Empresas del Estado: ¿quiénes son sus verdaderos dueños?

Por Academia Nacional de Economía
A lo largo de sus 60 años de vida, la Academia Nacional de Economía ha llevado a sus mesas de análisis diversos temas de entidad en materia económica y social. Hay algunos que por su trascendencia se repiten cada tanto.
En particular, el tema del funcionamiento de las empresas del Estado ha estado en la agenda de la Academia ya desde el año 1994, cuando organizó un ciclo específico al respecto, con las disertaciones de Ramón Díaz, Enrique Braga, Andrés Tierno, Manuel Solanet, Ricardo Zinn y Enrique Loncan.
En 2007, en su ciclo de conferencias se analizó el funcionamiento del Estado en su papel de Regulador, Empresario y Administrador y contó con la participación de Alberto Sayagués, Cristina Vázquez, Daniel Martínez, Gustavo Michelín, Conrado Hughes y Conrado Ramos.
A fines de 2015, el primer trabajo de Pharos, el centro de análisis y propuestas de la Academia Nacional de Economía, justamente analizó el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas y fue encomendado a un equipo de IEEM-UM, integrado por Ignacio Munyo, Pablo Regent y Carlos Delpiazzo. Posteriormente a su publicación, se realizó una mesa redonda donde expusieron los autores, y técnicos de diferentes Universidades comentaron el trabajo: Alejandro Perroni (UCU), Carlos Sténeri (Directivo de la Academia) y Leandro Zipitría (UdelaR).
Precisamente en este trabajo de Pharos se trató de analizar quiénes son los verdaderos dueños de las empresas públicas y cómo es importante determinar quién ejerce el derecho de propiedad, para mejorar la gestión de éstas.
Empresas del Estado y Eficiencia: relevancia del ejercicio de la propiedad
  • Existe una clara relación entre un buen gobierno corporativo y un buen desempeño de las empresas (estatales o privadas). Si se comparan una serie de indicadores relevantes sobre el gobierno corporativo de las empresas estatales en América Latina, en base a información pública de 105 empresas de 13 países, se aprecia que las empresas del Estado en Uruguay se encuentran en el último nivel en materia de gobierno corporativo.
  • Algo similar ocurre al analizar las principales empresas “satélites” de las empresas estatales.
  • Más allá de las empresas “satélite” más conocidas, existen 120 sociedades anónimas de propiedad estatal que no están sujetas a controles, que gozan de la inembargabilidad transferida por sus empresas accionistas y que en general, compiten en estas condiciones con empresas privadas.
  • La OCDE realiza una serie de recomendaciones para el buen gobierno corporativo de las empresas de propiedad estatal.
  • En la mayoría de los casos, la aplicación de estas recomendaciones no necesita una nueva normativa, sino simplemente la voluntad de aplicar la normativa actual.

Conclusiones y recomendaciones.

  • -No se trata de discutir la propiedad de las empresas estatales (si tiene que ser pública o privada) o sus finalidades sociales o recaudatorias, se trata de realizar propuestas para que funcionen con eficiencia y transparencia.
  • -Las prácticas de gobierno corporativo de las empresas del Estado uruguayo no están en línea con las buenas prácticas consensuadas a nivel internacional.
  • -Las empresas del Estado deberían tener estándares de información, transparencia, gobierno corporativo, evaluación de su gestión, auditorías independientes, similares a las que tienen las empresas del sector privado que cotizan en bolsa.
  • – Su finalidad debe regirse por su estatuto: no puede tener liberalidades en la disposición de sus recursos.
  • Los directores deberían tener algún tipo de inhibición de actuación en actividad político partidaria por algunos años, más allá de su mandato.
  • Es clave el papel de las unidades reguladoras no sólo para las empresas principales sino también para aquellas “satélite”, en especial cuando actúan en competencia con empresas privadas.
  • La evidencia empírica sugiere que la falta de claridad en el ejercicio de la propiedad de las empresas del Estado tiene impacto negativo sobre la eficiencia de su gestión.
  • Una alternativa sería trasladar a una nueva entidad (como por ejemplo OPP), todos los derechos inherentes a la propiedad con la excepción de la venta de la propia entidad estatal.
  • Esta entidad debería contar con cuadros técnicos idóneos.

Los derechos que esta entidad debería recibir por delegación serían:

  • Coordinar al conjunto de empresas estatales.
  • Velar por el cumplimiento de los objetivos de cada una de las empresas.
  • Nombrar, evaluar y remover a los directorios de cada una de las empresas.
  • Discutir y aprobar las decisiones estratégicas que excedan por reglamento las atribuciones de los directorios de cada empresa.
  • Realizar la tarea de control de los directorios.