Consiguió empleo en el Ministerio de Economía pero prefirió renunciar a cobrar por ser ñoqui

LA NOTICIA – La historia de Magalí Adaro saca a la luz la situación que atraviesan gran parte de las dependencias públicas del Estado nacional. La mujer reside junto a su familia en la localidad de Salto, en la provincia de Buenos Aires. Como se encontraba sin trabajo, aprovechó su título de Licenciada en Ciencias Políticas y su Maestría de Políticas Públicas para anotarse en el concurso abierto del Ministerio de Economía, con el objetivo de lograr la hazaña de conseguir un puesto en esa importante cartera del Gobierno.

Así fue como Magalí fue la única seleccionada entre 900 postulantes. Gracias a su perfil y su excelente curriculum, allí comenzó a trabajar como Profesional en Gestión Pública especializado en Políticas Públicas, cargo concursado en planta permanente C1 conforme al Decreto 2804/15 publicado en el Boletín Oficial con fecha 9 de diciembre de 2015. El trámite demoró unos meses hasta que finalmente en mayo de 2016, durante la gestión del exministro Alfonso Prat Gay, logró ocupar su puesto. De esta manera, todos las semanas viajaba 180 kilómetros de Salto a Capital Federal para trabajar llegar a la sede del Ministerio de Economía, situada en Balcarce 186.

Sin embargo, todo lo que parecía alegría y una hazaña por considerarse “de otro palo”, con el correr de los días se fue desdibujando. Con la asunción del nuevo Gobierno de Mauricio Macri, su área pasó a depender del Ministerio de Modernización y como su decreto estaba hecho para el Ministerio de Economía, la movieron al área de Seguimiento Parlamentario, una oficina muy importante que funciona de enlace entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Allí se derivaban todas las preguntas de economía que hacían los legisladores al jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien periódicamente debe rendir cuentas y brindar un informe de gestión ante el Congreso.

“En mi oficina éramos muchísimas personas. Allí, una sola vez al mes tomábamos estas preguntas y nada más. Era solo eso, no había otra cosa para hacer. La tarea era tan escasa que había muchísimas personas que no hacían nada, que faltaban muchísimo y otros que directamente ni venían”, señaló Magalí a La Noticia 1, y precisó: “Algunos directivos querían remover a esas personas de esas áreas tan sensibles pero por los acuerdos que existen entre el Gobierno con UPCN, no los podían sacar”.

“Los contratados que venían de la gestión anterior, que habían ingresado a través de conocidos y por intermedio del gremio UPCN, en 2015 pasaron a planta permanente durante las últimas semanas de Gobierno de Cristina Kirchner. En la mayoría de los casos, los trabajadores fueron efectivizados con una categoría más alta de las que les correspondía, por lo que cobraban mucho más dinero, y hasta les pagaron retroactivo, cosa que no pasó con los que veníamos de afuera y habíamos entrado por concurso”, explicó la mujer.

Como no tenía trabajo, Magalí aprovechó su tiempo libre para realizar cursos online del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) de técnica parlamentaria y de redacción de texto legislativo, entre otros. “Como no tenía nada que hacer le empecé a pedir trabajo a mi coordinador. ¿Esto solo es nuestra tarea? ¿No hay más nada para hacer? Y él me decía que no. Un día se enojó y me dijo: ‘Por qué me pedís más trabajo. Esto es lo que hay que hacer y punto. Así es la administración pública’. Como diciendo, nena quedate en el molde”. Después, la mujer le pidió a su directora la posibilidad en avanzar en la concentración de tareas y comenzar a trabajar por objetivo, pero los delegados gremiales que estaban en la dependencia también se opusieron.

Los reclamos de Magalí, sumados a que era una empleada que venía “de afuera” le trajeron serios problemas con sus compañeros: “Un viernes, antes de salir del trabajo y viajar para Salto el fin de semana, dejé todos los informes que había hecho en la oficina para que a la noche levanten la información y hagan el boletín correspondiente. Cuando estaba en viaje, mis compañeros me llamaron para preguntarme por qué no había hecho los infomes y me decían que en la oficina yo no había dejado nada”. Para ese entonces, la guerra que impulsaban sus pares ya estaba declarada. Según contó Adaro, la situación empeoraba cada vez más y cualquier acción que realizaba hacía acrecentar el bullying laboral, también llamado moobyng.

“A pesar que mis pedidos eran confidenciales, en el gremio se enteraban y me generaba problemas. hasta me sugirieron que me tomara licencia por un tiempo, algo que nunca acepté porque era hacer lo mismo que hacían ellos”. Ese cúmulo de situaciones inclinaron a Magalí a pensar seriamente en abandonar a su cargo. “Mi directora, que es una chica muy competente, me decía: ‘Tratá de aguantar un poco más, mirá lo que lograste habiendo entrado desde afuera'”. Pero finalmente ella no resistió y en noviembre de ese año resolvió renunciar a su puesto: “El sabor amargo que me quedó de todo esto es que uno, por más que tenga los valores y hasta tenga un jefe que te apoya, es el sistema mismo, el aparato, la bruocracia, que te consume y te atrapa. Además, el sindicato también te juega en contra”.

“Al margen de tener una estabilidad laboral, yo creo que hay un deseo personal en el ser humano de sentirse útil y no estar vegetando. Esa lógica no la puedo entender. Yo ahora estoy sin trabajo y me cuesta conseguir. Pero estando en esa dependencia del Estado me sentía inservible y culpable por cobrar un dinero que es de todos los contribuyentes. Pese a que estoy desocupada, no pierdo las esperanzas de encontrar un trabajo de acuerdo a mi perfil y mis necesidades”, señaló Magalí en declaraciones a este portal.

Sobre todas las dificultades que debió atravesar en sus corto período dentro del Ministerio de Economía, Adaro dijo: “Lamento el boicot que me hicieron mis compañeros por el solo hecho de verme estudiar en mi tiempo libre. Yo en cuatro meses hice tres cursos y hasta un diplomado, y ellos en 15 años no estudiaron nada, y eso los enojaba. Creo que a pesar de que el Gobierno tenga la mejor de las intenciones, hay una ineficiencia. Los sindicatos no son malos, pero entorpecen y hacen que la vida parasitária dentro de las instituciones siga y no se pueda depurar”.

Por último, al ser consultada por este medio, Magalí sostuvo: “No me arrepiento de la decisión que tomé, porque eran las condiciones que me ofrecían, que no las conocía por no haber estado antes en el Estado. Pero por mi lado, soy partidaria de formar parte de un trabajo dinámico y que sea productivo. No de parasitar y vegetar sin hacer nada. Yo creo que las instituciones funcionan a través de las personas. Y las personas deben dar lo mejor de si mismas”. “Si esto no cambia, vamos a seguir en la misma lógica de siempre. Esto es como la dinámica de los sistemas en la física, cuando vos no estrás en ese engranaje, el sistema te expulsa. En mi caso creo que fue así”, concluyó.

 

El empleo público, en la mira:

Según el CONICET, Cristina Fernández de Kirchner dejó un récord de empleados en el Estado. La planta permanente saltó 40% en diez años, y hubo 252% más contratados. Además, durante su gestión, el gasto en salarios tocó el 12% del PBI. Sobre el final de su mandato, el Estado repartió $ 342 mil millones entre 454.323 estatales.

De acuerdo un relevamiento de la Fundación Libertad y Progreso (LyP), que se puede constatar en la página web oficial (mapadelestado.modernizacion.gob.ar), desde que asumió Mauricio Macri aumentó en un 25% la estructura del Estado, pese a haber prometido una reducción y a haber despedido 11.000 contratados que venían de la gestión anterior.

Según LyP, Cristina Kirchner asumió con 10 ministerios en 2007 y dejó el poder con 16 (aumentó 60%). Pero Macri creó cinco, los aumentó a 21 (31% y 110% desde 2007). La expresidenta tomó el poder con 50 secretarías de Estado y lo dejó con 70 (40%). Macri las elevo a 87 (24% y 74%). La exmandataria tenía 92 subsecretarías de Estado y dejó 169 (83%). Macri las incrementó a 207 (22% y 125%).

Según el último relevamiento de FIEL, en 2003 el sector público nacional tenía 460.000 empleados. En 2016 llegó a 739.000, por lo que creció un 61%. Si Macri quisiera reunir a todos los empleados que trabajan en el Estado no le alcanzaría con el Centro Cultural Kirchner. Necesitaría al menos 15 estadios como el de Boca Juniors.