Aldo Abram
LA NACIÓN – Son cada vez mayores las presiones de los sectores que fabrican productos que compiten con importaciones para que el Gobierno los proteja. Las demandas tienen que ver con un incremento de la llegada de productos del exterior, que no se verifica en los datos totales, pero sí en algunos sectores en particular. Hay que tener en cuenta que estamos comparando un período, 2016, donde se eliminaron algunas restricciones para comprar en el exterior, con un 2015 signado por una fenomenal cerrazón, por lo que es lógico que quienes son más ineficientes vean subir su competencia externa.
Obviamente, todos estos sectores han focalizado sus críticas en la estrategia de gradual apertura de la Secretaría de Comercio Interior y Exterior. Pero, ¿a quién está defendiendo esta secretaría con su política? Cuando se protege a un sector que compite con importados se le permite cobrar más de lo que vale ese bien. Por lo tanto, se genera un subsidio que va directamente desde el bolsillo del consumidor al del empresario ineficiente que se enriquece. Es notable que algunos “progres” defiendan el proteccionismo, convirtiéndose en “Hood Robin”. Lo lógico es que, si quieren ganar plata, los empresarios estén al servicio de la gente, proveyéndolos de mejores bienes y servicios más baratos.
Entonces, ¿por qué en otros países también hay sectores protegidos? Porque en todos lados hay empresarios ineficientes dispuestos a garantizarse seguir ganando plata, invirtiendo millones de dólares para convencer a la gente y a los funcionarios de que hay que protegerlos. Lamentablemente, al frente están millones de personas que se ven perjudicadas, pero que no tienen la posibilidad de juntarse a reclamar. Pues bien, esta es una oportunidad para apoyar la apertura que alienta la Secretaría de Comercio Interior y Exterior en defensa del bolsillo de todos y exigirle que la profundice.
Además, no es cierto que el proteger a un sector salva empleos; sólo los destruye en otros sectores. Si se protege un bien, la demanda de importaciones bajará y, con ella, la de las divisas que eran necesarias para comprarlas. Por lo tanto, el tipo de cambio disminuirá, por lo que se complicará la situación de los productores que compiten con importados y no tuvieron la suerte de conseguir esa prebenda. También la de los sectores que podrían exportar, lo hagan o no, ya que serán menos rentables, porque valdrán menos sus productos. Por lo tanto, ambos reducirán su producción y el empleo. En una palabra, los trabajadores de los sectores ineficientes protegidos no tienen oportunidades de empleo en los más eficientes, que pueden pagar mejor, porque estos generan menos puestos culpa del proteccionismo.
Imaginemos que tenemos una empresa que sabe producir algo que la gente aprecia mucho y está dispuesta a pagar bien. De golpe, el gerente general nos dice que quiere usar parte de la fábrica para hacer otra cosa de la que no sólo produciremos menos por no saber hacerla, sino que podremos cobrar un precio menor porque a la gente no le interesa tanto. ¿Se lo permitiríamos? No, porque los accionistas ganaríamos menos y deberíamos abonarles menores sueldos a nuestros trabajadores. Sin embargo, eso es lo que dejamos que hagan los gobiernos desde hace décadas y, después nos extraña nuestro perseverante subdesarrollo y bajo poder adquisitivo salarial.
Existe el mito de que un país tiene que producir todo para que le vaya bien. No es cierto. ¿Quién de nosotros hace en su casa los zapatos, la ropa o los artículos electrónicos que usa? Nadie. Trabajamos de aquello que sabemos hacer y que alguien está dispuesto a pagar bien. Luego, con el dinero que ganamos compramos lo que necesitamos a los que saben hacerlo mejor y más barato. De esa forma, nos garantizamos el mayor bienestar económico para nuestra familia. Sin embargo, cuando proponemos algo para el país, queremos hacer lo contrario. Un absurdo, ya que eso baja la cantidad de bienes y servicios que tendremos disponibles los argentinos, lo que significa menos bienestar y más pobreza.
El principal argumento para justificar la ineficiencia de los distintos sectores es el famoso “costo argentino”, pero el problema es que éste afecta a todos los productores de bienes y servicios. Gracias a la protección y debido al sobreprecio que les permite cobrar, algunos logran transferirles parte o toda esta carga a otros que no lograron obtener esa misma prebenda y, entonces, deberán acarrear la propia y la ajena. Esto es sumamente injusto. Por lo tanto, si el problema es el “costo argentino”, juntémonos para reclamarle a los políticos que se reduzca la presión tributaria, se disminuya y eficientice el gasto público, y se reforme la arcaica legislación laboral. De esta forma, lograremos potenciar las posibilidades de desarrollo de la Argentina y las oportunidades de progreso de todos sus habitantes.
