LA NACIÓN.- En la jerga de la mecánica doméstica se dice que “está atado con alambres” un artefacto que se deterioró pero al que sólo se lo quiere hacer durar con una reparación precaria. Puede aplicarse este dicho a la economía argentina de esta época. La consigna oficial es llegar al 10 de diciembre sin una crisis, aunque esto implique dejar una herencia cada vez más comprometida. La historia le enseñó al Gobierno que debe evitar a toda costa cualquier peligrosa aceleración inflacionaria o una escapada del dólar paralelo que puedan provocar una corrida cambiaria y bancaria. El cepo causa enormes perjuicios, pero de ninguna manera ocasiona una reacción popular como la que en su momento produjo el corralito y el corralón. Igualmente, una inflación del 30% provoca conflictos y castiga a los asalariados, pero no derrumba un gobierno como ocurrió con la hiperinflación. Un importante déficit fiscal puede por un tiempo financiarse con los ahorros de los jubilados, con emisión o con deuda a un muy alto interés. El grave compromiso a futuro que esto implica no es percibido por el hombre de la calle, como tampoco no cumplir sentencias ni negociar con los acreedores. Por lo contrario, este desplante adorna el discurso populista y parece aportar rédito político.
Tal vez el ejemplo más ingenioso de “atar con alambres” es la forma de mantener controlada la cotización del dólar paralelo mediante la venta abundante de dólar ahorro. Se quita demanda y al mismo tiempo se genera oferta en el mercado informal. Claro está que para ello deben usarse reservas del Banco Central mientras el duro cepo se las escatima dramáticamente a los importadores y a otros usos esenciales. Las ventas de dólar ahorro fueron abundantes, cercanas a los 500 millones mensuales. Si se proyecta este uso de las reservas disponibles junto al pago del Boden 15, se advierte que para llegar a diciembre se tendrá que recurrir nuevamente a captar deuda costosa. El maquillaje de las reservas del Banco Central no resuelve el problema.
Pero ni todas estas dificultades ni el retraso cambiario comprometen políticamente tanto como lo haría una escapada del dólar y de la brecha cambiaria. En buena medida esta supuesta paz cambiaria y la leve caída de la actividad económica reducen la inflación y generan una sensación de tranquilidad que les permitió a la Presidenta y al ministro Axel Kicillof burlarse de los economistas que, según ellos, pronosticaban problemas que no se produjeron. Tal vez el mejor aporte reciente a una mayor racionalidad en el frente oficial lo haya hecho Miguel Bein, quien aconsejó priorizar la venta de reservas a los importadores por sobre el dólar ahorro, y que esta semana aconsejó acordar con los holdouts con una quita.
El mejor termómetro de la confianza en un país y del buen o mal manejo de su economía es la magnitud de la inversión extranjera directa. La Cepal acaba de publicar un informe que muestra un deterioro de la posición argentina con una caída del 41% en 2014. Es lamentable, pero es la realidad. Debe decirse además que la visión del inversor externo no difiere de la del interno. A pesar de que los mercados financieros reflejan algunas expectativas de cambio político, la inversión doméstica en construcciones y equipos sigue por ahora en bajos niveles.
Las decisiones de inversión de largo plazo dependerán de lo que suceda en los próximos meses con las encuestas electorales. Los capitales externos buscan mejores rendimientos ante la demorada reacción de las tasas de interés internacionales. La Argentina aún desaprovecha esta oportunidad y el empeño del virtual candidato del oficialismo de ratificar la continuidad del modelo posterga la recuperación de la confianza. Será así hasta que se disipen sus chances electorales o en caso de que gane, hasta que produzca el giro que algunos esperan y muchos más descreen. La Argentina sigue siendo un país en el que las instituciones y las políticas están sujetas al arbitrio de las personas que acceden al poder y ese acceso requiere usualmente omitir la racionalidad en el discurso preelectoral.
Todo esto lleva a pensar en una escasa probabilidad de cambios positivos en el escenario económico durante este año. La inflación encontró un nivel del orden del 2% mensual como lo confirmó el índice Congreso de abril pasado, lo que en el acumulado anual suma un 27 por ciento.
Si bien el Indec fantasea con la mitad de esa inflación, el Gobierno estableció esa pauta para los aumentos salariales. La dificultad es la mayor incidencia del impuesto a las ganancias y la pérdida de salario real en 2014 que reclama una recuperación. Esta semana, los bancarios pararon 48 horas y los aceiteros del principal polo del país en el Gran Rosario llevaron adelante una huelga prolongada. Lo paradójico es que hay acuerdo en las paritarias, pero el Gobierno asumió un poder de veto sobre lo que exceda la pauta oficial. Tal vez la cuestión finalice con mejoras disimuladas en artificios remuneratorios que alcancen lateralmente las demandas gremiales ya acordadas originalmente.
Frente a estos aumentos de costos, el empeño de continuar con el retraso del tipo de cambio oficial pone más presión a la competitividad, particularmente sobre las producciones regionales que enfrentan mayores fletes y además precios internacionales en caída. Hay que hablar con los productores frutícolas del valle del Río Negro, los azucareros de Tucumán o los sojeros de Chaco o Santiago del Estero. Además, en este manejo parece no haber una percepción oficial de que prácticamente todas las monedas se están devaluando frente al dólar. Tampoco el Gobierno insinúa ajustar las tarifas de energía y transporte para reducir los subsidios que desbordan el déficit fiscal. Esta política de mirar para otro lado significa más presión en la olla que alguien deberá destapar después del próximo 10 de diciembre.
Publicado en La Nación, edición impresa del 31 de Mayo de 2015.
