Por ejemplo, desde 2018, en Argentina tenemos una fuga de ahorro de locales y extranjeros que no quieren seguir financiando un disparatado gasto público; lo cual ha provocado una contracción de la demanda interna y del nivel de actividad. A fines de ese año, con la sanción del Presupuesto 2019, la dirigencia política decidió que el ajuste lo haga mayormente el sector privado productivo, que es el que genera la riqueza para pagar los gastos propios y los del Estado, y no el sector público que fue el que se excedió en sus erogaciones. Un absurdo de que es la razón de la enorme pérdida de bienestar y empleo.
En Portugal, el Gobierno de Cavaco Silva bajó los sueldos de los empleados públicos en hasta 23%, congelándolos después, y en hasta 15% los del sector privado. La nómina de trabajadores estatales se redujo cerca de un 20%. Aumentaron las horas de trabajo, en 5 horas a 40, y, también, la edad de jubilación. Además, subieron impuestos como el IVA, pasó de 21% a 23%, aunque luego redujeron drásticamente “Ganancias” para los que invirtieran en el país. Aumentaron las tarifas de servicios públicos y comenzaron un proceso de privatizaciones. Así, redujeron el gasto público respecto del PBI desde 51,8% en 2010 a 44,8% en 2016. El déficit fiscal bajó de 11,2% del PBI en 2010 a 2% en 2016, por debajo de la meta acordada; y, en 2018, a 0,5%. En tanto, la deuda pública pasó desde un 96% del PBI en 2010 a un máximo en 2014 de 130% para bajar a 121% en 2018.
Además, en 2013 se hizo una gran reforma laboral para facilitar la contratación de empleados por parte del sector privado, lo que logró bajar la elevada tasa de desocupación. Pasó de 17,4% en enero de 2013 a 10,1% a fines de 2016 y a 6,6% a fin de 2018. Se redujeron las indemnizaciones por despido de 30 a 20 días por cada año de trabajo, facilitando éstos en casos de “falta de adaptación” del empleado o “extinción del puesto de trabajo”, se eliminó el mínimo de 3 meses por despido, se redujo la cantidad remunerada por las horas extras y se implementaron 150 horas extras a disposición del empleador sin remunerar para que las pueda utilizar en cualquier época del año, se escindió el subsidio por desempleo y se suprimieron los tres días de vacaciones que les daban a los empleados de recompensa por no haber faltado nunca. El resultado fue que tras tres años de caída del PBI de cerca de un 7%, la economía empezó a reactivarse en 2013 y terminó incrementándose casi un 10% hasta 2018.
De esta experiencia la Argentina tiene para aprender. Desde 2011, por no resolver el problema del exceso del gasto público, su nivel de actividad no solamente no crece, sino que está pasando por un profundo ajuste. Hay que hacer una drástica reforma del Estado para que deje de servirle a la política y les sea útil a los argentinos, además de hacerlo pagable. Se puede hacer sin dejar sin ingreso a nadie, usando la Ley de Empleo Público, se deja en disponibilidad (es decir, mandando a su casa con sueldo) a quienes se queden sin un cargo, capacitándolos y transfiriéndolos al sector privado con subsidios a quienes lo tomen. Esto permitirá un ahorro creciente para el Estado.
A diferencia de Portugal, que lo pagó con un altísimo desempleo, hay que hacer urgentemente una reforma laboral para incentivar al sector privado a generar empleo; pero yendo al modelo chileno y no con el modelo portugués. En las últimas décadas, el actual arcaico régimen ha desprotegido a más del 50% de los trabajadores argentinos dejándolos sin empleo o con uno informal o con puesto en el sector público y planes asistenciales que son seguros de desocupación disfrazados. Una injusticia que no se puede seguir defendiendo ni manteniendo si queremos generar oportunidades de trabajo y de progreso para todos los argentinos.
Decidamos si seguir escuchando cantos de sirena que nos llevan de crisis en crisis o comenzamos a encarar cuanto antes las reformas estructurales pendientes. No hay más opciones.
(*) Economista de la Fundación “Libertad y Progreso”.