Editor L&P
Por Mario Šilar
Al analizar algunos problemas socio-políticos la distancia espacial puede jugar una mala pasada. A veces se simplifican los problemas y se tiende a ver con buenos ojos simplemente aquello que “suena bien”. Además, desde una perspectiva liberal clásica, frente a los casi todopoderosos estados de bienestar europeos contemporáneos, fácilmente se anhela pensar que la escisión y formación de una comunidad política de menores dimensiones haría posible un gobierno limitado, más dinámico, transparente y respetuoso de la sociedad civil. El sentido común también parece impulsar hacia este lado y uno bien puede preguntarse: ¿qué tiene de malo que un grupo de personas quiera votar? Como en muchas cosas de la vida, pues depende de qué sea lo que se quiera decidir por elección popular, qué tipo de mayoría se exige, y, más importante aún, si se han respetado las reglas de juego y procedimientos específicos establecidos al efecto. Nada de ello ha sucedido en Cataluña, y estas proyecciones desiderativas no son el mejor modo de aproximarse a este juego perverso.
¿Habrá finalmente referéndum el próximo 1 de octubre? ¿Qué sucederá después? Estas preguntas flotan hoy sobre la ciudadanía española y catalana. Al hilo de las detenciones a funcionarios de segunda línea –no aforados– de la Generalitat y los diversos reveses que está jurídicos que sufriendo el proceso, que adolece de graves problemas de legitimidad procedimental, se han ido produciendo diversas manifestaciones ciudadanas en apoyo al referéndum. En los últimos días también se han visto algunas manifestaciones de catalanes no independentistas en diversos sitios de Catalunya.
Otras preguntas que flotan en el aire están relacionadas con la potencial escalada de violencia que pueda generar el actual conflicto político. Existe cierto temor a que la escalada pueda materializarse en episodios de violencia. En los últimos días, diversas fuentes policiales y de la Guardia Civil han dado cuenta del desplazamiento hacia Catalunya de grupos radicales del País Vasco, y se observan iniciativas similares desarrollándose en Navarra y Galicia. Se teme que si estallara un conflicto de proporciones se produjera un efecto llamada atrayendo a radicales de Francia, Italia y Grecia.
Independientemente de cómo se materialicen los acontecimientos la próxima semana (¿habrá urnas? ¿habrá centros habilitados? ¿habrá afluencia ciudadana masiva?, etc.) madura la sospecha de que cualquiera sea el escenario que se produzca, lo que ocurra el primero de octubre no estará revestido de una legitimidad digna de consideración. El pulso ahora se encuentra entre el intento del gobierno español de que la Generalitat anuncie la desconvocatoria del referéndum y el intento del gobierno de la Generalitat por escenificar algo de mediano impacto que le permita salvar las formas.
Entonces, ¿por qué la Generalitat no da marcha atrás y desconvoca el referéndum del próximo 1 de octubre? Difícil saberlo, pero toda la situación tiene un gran parecido con lo que en teoría de juegos se denomina equilibrio de Nash (por referencia al famoso premio Nobel de Economía): un escenario en el que cada uno de los jugadores considera que ha adoptado su estrategia más efectiva y, además, conoce las estrategias de sus rivales. Existen algunos indicios que permiten intuir que poco cambiará luego del 1O (salvando que no se produzcan episodios de violencia que lleven la escalada del conflicto a un nivel imprevisible). Por una parte, en una especie de confesión inconsciente, el actual vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras admitió que las acciones de la Guardia Civil están alterando la organización del referéndum. Por otra parte, la Generalitat había decidido dejar de informar a la Hacienda Pública española de sus gastos y como respuesta ha visto sus cuentas intervenidas por el Gobierno central, a fin de evitar que ningún pago de las más de 300 asociaciones y entidades vinculadas al gobierno catalán se utilizara para financiar los gastos del referéndum. La Generalitat ha dado marcha atrás y ha vuelto a enviar las certificaciones de los pagos a Hacienda, aunque, en principio, sus cuentas seguirán intervenidas hasta fin de año.
Al final, estamos frente al viejo “clamor popular” de siempre, manipulado por quienes se arrogan la definición del “pueblo catalán”. Todo parece haberse reducido a cómo seguir aceitando la usina extractiva de recursos económico-financieros en ese múltiple y complejísimo juego de transferencias cruzadas que se observa en el actual estado de las autonomías en España. Pocas cosas hay más alejadas de los principios de la tradición liberal que las ideas y actores que están detrás del movimiento independentista catalán en la actualidad. Sea que se logre impedir el referéndum o sea que este se produzca de modo muy menguado, el movimiento independentista cuenta con obtener, al menos, una mayor cuota de beneficios y prebendas del gobierno de Madrid a fin de apaciguar la previsible convulsión social que se producirá en las próximas semanas. Como suelen confesar algunos catalanes con algo de sorna: “contra España, se vive mejor”.
