Ha publicado artículos en diarios de Estados Unidos y de América Latina y ha aparecido en las cadenas televisivas.
Es miembro de la Mont Pèlerin Society y del Council on Foreign Relations.
Recibió su BA en Northwestern University y su Maestría en la Escuela de Estudios Internacionales de Johns Hopkins University.
Trabajó en asuntos interamericanos en el Center for Strategic and International Studies y en Caribbean/Latin American Action.
Para Ian Vásquez, director del Centro de Libertad y Prosperidad Global del Cato Institute, el caso de los Panama Papers está siendo injustamente analizado y se está tratando como culpables a muchas personas que no han cometido ningún hecho delictivo.
“Es lamentable sugerir que todos aquellos empresarios que tienen inversiones offshore están cometiendo ilícitos o han participado en prácticas inmorales”, declaró Vásquez a El Diario de Hoy.
Desde que el pasado tres de abril el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) diera a conocer los resultados parciales de investigaciones sobre empresas “offshore”, en diferentes partes del mundo se han anunciado medidas e investigaciones sobre estos mecanismos de inversión, que han salpicado a jefes de Estado, poderosos empresarios y celebridades del deporte y el arte.
En El Salvador, ya se empezó a conocer los primeros nombres de empresarios que han participado de esta modalidad “offshore”, como es el caso del empresario Miguel Menéndez (Mecafé), amigo y financista del expresidente Mauricio Funes, quien aparece relacionado a varias empresas inscritas por el ahora famoso despacho Mossack Fonseca, en Panamá.
De hecho, el Fiscal General Douglas Meléndez, anunció que se ha abierto una investigación para determinar si salvadoreños que han hecho uso de esa figura han cometido algún ilícito (ver nota aparte).
En El Salvador como en otros países, los documentos no han discriminado entre inversiones regulares en paraísos fiscales e inversiones fraudulentas, producto de la corrupción o el lavado de dinero.
Vásquez anota que “lo que se ha soltado es un conjunto de gente que ha hecho negocios con este despacho y de estos, buena parte parece que no ha violado ninguna ley”.
Además, considera que estos mecanismos son muy comunes entre gente que tiene negocios e inversiones internacionales, pues las estructuras legales de algunos países facilitan estas transacciones.
“Soltar los nombres de la manera en que se ha hecho es poner en la misma casilla a gente inocente con quienes parecen ser absolutamente corruptos”, afirmó Vásquez.
“Eso sí”, aclaró, “hay que denunciar la corrupción cuando ocurra y hay que ser duros contra el crimen cuando este se dé. Esto es parte del Estado de Derecho. Pero el hecho de que hay gente que ha violado la ley o es corrupta no debe darle a ningún gobierno el derecho a violar la privacidad o pisotear los derechos de quienes no han hecho nada mal”.
Para Vásquez, para que un Estado pueda actuar, este necesita una causa concreta, con pruebas y un procedimiento judicial. “No existe una ley que dice: ‘el Gobierno puede ir a tu casa cuando quiera para evitar crímenes’. No hay por qué tratar el tema de propiedad y privacidad de datos financieros, los cuales son personales, de una manera distinta. Eso es violar los principios del Estado de Derecho”, aclaró.
A juicio del analista del Cato Institute, con sede en Washington DC, un problema importante es que en la filtración de datos que hizo la red periodística ICIJ no se discriminó entre los casos fraudulentos y los legales.
“Este es un problema, para mí tiene el mal aspecto de pintar de inmoral todo lo que tenga que ver con la libertad que tiene la gente para proteger sus ingresos”, lamentó.
Además, dijo que gran parte de la gente que inscribe sus inversiones en otra jurisdicción lo hace observando la ley y su objetivo es el de cualquier empresario: maximizar sus ingresos.
“Si bien tenemos más detalles sobre actividades posiblemente corruptas, como lo que se ha mencionado del Presidente ruso, por ejemplo, ¿teníamos que vulnerar los derechos de tanta gente inocente para llegar a esos detalles? A mí me parece incorrecto”, cuestiona Vásquez.
“No sabemos cómo se filtró la información, pero puede que haya habido violaciones de ley para revelar esos datos privados de la gente”, agregó, aunque reiteró que “si hay indicios de corrupción o malversación de fondos, eso debe investigarse de acuerdo a procedimientos legales, pero no hay que tratar absolutamente a todos como parte del mismo problema criminal”.
¿Por qué se dan las inversiones “offshore”?
Según Ian Vásquez, en los países más ricos los sistemas tributarios se están volviendo cada vez más complejos y establecen una mayor carga en la actividad empresarial, para poder así sostener el elevado nivel de gasto.
“Sus sistemas no son simples y en ocasiones cobran varias veces impuestos a las mismas actividades. Se dan sobrecargas”, afirmó.
Por ello, para él es natural que la gente busque maneras legales de proteger sus ingresos y así permitirse seguir invirtiendo y creciendo. “Esto es común, en especial si se tienen negocios a nivel internacional”, explicó.
A su juicio, ante estas modalidades de inversión, “hay un esfuerzo de los países ricos, con gastos públicos enormes y en ocasiones insostenibles, por crear una especie de cartel tributario internacional, para así reducir lo que ahora ha existido, una competencia entre países respecto a políticas fiscales y tributarias”.
Este interés por percibir cada vez más recursos es, según Vásquez, una de las agendas principales de instituciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE por sus siglas en inglés).
“La competencia en políticas fiscales y tributarias es una cosa positiva para el crecimiento y la prosperidad de los países y para la libertad de la gente de crear riqueza. Yo veo nefasto el esfuerzo de la OCDE de promover este cartel impositivo entre los países y reducir la competencia”, dijo.
Intercambio de datos financieros personales
Otra advertencia que hace Vásquez es que la OCDE, junto a países poderosos, están intentando promover una red internacional de intercambio de datos, lo cual puede ser dañino para el crecimiento económico y la prosperidad, así como peligroso para la seguridad de muchas personas.
“Aquí hay un tema que es grave y muy peligroso: la presión por romper la privacidad financiera de la gente. Hay esfuerzos por darle a los gobiernos la habilidad de intercambiar entre países la información tributaria y financiera de sus ciudadanos. Esto le daría a los países más corruptos del mundo el poder de tener información sensible de individuos a los que quieran perjudicar”, alertó.
También cree que estaríamos pasando a otro nivel, el del impacto económico negativo al de la vulneración de derechos civiles y políticos. “Imaginemos al gobierno ruso, venezolano o al árabe saudí, por ejemplo, que podrían usar esa información para perjudicar a quienes consideran enemigos”, ejemplificó.
Por ello, considera importante defender los derechos de los individuos y la libertad de buscar los mercados donde sus inversiones generen mayor rentabilidad: “No podemos permitir que la libertad económica siga siendo ligada a la corrupción, y que eso sea excusa para recaudar más impuestos y tener acceso a la información de los privados”.
Finalmente, Vásquez instó a que se deje de atacar únicamente las consecuencias de actividades indeseables y se persiga el verdadero problema: la corrupción y el mal uso de fondos públicos.
