el funcionamiento institucional de los gobiernos es crucial para garantizar la rendición de cuentas y para entender cómo se utilizan los recursos públicos que, en definitiva, lo financian los ciudadanos. Es muy importante llevar a cabo cambios a nivel provincial dado que resulta sumamente complejo impulsar la reactivación económica del país, si la nación y las provincias no están alineadas en sus objetivos y acciones.”.

Eugenio Marí, Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso, opinó que “hay una responsabilidad federal en estabilizar la economía argentina y dar los incentivos correctos al crecimiento. Por el carácter presidencialista de nuestro país, por ahora el debate se ha centrado más que nada en la agenda nacional, pero las provincias tienen enormes desafíos por delante. Basta con decir que 3 de cada 4 empleados públicos son parte de las administraciones provinciales. Y que, de los 148 impuestos y tasas vigentes, solo 45 son nacionales”.

Además, Marí agregó que “la reforma en el caso de la provincia de Buenos Aires resulta urgente además porque concentra casi a la mitad de los pobres del país. El crecimiento es una urgencia de corto plazo, y no habrá crecimiento sin reforma del Estado, incluyendo al provincial”.

INFOBAE Los liberales impulsamos buenas ideas, sin someternos a líderes o mitos. La libertad y habilidades individuales conectan nuestra mirada. Las propuestas que objeto fueron sustentadas nada menos que por los premios Nobel Milton Friedman y Frederick Hayek.

Karl Popper, importantísimo filósofo de la ciencia, estableció que una teoría científica nunca puede ser probada; sólo puede ser aceptada en tanto no sea refutada en observaciones veraces.

Por otro lado, para el ilustre economista Francis Edgeworth los individuos inciden bajo dos estilos, dependiendo de si actúan con o sin la conformidad de otros afectados por sus acciones. El primero puede denominarse convenio, el segundo conflicto.

Por su parte, John Commons, principal exponente de la Economía Institucional norteamericana y, mucho más tarde, el premio Nobel Oliver Williamson, proclaman que la transacción- la transferencia de propiedad por cualquier motivo- debe ser la base del análisis económico. En amplio contraste con la economía neoclásica, cuyas unidades de análisis son cantidades de bienes y actos individuales, al suponer la armonía de intereses. Cuando, de verdad, prevalecen los conflictos.

Commons también difiere con Karl Marx, observando que los individuos superan conflictos descubriendo las insuficiencias respectivas y la necesidad de ordenarse. Sostiene: “Toda institución es una acción colectiva que controla y expande la acción individual”. La cooperación resulta, en última instancia, no de la armonía de los neoclásicos, si no de acciones deliberadas coordinando los convenios posibles.

Commons destaca la importancia de los actos conjuntos, con todas sus variantes. Y plantea que la transacción reúne tres elementos: 1) Conflicto o desorden, situación incompatible en que distintos agentes intentan algo al que otros se oponen; 2) Ventajas compartidas de negociar derechos, especializando las tareas; y 3) Orden o concierto, medida o grado en que se concretan los negocios en la forma prevista.

Propuestas locales que son objetables

Suprimir el BCRA. Se trata de una institución útil que debiera velar por el valor de la moneda y la seguridad del crédito. Todos los bancos comerciales mantienen depósitos en un ente monetario central, a modo de reserva para los depositantes, que permiten agilizar las transferencias.

No obstante, en la Argentina recién a partir de 1936 se creó el BCRA, en ese entonces se trataba de una entidad mixta, con participación estatal y privada. En 1946 fue estatizada con el objeto declarado de “promover el desarrollo económico”.

Milton Friedman, en su monumental Historia Monetaria de los EEUU y clases en la Universidad de Chicago, sostenía que el actuar de la Reserva Federal (Fed), el banco central de los EEUU, agravó la Gran Depresión de 1930. Hubiera preferido que la Fed no existiera.

Infinidad de autores se quejan de los errores cometidos con la emisión excesiva de dinero. No obstante, la mayoría de los países mantienen bancos centrales que cumplen funciones relevantes, y los países prósperos registran niveles de crédito global crecientes respecto del PBI, asentados en reglas estables, expansivas de la transparencia y responsabilidad ante la ciudadanía.

Reemplazar al peso de curso legal por la competencia de monedas. La propuesta de Frederick Hayek era que “cada persona elija y mantenga la moneda que prefiera”, olvidando que la unidad de cuenta es el lenguaje de las transacciones. Mientras el idioma es una institución que se afirma con el uso, pues no es conflictiva, la unidad de valor es altamente conflictiva. A los acreedores les conviene fortalecerla, a los deudores devaluarla. Por eso, la tenencia de distintas monedas trabaría los negocios.

Sin embargo, la competencia se da entre monedas de distintos países, mediante la institución de mercados de divisas dispuestos a pagar el costo. Condición que no se da en mercados de sustancias altamente estandarizables: petróleo, productos agrícolas y otros. En la Argentina también los inmuebles para los propietarios.

Según FMI, el dólar estadounidense es el más demandado en las reservas internacionales de los países, con 6,4 billones, segundo el euro, 2,1 billones. Las demás monedas no son tan relevantes en la formación de los activos externos de los país.

La banca Simmons, es un sistema que intenta evitar el impacto negativo de las corridas bancarias. En apretada síntesis, consiste en prohibir financiar préstamos bancarios con los depósitos a la vista, imponiendo exigencias de encajes del 100% de los depósitos. En su tiempo, los profesores de la Universidad de Chicago, con Milton Friedman a la cabeza, la recomendaban para estabilizar la oferta monetaria.

¿Cuál es la dificultad? Si los bancos no pudieran prestar lo captado por los depósitos, ese monto iría al emisor a través de encajes. La relación préstamos/depósitos se mantendría constante, independiente de las sumas de las colocaciones del público y empresas. Entonces alguna entidad fuera del sistema debiera ajustar el uso de los fondos para equilibrar las cuentas. Un remedio posible para unos; a cargo de quienes no se benefician de la norma. Aparte, los depositantes debieran pagar al banco los servicios prestados, en lugar de un negocio compartido entre depositantes y prestamistas, otra imposición tan significativa como el costo del servicio.

Estos tres ejemplos confirman que las propuestas de los nuevos políticos deben ser consistentes con las instituciones vigentes. Las libertades también están sujetas a restricciones institucionales.

Creo que el error en las tres iniciativas es desconocer las miradas de Popper y Commons. Las transacciones, como todo intercambio comunicacional, requieren de una referencia estable. La moneda cumple ese rol en tanto su identidad y valor sean previsibles. Alguna institución confiable debiera ser responsable frente a los usuarios.

Agustín Etchebarne en Así Estamos expone la propuesta para una revolución educativa   Hay un cambio de paradigma en el mundo y hay que preparar la educación para ello.

Agustín Etchebarne en Impacto Económico. El peronismo es violento, en especial en un año electoral donde no son gobiernos. Ellos no tienen propuestas, solo ponen palos en la rueda, aún así la economía seguirá creciendo. Protestas violentas, su efectos en la gente.

SIN MORDAZA

El economista Aldo Abram apuntó contra “los conceptos económicos equivocados” y las responsabilidades políticas ante la crisis.

La inflación no da tregua y ya se calcula en 100 por ciento la medición interanual. Para el economista Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, el problema radica en una coyuntura internacional delicada, heredada de los años de pandemia.

“Cuando miras lo que está sucediendo en el mundo, ves que hay inflación. No como acá, pero el 9 o 10 por ciento anual en países desarrollados que no tenían esos niveles, es grave”, señaló en Cadena OH!.

“Esto sucede fundamentalmente porque estuvieron emitiendo dinero. Hubo lluvia de dólares y divisas duras de los países desarrollados en el mundo, para moderar las consecuencias de las rescricciones económicas que impuso la pandemia. Esto generó consecuencias en muchos países de la región”.

En este contexto, y mientras se aduce un problema de escasez de divisias, el gobierno de Alberto Fernández fue al que más dólares le liquidó el campo. Así, “el gran problema de Argentina es que las gestiones de estos gobiernos generaron que nadie quiera invertir en el país“.

Se establece entonces un círculo vicioso, en el que los pequeños ahorristas tratan de cubrirse comprando dólares, para que su dinero no pierda valor. Por otro lado está el cepo que, “nos guste o no, es un mecanismo que genera escasez de dólares”.

“El primer motivo por el cual las cosas se hacen mal es porque no están las personas idóneas para la tarea. Hay una ignorancia, se tienen conceptos económicos equivocados. La gente ya sabe que si el dólar empieza a subir, el peso pierde valor. Entonces se deja de demandar pesos y vuelve a devaluarse. Eso es más que preocupante, toda esa suba de los dólares, lo vamos a ver después reflejado en los distintos bienes de la economía”, dijo por último.

Aldo Abram en Telefe Córdoba. El economista explica quienes pierden con esta guerra de aranceles desatada por EEUU. En particular comenta cómo afecta a la Argentina.

 

El Dr. Alberto Benegas Lynch (h), Presidente de nuestro consejo académico, destacado economista y referente del liberalismo en Argentina fue entrevistado por Nicolás Márquez. La conversación, titulada “¿QUÉ ES EL LIBERALISMO?”, se centró en los principios fundamentales del liberalismo, su relevancia en el contexto actual y su aplicación en la sociedad argentina.