DATA CLAVE – La pandemia del coronavirus generó pánico en la población del mundo. Ante él, muchos gobiernos decidieron aplicar cuarentenas, más o menos restrictivas, para minimizar el contagio y las muertes. Sin embargo, detener la actividad económica también trae consecuencias negativas para la salud, con gente que va a morir o sufrir por sus consecuencias, pero que nadie las relacionará con la cuarentena. Por ello, los gobiernos tienden a ser más restrictivos, ya que saben que los “medirán” por los que perezcan por el coronavirus y no por los que lo hagan por las consecuencias de dichas restricciones, que nadie contará (por ej. falta de atención adecuada de otras enfermedades; pobre alimentación; estrés; suicidios; violencia familiar; entre otros delitos). Por ejemplo, el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires estimó que, en 2020, morirán entre 6.000 y 9.000 personas más porque la cuarentena genera una falta de atención adecuadas de paciente cardio y cerebrovasculares. Como estos, hay muchos otros casos y parece que muchos funcionarios no tienen en cuenta que todas las vidas tienen el mismo valor, no sólo importan las que se pierden por el COVID19. Para tomar las mejores decisiones debieron haber medido todos los costos, ya que lamentablemente para muchos, será muy tarde cuando se lo haga.
Además, no todos los países están en las mismas condiciones para poder parar o restringir la producción. Un ejemplo. Supongamos una familia que por su esfuerzo y sacrificio o por su suerte han logrado tener buenos ingresos y los han administrado austeramente, seguramente podrá dejar de trabajar durante uno; dos; tres o cuatro meses sin bajar sustancialmente su bienestar. Por otro lado, imaginemos una que vive al día por su falta de vocación de trabajo o mala suerte o por su irresponsable mala administración de sus ingresos, no podrá sobrevivir ni un mes sin pasar penurias. Algunos pensarán que estamos dando una razón para que, en un país como Argentina (donde la mayoría de las personas que integran el sector productivo están comprendidas en la segunda familia) no puede haber una cuarentena muy restrictiva y larga. Y habrán entendido bien. Sin embargo, también, estamos hablando de las diferencias de la Argentina con respecto a otros países de la región, para no hacer comparaciones que parezcan “lejanas”.
Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Perú y otros también enfrentan los costos que implica la pandemia y no lo hacen destruyendo el valor de sus monedas, como sucede acá. Es que en el pasado administraron austeramente sus Estados y, hoy, pueden usar ahorros o tienen disponible crédito para enfrentar los mayores gastos en salud, asistir a los sectores vulnerables, incluso bajar impuestos. Además, sus bancos centrales respetaron a sus ciudadanos y les dieron una moneda confiable; por lo que, con la incertidumbre, aumenta su demanda y se puede emitir generando un mínimo de inflación. De esta manera, pueden atender los mayores gastos en salud, ayudar a la gente y sectores productivos vulnerables y hasta bajar impuestos.
Argentina lleva décadas agrandando el Estado a niveles impagables, aún con una exorbitante presión tributaria. Otra vez, gastó el crédito y quebró. Hoy sólo cuenta con el financiamiento de un Banco Central (BCRA) que ha bastardeado su moneda para sostener a un Estado elefantiásico. Desde 1970, el peso dejó en el camino 13 ceros. Es decir, la moneda de $1 hoy diría $10.000.000.000.000. ¡Y a algunos políticos y economistas locales les extraña que no confiemos en el peso! Si pretenden que los argentinos se “pesifiquen”, o sea respeten su moneda, primero deberían empezar ellos a respetarla dejando de destruir su poder adquisitivo.
Por lo tanto, tener un país que “vive al día” y deja de producir implica que toda la sociedad bajará varios escalones su calidad de vida. Pero los que están cerca de la línea de pobreza o la indigencia, pasarán a estar por debajo de ella. Por otro lado, en el corto plazo, los mayores gastos del Estado deberán ser pagados por trabajadores y empresarios del sector productivo, con más tributos o con mayor “impuesto inflacionario”. Cuanto más los expriman, más escalones adicionales bajará el bienestar de los argentinos y será mayor aún la cantidad de desempleados, pobres e indigentes. Recordemos que la inflación le saca relativamente más poder adquisitivo cuanto menor es el ingreso de la persona y será la principal fuente de exacción para financiar al gobierno.
Cuando salgamos de la cuarentena, habrá que generar un crecimiento fuerte para gestar rápidamente gran cantidad de puestos de trabajo para absorber a aquellos que se perdieron por las restricciones al nivel de actividad. Habrá que sacar de la pobreza a cerca la mitad de los argentinos. Por eso es importante resolver los problemas de fondo. Durante décadas dejamos que los políticos construyeran un Estado que le sirve a la política y se sirve de los ciudadanos. Ni aún con una presión tributaria fenomenal se logra pagarlo y vamos de crisis en crisis, porque o terminamos en cesación de pagos o quebrando al BCRA.
Según el Banco Mundial estamos en el puesto número 21, entre 190 países, de los que más exprimen con impuestos a sus empresas. Así no hay perspectivas de que haya suficiente inversión para gestar crecimiento sostenido. Por otro lado, hay más de 69.000 regulaciones que asfixian a las empresas, especialmente a las PyMes y a los emprendedores; pero, en vez de reducirlas, este gobierno las incrementa. Tenemos una ley laboral que desincentiva la generación de empleo productivo. Con distintos gobiernos y períodos de gran crecimiento, en cualquiera de los últimos 20 años que se elija, más de 40%, e incluso más del 50% de los argentinos estaban desocupados; en la informalidad o con un seguro de desempleo disfrazado de ocupación en el Estado o plan asistencial. Con este lastre, es imposible crecer, darle trabajo productivo y sacar a la gente de la pobreza.
Por eso, cuanto antes, hay que recuperar la credibilidad perdida en que la Argentina tiene algún plan a futuro. Haberla perdido justifica que antes de la pandemia ya estuviéramos en decadencia por la fuga de capitales de argentinos y extranjeros. Para revertirla, hay que lanzar un plan de reformas creíble y dar pasos contundentes en ese sentido. Por ejemplo, se puede reestructurar el Estado en un plazo de dos años sin dejar a nadie sin ingresos. A la gente que no cumplía un rol útil o ponía un sellito que sólo nos complicaba la vida se la manda a la casa con un sueldo, se la capacita y se subsidia al sector productivo para que lo tome. Por supuesto, hay que hacer una profunda reforma laboral para que incentive la creación de puestos de trabajo productivo, facilitando esta transición; pero, además, dándole empleo a quienes lo perdieron y a quienes entrarán al mercado laboral. Obvio, también hay que derogar todas las regulaciones y armar un nuevo código con aquellas que realmente son necesarias, facilitando gestar nuevos negocios. Hay trabajos como los de la Fundación “Libertad y Progreso” que muestran cómo es posible hacerlo (ver mas, aquí).
No será el Estado el que nos sacará del pozo en el que nos dejará la pandemia. Ya estaba quebrado por una nueva crisis generada por décadas de despilfarro del sector público. Será nuestro sector productivo que ya estaba exhausto. Por eso, si no resolvemos los problemas de fondo, en el corto o mediano plazo, Argentina enfrentará una nueva crisis que será peor aún que las anteriores. Sin embargo, con un gobierno que tenga la audacia de realizar las reformas estructurales necesarias, podremos lograr el premio que obtuvieron los países que las hicieron en las últimas décadas. Más que duplicaron el poder adquisitivo de los salarios en los siguientes 20 años y hoy tienen niveles de inflación de menos de 5%; pobreza y desempleo de un dígito y más oportunidades de progreso para todos.
