SOBRE LA EDUCACIÓN

Presidente del Consejo Académico en

Doctor en Economia y Doctor en Ciencias de Dirección, miembro de las Academias Nacionales de Ciencias Económicas y de Ciencias.

 

En verdad se comprende mucho de lo que ocurre actualmente en la Argentina si se tienen en cuenta los antecedentes en materia educativa. No es mi intención involucrarlo a Carlos Newland en las conclusiones a que arribo en estas líneas, pero de uno de sus trabajos obtuve algunas informaciones para el primer tramo de esta nota  las cuales se consignan a continuación (Buenos Aires no es Pampa: La educación elemental porteña 1820-1860).

Muy tempranamente se tomaron como base, entre otros, escritos y enseñanzas de autores como Fray Benito Jerónimo Feijó de 1726, de Rodríguez Campomanes de 1775, de Gaspar Melchor de Jovellanos de 1795, y ya localmente, del obispo de Córdoba José Antonio de San Alberto a fines del siglo xviii, y a principios del siglo siguiente  Juan Hipólito Vieytes, Petrona Rosende de Sierra, Bernardino Rivadavia, los padres Francisco Castañeda y Juan Ignacio de Gorriti y Manuel Belgrano. Todos ellos apuntaban a la educación dirigida por el aparato estatal como un factor de homogenización y de respeto a la autoridad. Se mezclan aquí personajes autoritarios con quienes mantenían una devoción por la libertad pero que en temas educativos pensaban que el gobierno debía estar presente como actor principal.

Basta citar un ejemplo de cada una de estas dos vertientes para ilustrar el punto. El antes mencionado obispo de Córdoba preparó una suerte de catecismo en 1784 en forma de preguntas y respuestas en el que se lee lo siguiente:

“Pregunta, ¿Qué nombres da la Escritura a los Reyes?; Respuesta, Llámalos Dioses, Cristos, Potestades, Príncipes y Padres; Pregunta, ¿El Rey está sujeto al pueblo?; Respuesta, No, que esto sería estar sujeto la cabeza a los pies; Pregunta, ¿Para que obliguen las leyes reales es menester que el pueblo las acepte?; Respuesta, No porque esto sería gobernarse por su voluntad que por la del Soberano; Pregunta, ¿Cuándo la ley parece gravosa, que ha de hacer el vasallo?; Respuesta, Obedecer y suplicar humildemente”.

La segunda vertiente está representada nada menos que por el librecambista Manuel Belgrano quien en sus Escritos Económicos dice que “Obliguen los jueces a los padres a que manden a sus hijos a la escuela por todos los medios que la prudencia es capaz de dictar, y si hubiere algunos que desconociendo tan sagrada obligación se resistieren a su cumplimiento, como verdaderos padres que son de la patria, tomen a su cargo los hijos de ella y pónganlos al cuidado de personas que los atiendan y ejecuten lo que debían practicar aquellos padres desnaturalizados”.

El mismo Sarmiento que aunque era en cierto sentido partidario de la descentralización educativa debido a la influencia de Horace Mann, depositaba la mayor confianza en las escuelas estatales (y no digo “públicas” porque las instituciones privadas son también para el público).  Salvo Juan Bautista Alberdi y sus seguidores, de uno u otro modo predominaba la inclinación de que los gobiernos se ocuparan de la educación. Antes de la irrupción del aparato estatal en la educación las instituciones privadas eran muchas y obligadas a prestar buenos servicios en competencia y bajo la supervisión de los padres e interesados. Al irrumpir con tanta fuerza las entidades estatales, naturalmente le quitó preponderancia a las privadas ya que quienes las atendían debían hacerse cargo de los impuestos para sufragar la estatal y las cuotas y matrículas para financiar la privada que se escogía. Sin embargo, las casas de estudio privadas continuaron prestando servicios.

Ahora bien, decimos nosotros, con esta cuadro de situación en el que, por una parte, la enseñanza privada se encontraba desbordada por el embate de las estatales y, por otra, la filosofía predominante era que, en gran medida, debían formarse buenos ciudadanos para servir y respetar a las estructuras gubernamentales, el resultado inevitable fue bifronte: en primer término un poder creciente de las burocracias y, en segundo lugar, y como consecuencia, la mala educación de muchas generaciones. Carlos Escudé en un libro titulado El fracaso del proyecto argentino refiere los distintos proyectos educativos de las sucesivas autoridades estatales en base al patroterismo, al nacionalismo xenófobo y al cretinismo moral en el que el estudiante es conducido a diluirse en un colectivo amorfo e indiferenciado, lo cual subraya con preocupación, entre otros, Enrique de Gandía en su “La enseñanza elemental de la historia argentina” de 1932, todo lo cual, tal como estos mismos autores han señalado reiteradamente, llegó a extremos inauditos de sumisión al partido gobernante y asfixia cultural durante el peronismo.

Este recorrido histórico, en mayor o menor grado, encuentra un correlato en diversos países. Es que como ha escrito Ludwig von Mises “En realidad hay solo una solución: el estado, el gobierno, las leyes no deben ocuparse de los colegios ni de la educación. Los fondos públicos no deben ser utilizados para esos fines. La crianza y la instrucción de la juventud debe dejarse enteramente en manos de los padres y de las asociaciones e instituciones privadas”. Y por eso es que, en las antípodas, Marx y Engels, conociendo la importancia de la politización en la educación aconsejaban en el punto décimo del Manifiesto Comunista de 1848 “Educación pública y gratuita para todos”.

Veamos esto por partes. En primer término la evidencia nos muestra que los seres humanos somos todos diferentes desde el punto de vista anatómico, bioquímico, fisiológico y, sobre todo psicológico. Todos tenemos muy diversas potencialidades, inclinaciones, vocaciones y talentos. Por tanto, para poder desarrollar esas unicidades lo ideal sería la relación un profesor-un alumno al efecto de lograr la mayor atención personalizada. No sabemos que facilidades nos proporcionará en el futuro la cibernética pero, por el momento, ese ideal resulta extremadamente costoso. De allí es que la enseñanza se hace en grupos para sacar partida de la economía de escala, pero de ese hecho no se sigue que todos deben ser tratados como una producción en serie imponiendo programas y bibliografías uniformes desde el vértice del poder. La competencia resulta en una formidable auditoria y permite un sistema donde las puertas y ventanas estén abiertas de par en par para permitir el delicado proceso de prueba y error inherente a la educación.

Esta individualidad queda aún más resaltada a raíz de la demostración de los errores que encierran los llamadas pruebas de inteligencia ya que ha quedado claro que todos somos inteligentes pero para muy diversas tareas y no hay tal cosa como la posibilidad de establecer una jerarquía en abstracto de inteligencias.

Por tanto, un primer capítulo en el camino a la sociedad libre consiste en permitir que las entidades educativas privadas sean realmente privadas (y no privadas de independencia como sucede cuando las reparticiones oficiales imponen pautas y programas). Un segundo paso consiste en la venta de todas las instituciones estatales de educación al claustro existente en cada caso puesto que constituyen una severa injusticia para los más pobres. Todos pagan impuestos, especialmente aquellos que nunca vieron una planilla fiscal debido a que sus salarios se ven disminuidos como consecuencia de reducciones en las tasas de capitalización debidos a los pagos impositivos realizados por otros. Imaginemos una familia muy pobre, tan pobre que no puede afrontar los costos de oportunidad de enviar sus hijos al colegio porque se mueren por inanición. Ellos se ven forzados a financiar los estudios de personas más pudientes. En el caso de que apenas puedan enviarlos al colegio, si realizan un análisis fiscal correcto lo harán a una entidad estatal, de lo contrario, como se ha apuntado, estarían obligados a pagar doble costo. Por otra parte, los estudios realizados de las erogaciones por año por alumno en instituciones estatales es siempre muy superior a las privadas debido a los incentivos que en este último caso existen para cuidar y aprovechar los recursos, lo cual no sucede cuando se politiza la educación.

Se ha sostenido que los vouchers estatales podrían ser un buen método. Este procedimiento facilita que se vea el non sequitur, es decir, que del hecho que se admita que los contribuyentes se vean forzados a financiar la educación de terceros no se desprende que deban existir instituciones estatales de educación ya que el candidato elige, de todas las casas de estudio  privadas, cual es de su agrado y aplica con el voucher correspondiente. Pero lo que hemos dicho recién en materia fiscal es del todo aplicable a esta caso con el agregado de que en vista de las ofertas educativas existentes, los más aptos intelectualmente para recibir vauchers se financian con recursos de los menos aptos que, por esa razón no pueden aplicar con éxito.

Frecuentemente se alega el “derecho a la educación” lo cual no tiene el menor asidero jurídico. La contrapartida de todo derecho es una obligación. Si alguien percibe 1000 pesos mensuales, hay la obligación universal de que se respete ese ingreso. Pero si esa persona que gana 1000 pesos mensuales, alega que tiene un derecho a que le entreguen 2000, si el gobierno concede semejante “derecho” quiere decir que otro u otros tendrán que hacerse cargo de la diferencia, lo cual, a su turno, implica que se ha lesionado el derecho de ese otro u otros, por ende se trata de un pseudoderecho. En otros términos, no hay un derecho a disponer del bolsillo ajeno contra la voluntad del titular al efecto de que otros estudien.

En el mismo sentido, en una sociedad abierta no hay tal cosa como la “igualdad de oportunidades” puesto que inexorablemente significa desigualdad de derechos. La igualdad ante la ley es mutuamente excluyente con la llamada igualdad de oportunidades Si a un amateur en tennis se le pretende otorgar igualdad de oportunidades con un profesional habrá que obligar a este último a que, por ejemplo, juegue con la mano con la que no está acostumbrado a jugar y así sucesivamente. La igualdad es ante la ley no mediante ella. La sociedad abierta hace posible que existan mayores oportunidades pero nunca iguales.

John Rawls ha sugerido que se proceda a compensar en base a los diferentes talentos naturales de las personas, liberando los talentos adquiridos debido a que “no nos merecemos los primeros”. Pero esto debe analizarse desde diversos ángulos. En primer lugar, no nos merecemos la vida y no por ello puede quitarse, además, los talentos adquiridos se deben a los naturales en cuanto al carácter para lograrlos. En segundo lugar, este planteamiento se traduce en una quimera puesto que ex ante no se sabe (incluso el sujeto en cuestión) cual es el stock de talentos, solo se revelan frente a la oportunidad concreta de manifestarse. Por otro lado, la supuesta compensación será utilizada según el talento del receptor con lo que habría que, a su vez, compensar la compensación sin solución de continuidad y sin perjuicio de señalar que las retribuciones coactivas operan en dirección distinta a la productividad con lo que las tasas de capitalización necesariamente merman, situación que se traduce en menores salarios e ingresos para todos, muy especialmente para los más débiles.

Se ha dicho, por último, que la educación en un bien público en el sentido técnico de la expresión lo cual es un error puesto que no atiende las condiciones de no-rivalidad y de no-exclusión. En realidad la extensión y multiplicación de los sistemas de home-schooling se deben a los controles, interferencias y reglamentaciones de los gobiernos en la esfera educativa. De más está decir que en esta línea argumental que apunta a la apertura de los canales hacía una sociedad abierta, deberían abrogarse todos los cargos referidos a secretarias, direcciones y ministerios en el área educativa. Del mismo modo que no se debe depositar la confianza en las supuestas bondades de un monopolista para proveer pan, no debe implantarse un sistema en el que se confía en la buena voluntad de maestros que operan en un contexto de enseñanza dirigida por el monopolio de la fuerza. Como se ha expresado, se necesitan los controles y las auditorias que proporciona un sistema genuinamente abierto y en competencia. Solo así se habrá eliminado el riego mayor de politización en la educación y se habrán maximizado las posibilidades de la excelencia académica

*Publicado por Diario de América, Nueva York.