Economista especializado en Desarrollo Económico, Marketing Estratégico y Mercados Internacionales. Profesor en la Universidad de Belgrano. Miembro de la Red Liberal de América Latina (RELIAL) y Miembro del Instituto de Ética y Economía Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.
FERNANDO LABORDA- LA NACIÓN – la disminución del índice de pobreza al 25,7% en el segundo semestre de 2017 respecto del 30,3% en igual período de 2016 fue la mejor noticia que pudo ofrecer el gobierno de Mauricio Macri en medio del malhumor social que generan los nuevos aumentos tarifarios y una inflación que no cede y rondará los siete puntos al cabo de los primeros tres meses de 2018. El dato de que alrededor de 1.900.000 personas dejaran de ser pobres y 600.000 salieran de la indigencia el año pasado representa un antitóxico contra las críticas de una oposición que asegura que el actual Presidente gobierna exclusivamente para los ricos y es insensible ante quienes menos tienen. También, una ocasión para intentar persuadir a la ciudadanía de que su esfuerzo comienza a arrojar resultados positivos y de que el gradualismo valía la pena.
Macri viene diciendo que, al concluir su mandato, espera ser evaluado por cuánto haya podido su gobierno reducir la pobreza, y tal vez sea este el primer indicador consistente, junto a la caída interanual del desempleo del 7,6% al 7,2%. Es difícil disimular, sin embargo, una triste realidad: el aumento de la tasa de empleo durante 2017 fue impulsado por el cuentapropismo y el trabajo en negro. Según la encuesta permanente de hogares del Indec, entre el cuarto trimestre de 2017 y su similar de 2016, se crearon 694.000 puestos de trabajo, de los cuales el 27% correspondió a asalariados formales, mientras que el 32% fue de asalariados en negro y el 41% de cuentapropistas. En otras palabras, hay más empleo, pero es más precario y el trabajo informal trepó al 34,2%, seis décimas por encima del año anterior.
Hay otra realidad mucho más lejana en el tiempo y más dolorosa para los argentinos. Desde los años 70, la pobreza en el mundo disminuyó a la mitad, mientras que en los últimos cuarenta años la Argentina la multiplicó por cuatro. En ese lapso, nuestro país se mostró incapaz de atraer las inversiones productivas necesarias y generar suficiente empleo de calidad. En contrapartida, el Estado brindó empleo y subsidios en exceso para compensar las falencias de la economía. Este proceso se aceleró tras la crisis de principios de este siglo y durante la era kirchnerista. Los 2.300.000 empleados públicos que había en el año 2001 en el orden nacional, provincial y municipal se convirtieron en 3.600.000 en 2016. En ese período de 15 años, el empleo público aumentó más del 56%, mientras la población creció menos del 20%.
En los dos años de gestión macrista, la cantidad de empleados de la administración pública nacional se mantuvo más o menos estable, pero siguió subiendo en provincias y municipios. Mediante la reciente ley de compromiso fiscal, los gobernadores provinciales se comprometieron a que, en adelante, el gasto público de sus distritos no se incremente en proporción mayor a la inflación y a que el empleo público provincial no crezca más que el aumento de la tasa poblacional. Demasiado poco si se tiene en cuenta que el número de empleados públicos provinciales cada mil habitantes pasó de 36 a 52 entre los años 2001 y 2016.
Funcionarios del Gobierno defienden el programa gradualista frente a los economistas ortodoxos que lo equiparan con el paso de una tortuga embarazada. En la Casa Rosada destacan que, en 2017, se logró simultáneamente que la economía crezca un 2,9% -el mayor nivel desde 2011-, que la inflación baje del 40% al 25%, que el gasto primario como porcentaje del PBI descienda y que el déficit fiscal primario también disminuya, al igual que el nivel de pobreza. Pero los economistas del círculo rojo vuelven a la carga. Comparan ese gradualismo con una persona que tiene 40 kilos de sobrepeso y se contenta con bajar apenas cinco por año. El exfuncionario macrista Carlos Melconian añade que si todos los años tendremos que tomar deuda por unos 30 mil millones de dólares para financiar el déficit fiscal, en algún momento estaremos en problemas. Esta advertencia cobra especial vigencia en momentos en que las circunstancias internacionales de enorme liquidez y bajísimas tasas de interés, tan favorables hasta hace poco para la Argentina, comienzan a revertirse, al tiempo que asoma una guerra comercial de proporciones, de esas que nunca dejan bien paradas a las economías emergentes.
El economista de la Fundación Libertad y Progreso Agustín Etchebarne postula que, en los próximos cuatro años, la Argentina requiere transferir de manera gradual pero sostenida un millón de empleados en el sector público al sector privado, incorporar un millón de jóvenes al mercado laboral y blanquear dos de los cinco millones de trabajadores del sector informal, lo cual permitiría reducir los planes sociales. Para eso, es necesario crear un millón de empleos por año.
A quienes se preguntaban por qué el Gobierno, en lugar de endeudarse para financiar una administración pública gigantesca e ineficiente, no utiliza la deuda que toma para reestructurar ese Estado obeso y financiar un programa de retiros voluntarios que hagan más liviana su estructura, Macri les responderá en los próximos días. Firmará un decreto para impulsar la salida voluntaria de empleados públicos con la intención de reducir la planta permanente en unas 5000 personas. Más gradualismo.
En conversaciones privadas, tanto el primer mandatario como algunos de sus funcionarios -no todos- dan señales de tener clara la necesidad de reformar el Estado. Pero también son conscientes de las limitaciones políticas para encarar esa reforma. La principal es la resistencia de buena parte de la opinión pública a abandonar definitivamente ciertas recetas del populismo, convertidas en parte de la cultura política argentina. Otra limitación es la electoral. Algunos pensaron que el triunfo de octubre pasado le daría al Gobierno la oportunidad de hacer algo más que gradualismo. Pero hoy los principales hombres del Presidente están convencidos de que ese mismo gradualismo les garantizará, junto con la debilidad y la fragmentación de una oposición huérfana de líderes y de propuestas alternativas, otro éxito electoral en 2019.
Lanzada la virtual postulación de Macri a su reelección, se ha iniciado una incipiente lucha por posicionamientos para acompañar al Presidente en la fórmula. La actual vicepresidenta Gabriela Michetti se siente muy cómoda donde está y viene cumpliendo un destacado papel como representante del Gobierno en el exterior. Recientemente, en París, abogó por la incorporación de la Argentina a la OCDE ante el propio secretario general de esa organización, el mexicano Angel Guerría.
Pero en las últimas horas, en especial después de conocerse la disminución del nivel de pobreza, comenzó a ganar terreno el nombre de la ministra de Desarrollo Social. Además de conducir una de las carteras con mayor presupuesto y ser elogiada hasta por representantes de organizaciones sociales enfrentadas ideológicamente con el Gobierno, Carolina Stanley tiene una buena relación con la gobernadora María Eugenia Vidal -su esposo, Federico Salvai, es el jefe de Gabinete de la mandataria bonaerense- y con Horacio Rodríguez Larreta. Stanley proviene de las filas del Grupo Sophia, creado en 1994 por el actual jefe de gobierno porteño.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, también podría ver en la vicepresidencia una alternativa que lo instale como potencial postulante presidencial en 2023 junto a Vidal y Rodríguez Larreta; su desventaja es que parecería difícil, en los actuales tiempos que corren, que el segundo lugar de la fórmula no quede reservado para una mujer.
