LAS REFORMAS NECESARIAS PARA CRECER EN LIBERTAD

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La gestión populista del kirchnerismo, orientada ideológicamente hacia la intervención, fue consolidando a lo largo de 12 años severas distorsiones y carencias. El gobierno del presidente Mauricio Macri encontró un Estado en default y sin acceso al crédito en condiciones razonables. El gasto público había llegado a niveles inéditos y había un déficit fiscal, incluyendo intereses, del orden de 7% del PBI. Este casi inmanejable desequilibrio ocurría a pesar de una altísima e insostenible presión tributaria. La emisión monetaria impulsaba una inflación del orden del 40% anual, aunque reprimida por los congelamientos tarifarios, por el atraso cambiario y los controles de precios. Las reservas internacionales disponibles eran de hecho nulas por su insuficiencia para los pagos que el 10 de diciembre de 2015 ya estaban comprometidos. El abastecimiento energético dependía fuertemente de la importación. Las tarifas de servicios públicos estaban severamente retrasadas compensándose con subsidios que no alcanzaban a inducir inversiones en infraestructura. El tipo de cambio fue utilizado como ancla anti inflacionaria y el retraso afectó las exportaciones y alentó las importaciones. Por necesidad e impulsado por su ideología el gobierno de los Kirchner instauró el control de cambios (el cepo) que perturbó las actividades productivas y generó déficit comercial. Para peor, los precios internacionales de los productos agrícolas se habían deteriorado respecto de los elevados niveles del periodo 2005- 2009. Lamentablemente esa buena parte del ciclo externo había sido desperdiciada.

Durante todo el periodo kirchnerista hubo una degradación institucional que afectó la seguridad jurídica y el derecho de propiedad. La fuga de capitales fue intensa y muy superior al ingreso de inversiones directas. Junto al cepo cambiario el Banco Central se hizo cargo de los pagos externos del Tesoro y vendió fluidamente “dólar ahorro” para mantener controlada la cotización de la divisa en el mercado paralelo. De esa forma perdió reservas. El gasto cuasi fiscal se catapultó debido al pago de altos intereses por el elevado stock de letras del Banco Central emitidas para absorber y morigerar la descontrolada emisión monetaria requerida para solventar el enorme déficit fiscal.

A todas estas falencias se agregó la estrategia desarrollada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en los dos últimos años de su mandato que solo se propuso llegar al 10 de diciembre de 2015 sin que un evento económico o social la lleve a una situación inmanejable. Debido al temor de un episodio hiperinflacionario, o una corrida bancaria, o una estampida del dólar paralelo, se fueron sumando distorsiones y acumulando problemas irresueltos que pasaron como herencia al gobierno de Mauricio Macri. Como ejemplo extremo de aquella irracionalidad el Banco Central operó en la venta de dólar futuro a un precio deliberadamente inferior a las expectativas de cotización y por debajo de las cotizaciones de ese mismo futuro en plazas del exterior. Esta irregularidad exigió una revisión de los contratos; pero, de todas maneras, obligó a un fuerte desembolso para no incumplir, con la consiguiente emisión monetaria.

El gasto público se desbordó durante el gobierno de los Kirchner y el déficit fiscal luego del pago de intereses subió por encima del 7% del PBI. Ante la falta de acceso a financiamiento genuino, ese déficit se solventó con colocación de papeles impagables en la ANSES, el PAMI y el Banco Central. La base monetaria carecía de respaldo lo que condicionaba la salida del cepo a la recuperación de la confianza para asegurar un flujo de ingreso de divisas que pudiera mantener un tipo de cambio equilibrado, evitando un overshooting. El gobierno de Mauricio Macri logró ese marco y pudo salir del cepo a los pocos días del inicio de su gestión.

La inflación sólo había sido atenuada artificialmente mediante el retraso cambiario y los congelamientos tarifarios, y además había contado con la ayuda de la recesión económica inducida por el gobierno kirchnerista. Le expansión monetaria, consecuencia del déficit fiscal, había alcanzado más de un 40% anual. Esta fue la causa principal de la inflación sufrida en los primeros meses de la gestión de Macri. Todas estas circunstancias debían ser corregidas con el menor costo económico, social y político, y éstos serían tanto menores cuanto más rápido se recuperara la confianza.

Un primer desafío del Presidente Macri, fue clarificar la dimensión y el origen de los problemas heredados y explicar por qué demandarían soluciones impostergables y duras. Macri demoró más de lo debido en hacer este reconocimiento. La comunicación con la sociedad es esencial para prevenir y enfrentar las reacciones y no debiera excluir la clarificación de la forma en que se intentará distribuir equitativamente el costo de las medidas correctivas. Se sabía que los primeros meses del nuevo gobierno serían difíciles, pero lo peor que podría hacerse era eludir los problemas o demorar las verdaderas soluciones intentando dar inicialmente una imagen de tranquilidad. La hora de la verdad llegaría de todas maneras, y eso ocurrió en mayo de 2018.

Desde la Fundación Libertad y Progreso proponemos que se inicien las reformas que se desarrollan en este libro, con el tiempo y la oportunidad que sean convenientes.

La corrección fiscal por disminución del gasto, la estabilidad y una mayor eficiencia productiva eran y siguen siendo los más urgentes deberes. El déficit financiero (incluyendo intereses y provincias) superaba a fines de 2017 un 7% del PBI. Este nivel era incompatible con las posibilidades de financiamiento, lo que se puso en evidencia en abril de 2018. Un déficit de esa magnitud financiado con endeudamiento, llevaba al riesgo de default. Un leve cambio en los mercados externos puso en enormes dificultades a países con sus finanzas comprometidas. Argentina era uno de ellos.

El gasto público consolidado (Nación + Provincias + Municipios) pasó de un promedio histórico del 30% del PBI previo a 2002, a un nivel de 47% del PBI en 2015, y alcanza un 45% actualmente. La presión tributaria también se elevó en el mismo periodo desde 27% en 2002 a 39% en 2015 y no ha descendido. Tanto el uno como el otro son niveles que la economía argentina no soporta y deben ser disminuidos. Las primeras medidas en 2015 apuntaron a reducir impuestos. Tal fue el caso del recorte inicial de las retenciones a la exportación y el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Esta tendencia se revirtió en abril de 2018 frente a la corrida cambiaria.

Deberán ponerse en marcha medidas y programas que den seguridad que en un determinado plazo el gasto público y el déficit se reducirán y serán financiables sin emisión monetaria. La recuperación de la confianza y del crédito sólo se logrará con un programa creíble, aunque los resultados tarden en lograrse.

Según Libertad y Progreso las acciones prioritarias deben comprender:

A) Continuar con la reducción de los subsidios a la energía y al transporte, normalizando en un plazo prudencial las tarifas y precios, retrotrayéndolos como regla general, a los niveles reales de 2001. El impacto sobre los estratos de muy bajos ingresos deberá amortiguarse selectivamente con instrumentos de subsidio a la demanda.

B) Eliminación de subsidios aún remanentes a actividades productivas suprimiendo todo control e intervención en los precios.

C) Reducción gradual del otorgamiento de planes sociales a quienes no lo necesiten, transformando los subsidios actuales en trabajos simples con sistemas de colaboración público-privado mediante esquemas donde todos se beneficien, trabajadores, estado y empresas privadas. El gobierno de Cambiemos mantuvo en general los programas sociales e incrementó algunos. Por ejemplo, la universalización de la Asignación por Hijo.

D) Anuncio de la instrumentación de un programa de reforma de la administración nacional que comprenda: Racionalización del organigrama del gobierno. Supresión y fusión de unidades administrativas y de organismos. Digitalización y transparencia. Tercerización de servicios. Al personal no incluido en la nueva estructura se le mantendría temporalmente la remuneración y los beneficios, con planes de reentrenamiento y reubicación laboral. Jubilación anticipada e incentivos para su inserción en el sector privado. Rescisión de contratos laborales vigentes en la administración pública nacional con antigüedad menor de un año y prohibición de suscribir nuevos contratos. Acuerdo con gobiernos provinciales mediante incentivos para que implementen similares reformas. El gobierno iniciado el 10 de diciembre de 2015, en su inicio aumentó el número de ministerios a 21, elevando a dicha categoría funciones que antes eran abarcadas por secretarías. Luego se redujeron a 10 pero sin una racionalización adecuada.

E) Elevación de la edad jubilatoria en un proceso que debiera iniciarse con 67 años para hombres y 63 para mujeres, con un horizonte anunciado de llegar a 70 años para ambos sexos en una década o menos. Iniciación de sistemas suplementarios de capitalización.

F) Reducción del llamado “gasto político”. Venta de autos, aviones y helicópteros destinados al transporte de funcionarios, o su transferencia a los sistemas de salud o seguridad en el caso de que sean útiles. Prohibición de la propaganda gubernamental, así como la electoral, partidaria o personal de funcionarios públicos empleando fondos estatales.

G) Arancelamiento en las universidades estatales de acuerdo al principio de que sólo paguen los que estén en condiciones económicas de hacerlo. El resto de los alumnos deberían ser becados o recibirían préstamos de honor.

H) Reforma de la Coparticipación Federal. Proponemos que se estudie el reemplazo de la coparticipación federal vertical Nación-Provincias devolviendo potestades tributarias a las provincias. Esta propuesta se describe en este libro. En síntesis, transferir a las provincias la recaudación del impuesto a las Ganancias de personas físicas, Bienes Personales, Internos y combustibles. Creación de un fondo de redistribución horizontal entre las provincias que permita empalmar las recaudaciones en el inicio del futuro régimen, con las del actual. Fijación de los coeficientes de redistribución de ese fondo de manera que el posterior mayor gasto relativo de cada provincia exija a su gobernador aumentar los propios impuestos. De esa forma se alinearán los incentivos y se propenderá a gastar menos y gastar mejor. Esto puede denominarse como un sistema de correspondencia fiscal entre Nación y el conjunto de provincias, con redistribución horizontal entre ellas.

I) Restablecimiento del ajuste por inflación para el cálculo impositivo automaticidad por ley a la movilidad de los mínimos y las escalas.

J) Una reforma impositiva con el propósito de simplificar la administración por los contribuyentes, eliminar los impuestos distorsivos y reducir la evasión. Este es un desafío vigente en un país con más de 100 impuestos o tasas.

K) Eliminación de los derechos de exportación en la medida que se disminuya el gasto público, pero con un curso anunciado.

L) Suprimir en un período no mayor de un año el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios (impuesto al cheque), que en la transición debe ser aplicado como anticipo de IVA y Ganancias. 

M) Apertura externa. Debería iniciarse la negociación de tratados de libre comercio, empezando con la Unión Europea que ya está en discusión en Brasil. Esta política se debe compatibilizar con el Mercosur. 

N) Reforma laboral. Privilegiar las negociaciones a nivel de empresa sobre los acuerdos colectivos a nivel de sector de actividad, con la condición que se unifique la representación de los trabajadores de la empresa. Requiere un cambio en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas. Libertad sindical. Desregulación y simplificación de controles administrativos, autoridad de aplicación, y policía laboral. Modificaciones al marco legal vigente que permitan aumentar la productividad y reducir el sobrecosto y el riesgo laboral. Reducción del costo y riesgo de despido mediante la supresión de la indemnización por despido compensándola por un fondo y seguro de desempleo.

O) Se deben corregir las normas que impiden el uso de otras monedas, estableciendo su curso legal. Se debería instrumentar una unidad de ajuste similar en su determinación y usos a la Unidad de Fomento de Chile. Un paso ya se ha dado en los créditos para vivienda al ser ajustables por el índice UVA. Los límites de financiamiento al Tesoro deben ser restablecidos y cumplidos. P) Desregulación. Proponemos la simplificación de leyes, particularmente la normas de la AFIP, del BCRA y de otros organismos regulatorios, en beneficio del ciudadano.

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