Agustín Etchebarne
Economista especializado en Desarrollo Económico, Marketing Estratégico y Mercados Internacionales. Profesor en la Universidad de Belgrano. Miembro de la Red Liberal de América Latina (RELIAL) y Miembro del Instituto de Ética y Economía Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.
Revista del Colegio de Martilleros de San Isidro.
– Dicen que el problema de la Argentina es el imperialismo yanqui; la sinarquía internacional, los cipayos, los oligarcas. Otros dicen que en realidad el problema es cultural, que somos holgazanes por naturaleza; que se debe a nuestra herencia española mezclada con la inmigración italiana. Otros más, sostienen que fue la educación nacionalista mezclada con el militarismo y la Iglesia Católica. Últimamente, por fin, alguien lo resumió así: ¡Es el peronismo, estúpido!
Este debate es muy interesante y sin duda entretenido, pero no parece conducirnos a ninguna solución.
El problema es más simple, la Argentina no funciona porque cada vez más personas viven del trabajo y del esfuerzo de los demás, y a eso llamamos: “Justicia Social”.
Hoy tenemos casi 8 millones de personas que trabajan en el sector privado formal produciendo riqueza en el campo, industria, comercio y servicios; y sostienen al Estado con sus impuestos. Pero como el Estado creció hasta llevarse el 50% de la riqueza producida en el país, los trabajadores y capitalistas son exprimidos con impuestos muy altos aunque siempre insuficientes.
En quince años, los empleados públicos pasaron de 2 a 3,5 millones, según el Ministerio de Trabajo. Pero según nuestras propias estimaciones, ya superan los 4 millones. Los jubilados y pensionados aumentaron de 3,5 a 7 millones de personas. Y quienes reciben planes sociales crecieron de 1 a 8,5 millones. Es decir, hay 20 millones de personas que reciben un cheque del Estado, muchos de ellos realizan un trabajo altamente improductivo, o directamente no trabajan.
En Educación, tenemos tres veces más maestros por alumnos que Australia, pero mucho peor calidad educativa. En la provincia de Buenos Aires hay 90.000 policías públicos y 100.000 vigilantes privados, pero la inseguridad es alarmante. Mientras, los jueces “zafaronistas” juegan a la puerta giratoria, los ladrones y asesinos entran por una puerta y salen por la otra. Lo mismo pasa con otros servicios como la Salud pública: mucho gasto y malos resultados. Y como sabemos, todo esto se ve agravado por el enorme costo de la corrupción.
Así, 20 millones viven del Estado y 8 millones son exprimidos con múltiples y exagerados impuestos. La República Argentina tiene la presión impositiva más alta del mundo, salvo las pequeñas islas Comoros, en África (según el Banco Mundial). Y la educación y la salud públicas son tan malas que las clases medias pagan (por segunda vez) estos servicios al sector privado.
Tal como predijo Juan Bautista Alberdi en el “Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853”:
“Hasta aquí el peor enemigo de la riqueza del país ha sido la riqueza del Fisco. Debemos al antiguo régimen colonial el legado de este error fundamental de su economía española. Somos países de complexión fiscal, pueblos organizados para producir rentas reales… Después de ser máquinas del fisco español, hemos pasado a serlo del fisco nacional: he ahí toda la diferencia. Después de ser colonos de España, lo hemos sido de nuestros gobiernos patrios: siempre estados fiscales, siempre máquinas serviles de rentas, que jamás llegan, porque la miseria y el atraso nada pueden redituar”.
Y de esta manera al final estamos todos enojados; 8 millones porque son exprimidos por los impuestos y cortan rutas para intentar defenderse; y 20 millones porque no les alcanza lo que reciben y cortan las calles para pedir más.
En esta situación a nadie le puede extrañar que de a poco algunos fueron ocultándose y hoy hay casi seis millones de trabajadores en el mercado informal (trabajando en negro). A esto llegamos luego de 80 años de gradual decadencia.
Pero, ¿Cómo podemos solucionarlo?
Nuestro objetivo es simple: que más gente trabaje en el sector privado y menos gente dependa del Estado. Para eso hay que crear cuatro millones de empleos productivos privados en los próximos cuatro años y al mismo tiempo ir reduciendo en al menos 5 millones las personas que reciben dinero del Estado.
Así, en una primera etapa llegaríamos a 12 millones de personas trabajando en el sector privado y sosteniendo a 15 millones que reciben dinero estatal. En otros cuatro años, podríamos llegar a 17 millones trabajando en el sector privado formal y 10 millones de beneficiarios del Estado. Y ya estaríamos cerca del objetivo final de largo plazo, alcanzar la proporción que tiene hoy Australia, que tienen el equivalente (ajustado por población) a 18 millones trabajando en el sector privado, sosteniendo a 7 millones que dependen del Estado.
De ese modo, podríamos cobrar menos impuestos y pagar mejores sueldos.
Por supuesto, hay que planear una transición que permita que nadie se quede en la calle. TODOS tienen que tener la oportunidad de mejorar, tanto en el sector privado como en el público. La forma es a través de incentivos para que todos se pongan a trabajar con esfuerzo y creatividad.
Para crear cuatro millones de empleos productivos se necesitan inversiones privadas por USD 25.000 millones por año. No es imposible, pero requiere que Argentina se vuelva rentable y competitiva. Para eso es necesario avanzar en reformas estructurales. Es indispensable bajar los impuestos sobre todo a la inversión, a la producción y al trabajo. Eliminar todos los trámites y regulaciones inútiles. Combatir la industria del juicio para bajar costos extras de producción. Hacer una reforma laboral como Dinamarca o Nueva Zelanda para bajar el costo laboral sin bajar salarios. Eliminar el déficit fiscal para bajar la inflación, las tasas de interés, la deuda y el retraso cambiario. Abrir la economía para abaratar todos los productos e insumos. Liberar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas.
Cada año el sector privado formal debe absorber: 250.000 empleados públicos, 250.000 personas que dejen de recibir planes sociales, 250.000 jóvenes que ingresarán al mercado laboral y 250.000 que hoy trabajan en la informalidad.
Como incentivos el Estado se hará cargo de las cargas sociales de los trabajadores que pasen al sector privado por dos años. De este modo, la empresa se ahorra un tercio del costo laboral y el Estado se ahorra dos tercios. El empleado mejora su sueldo y la economía gana competitividad.
Los planes sociales tienen que transformarse en incentivos temporales para desarrollar las capacidades para trabajar. EL MEJOR PLAN SOCIAL ES UN BUEN TRABAJO.
Si el gobierno, la oposición y la sociedad civil tomaran estas metas como políticas de Estado de largo plazo, en un par de décadas, la Argentina volverá a estar entre las naciones más desarrolladas del planeta