Los sindicatos docentes, otro tabú educativo

Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago. Rector de la Universidad del CEMA. Miembro de la Academia Nacional de Educación. Consejero Académico de Libertad y Progreso.

Esta nota no cuestiona el derecho de los docentes a gozar de un salario digno. Muchos buenos maestros cobran salarios que no se ajustan a su dedicación en uno de los trabajos de mayor relevancia en nuestra sociedad; pero también están los otros, quienes cobran salarios que no merecen.

Es claro que para los líderes sindicales esto carece de importancia, testimonio de ello fue la posición del Frente Gremial Bonaerense en la paritaria del sector llevada a cabo durante febrero: “Consideramos que ningún maestro puede ganar menos de 7000 pesos y además se debe contemplar una escala salarial según antigüedad y cargo jerárquico”. Antigüedad, no mérito, un verdadero cáncer que enfrenta la educación argentina.

Veinte años atrás, en 1995, el Instituto Smithsoniano le realizó una entrevista a Steve Jobs en la cual, entre otros temas, esbozó su posición frente a la educación. Un buen maestro, en su visión, tiene un efecto perdurable en el desarrollo de los niños, pero opina que no hay una cantidad suficiente atraído por el sistema de educación pública: “Me gustaría que la gente que enseña a mis hijos sea lo suficientemente buena como para poder acceder a una posición en la empresa en la cual trabajo, obteniendo 100.000 U$S al año. ¿Por qué habrían de trabajar en una escuela por 35.000 o 40.0000 U$S al año si pueden obtener un trabajo en nuestra empresa por 100.000 U$S al año?” En su visión, el principal problema que enfrenta la educación reside en el sindicato docente, pues el mismo impide la meritocracia.

Imaginemos un trabajo donde el esfuerzo y la dedicación no tiene chances de verse reflejado en una mejora salarial o en posibilidades de promoción, y la desidia o la incompetencia no incrementa el riesgo de ser despedido. El salario es bajo, pero al menos las vacaciones son largas. ¿A quién es de esperar que atraiga este tipo de actividad? ¿A profesionales calificados y motivados o a aquellos únicamente interesados en cumplir con un horario? La respuesta es obvia. Cambiar esta realidad implica eliminar las ventajas que aprecian los incompetentes, como la estabilidad laboral y la escala salarial basada en la antigüedad, e incentivar a los muchos docentes dedicados, motivados y calificados, mediante una escala salarial basada en la excelencia de su trabajo, no en su antigüedad.

El pasado 14 de febrero The Economist publicó una interesante nota que señala: “Enfrentando a cualquier reforma se encuentran, en casi todas partes, los sindicatos docentes. Su disposición a respaldar malos profesionales sobre los muchos buenos y motivados no debe ser subestimada”. A modo de ejemplo, tiempo atrás en Washington se ofreció a los maestros un considerable incremento salarial a cambio de menor seguridad en el empleo. Como es de esperarse el sindicato docente se opuso tenazmente a la reforma.

El sindicato maximiza la cantidad de afiliados sin importarle su calidad. Los incentivos de los líderes sindicales no se encuentran alineados con los de los buenos maestros ni con los de los alumnos. ¿Alguien se atreverá a enfrentarlos? De no ser así el futuro de la educación argentina será peor que el presente, pues la calidad de los maestros importa y mucho.

Al fin y al cabo, si en cualquier actividad el bien o servicio generado es sistemáticamente defectuoso, lo primero que me preguntaría es si aquellos que lo producen están calificados para hacerlo o si es necesario corregir su formación. ¿Por qué no en este caso?

Veamos a modo de ejemplo el estudio llevado a cabo por la Bill & Melinda Gates Foundation y publicado en el Wall Street Journal el 24 de octubre de 2014 sobre el Equity Project Charter School.

Una charter school recibe financiamiento público, pero funciona independientemente. La carta constitutiva de la escuela es un contrato en el cual detalla la misión, programas, metas, etc. Equity Project Charter School comenzó a funcionar en Nueva York en 2009 con el objetivo de poner en práctica la conclusión de un gran número de estudios: la calidad de los maestros es el factor escolar más importante en el éxito de los alumnos.

Con el objetivo de atraer docentes de alta calidad ofreció salarios de 125.000 U$S anuales, casi el doble de lo que se cobraba en las escuelas públicas de la ciudad. El proyecto tuvo que hacer concesiones para no recurrir a ninguna otra fuente de financiamiento, a pesar de abonar mayores salarios; entre ellas, clases más grandes, mucho menos personal administrativo y aún que su director percibiese un salario inferior a los maestros.

¿El resultado? El Wall Street Journal reporta que el estudio para evaluar el programa demuestra el éxito del mismo. Luego de cuatro años, en comparación con estudiantes en una escuela pública cercana de similar composición étnica, nivel socioeconómico y resultados afines en exámenes estandarizados al inicio de la experiencia, las diferencias son contundentes: los niños cursando octavo grado en la escuela charter muestran en los exámenes de matemáticas una diferencia de un año y medio de conocimientos respecto del grupo de control, más de medio año en ciencia, y casi otro medio año en lengua.

Los maestros importan y mucho. El estudio de la Gates Foundation es una nueva pieza de evidencia al respecto. En conexión, en junio de 2014 el juez de California Rolf Treu dictó un histórico fallo en el caso Vergara vs. California, el cual establece que los estudiantes tienen el derecho constitucional a la igualdad de acceso a una enseñanza de calidad y que el Estatuto Docente del Estado de California viola esos derechos. Según el fallo, las disposiciones del Estatuto que dan a los maestros estabilidad laboral hacen que sea casi imposible despedir a los profesores de bajo desempeño, lo cual priva a los estudiantes de una educación de calidad y por lo tanto viola sus derechos constitucionales.

El caso fue presentado por Students Matter, una ONG financiada por un empresario de Silicon Valley y otros filántropos, en nombre de nueve estudiantes de escuelas públicas. El mismo fue patrocinado por dos abogados de primer nivel, quienes presentaron resultados de investigaciones que demuestran el impacto negativo que los profesores de baja calidad tienen en el rendimiento de los estudiantes.

Marcellus McRae, uno de los abogados patrocinantes, aclaró que “este caso no busca una nueva ley que perjudique los derechos de los maestros, sino eliminar las barreras que los administradores escolares tienen para despedir a un maestro ineficiente”. Por supuesto, el fallo fue inmediatamente apelado por el sindicato docente.
La decisión del caso estimuló nuevos litigios en otros Estados. Es claro que en Estados Unidos la presión de la sociedad civil está llevando a cambiar el statu quo en materia educativa a través de los tribunales, dada la inacción de los políticos.

¿Y qué decir en nuestro país? ¿Alguien ha escuchado a algún político preocuparse por los eventuales costos para los estudiantes asociados a la estabilidad docente o a la existencia de una escala salarial basada en la antigüedad y no en el mérito? Es claro que no. Ningún político desea enfrentar a los sindicatos del sector.

Es predecible. Al fin y al cabo son los mismos políticos que pronuncian enérgicos discursos en favor de la educación pública, mientras la mayoría de ellos envía sus hijos a colegios privados.

La educación en nuestro país requiere una reforma de magnitud similar a la generada por Sarmiento hace más de un siglo. Es por ello que necesitamos un estadista, un fanático por la educación de sus conciudadanos, que decida enfrentar a los sindicatos en lugar de negociar con ellos, hipotecando el futuro de nuestros hijos.

Esta nota se basa en las columnas publicadas en Clarín el 03/12/2014 y el 02/03/2015, y en El Cronista Comercial el 25/02/2015 y el 05/05/2015.

Publicado en UCEMA.-