El falso homenaje a Guemes del populismo facilista

Miembro del Consejo Académico de Libertad y Progreso

AMBITO FINANCIERO – Evidentemente nuestros legisladores no escucharon el mensaje del presidente Macri cuando abrió las sesiones del Congreso: los argentinos debemos recuperar la cultura del trabajo. Esta sordera, que es de las peores, ya que es la de quienes no quieren oír, es una muestra más, si es que hacía falta, de su incapacidad de legislar por el bien común. Hace unos días con bombos y platillos aprobaron una ley impulsada por el peronismo que agregó otro feriado nacional (como si fueran pocos). ¿Era realmente necesaria esta ley siendo la Argentina uno de los países del mundo en que menos se trabaja? En 2016 habrá un día de descanso cada dos días laborables. Y esto justamente cuando para salir del marasmo en que nos dejó el populismo facilista, los argentinos debemos trabajar más, no menos.

No se trata de cuestionar la actuación del general Güemes en la gesta de la independencia. Lo cuestionable es que se lo utilice como excusa para no trabajar. El prócer salteño debe estar revolviéndose en su tumba frente al falso homenaje que le ha rendido el Congreso. Este nuevo feriado además evidencia una obsesión malsana de nuestros legisladores (y de la sociedad) con la etapa fundacional del país. No sólo celebramos la independencia con dos feriados (el 25 de mayo y el 9 de julio), caso único en el mundo, sino que también tenemos sendos feriados en honor a dos de sus próceres (el 20 de junio y 17 de agosto).

Hay que poner este nuevo dislate legislativo en un contexto más amplio. Durante la década de los ochenta, luego de años de dictadura militar, todos los países americanos al sur del ecuador recuperaron la democracia: Perú fue el primero, en 1980, y Chile, el último, en 1990. La Argentina lo hizo en diciembre de 1983. Es bueno entonces preguntarse cómo ha sido su respectiva evolución económica. Lo primero que surge de manera contundente es que en comparación con los otros seis países que conforman esta región (que también incluye a Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay), la Argentina es el que creció menos y con más volatilidad y el que a fines de 2015 tenía más inflación y más desempleo. También es el que a esa fecha exhibía la situación fiscal más desfavorable con más impuestos, más gasto público y más déficit en relación al PBI. Entre 1983 y 2015, la Argentina fue el país que, en términos relativos, y con excepción de Paraguay, logró atraer menos inversión extranjera y el que mostró un crecimiento de la productividad laboral más bajo; el que tenía la economía más cerrada al mundo y de las menos competitivas de la región (106 en el ranking mundial, apenas por encima de Bolivia y Paraguay). También es el país que a diciembre de 2015 tenía la peor calificación crediticia y el que pagaba la tasa de interés más alta para endeudarse. Como consecuencia de todo esto, la posición de la Argentina en el ranking mundial de PBI per cápita pasó de 41 en 1983 a más de 70 en 2015 (una caída sólo superada por la de Paraguay). Si desde 1983 hubiéramos crecido como nuestros seis vecinos, en 2015 nuestro nivel de ingresos por habitante se ubicaría entre el de Italia y España. A nivel de la economía en su conjunto, en 2015 la brecha entre lo que se pudo haber hecho y lo que se hizo fue de 800.000 millones de dólares o casi 20.000 dólares por habitante.

Uno podría preguntarse si esta paupérrima performance económica fue consecuencia de que se “nos cayó el mundo encima”, como le gustaba decir a la ex presidenta. La respuesta es un no rotundo. Los términos del intercambio mejoraron notablemente desde 1983 y desde entonces hasta 2015 las tasas de interés en dólares cayeron a mínimos históricos. Desde 2002 y hasta 2012 arreció el “viento de cola”. ¿Quizás fue el costo que tuvimos que pagar por una mayor inclusión social? Nuevamente la respuesta es no. Incluso con la perversa tergiversación estadística implementada por el gobierno anterior, los índices de desigualdad y distribución del ingreso han empeorado levemente en relación a 1983. ¿Hemos quizás fortalecido las instituciones más que aquellos otros países? Definitivamente no. Los índices que publican organismos tan diversos como el Banco Mundial, Transparency International, la Fundación Bertlesmann y Freedom House muestran que la Argentina es el país que exhibe mayor deterioro de la calidad institucional en los últimos veinte años. Estamos apenas por encima de Paraguay y Bolivia en respeto a la propiedad privada y la vigencia del estado de derecho. Sólo Paraguay nos supera en corrupción y más  restricciones a la libertad de prensa. Al menos hasta el 10 de diciembre de 2015, la Argentina era el país en el que más se restringía la libertad económica. Como si esto fuera poco, es el único país en el mundo sancionado por el Fondo Monetario Internacional por publicar estadísticas falsas.

¿De quién es la culpa entonces? Veamos. Desde el regreso de la democracia, tuvimos un presidente peronista durante 76% del tiempo. Además, el peronismo tuvo en promedio el 48% de las bancas de la Cámara de Diputados. Y en lo que va de este siglo, 52% (sin contar a los aliados de otros partidos). Hay que enfatizarlo porque por lo que uno lee y escucha en los principales medios de comunicación se podría llevar una impresión equivocada: en nueve años de la tan criticada década de los noventa gobernó el peronismo (y con el voto de la mayoría). También hay que enfatizar que antes de ser kirchneristas los Kirchner, los principales funcionarios de su gobierno y Scioli fueron menemistas. Sin embargo, durante años nos han querido hacer creer que no tuvieron nada que ver con Menem. Y ahora pretenden argumentar con total desparpajo frente a periodistas timoratos que los mejores días de la Argentina fueron peronistas.

En realidad, lo que lleva el sello indeleble del peronismo es nuestra decadencia. Quizás sea demasiado pedirle un mea culpa a sus dirigentes. Pero si, al menos, deberíamos exigirle como sociedad una oposición constructiva. En estos últimos 32 años han detentado el poder y sido incapaces de llevar al país por la senda del progreso económico, social e institucional. En vez de trabas, chicanas y ridículas leyes anti-progreso deberían al menos darle una oportunidad al nuevo gobierno de hacer lo que ellos no pudieron o no quisieron hacer.

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