Economista especializado en Desarrollo Económico, Marketing Estratégico y Mercados Internacionales. Profesor en la Universidad de Belgrano. Miembro de la Red Liberal de América Latina (RELIAL) y Miembro del Instituto de Ética y Economía Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.
LA NACIÓN – “Quiero anunciarles que el Gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”. Así comenzó el discurso grabado del presidente Alberto Fernández desde la quinta de Olivos con el que anunció el entendimiento con el organismo multilateral, que implica que la Argentina pagará hoy US$718 millones al FMI en concepto de capital. No hacerlo hubiese significado entrar en default con el organismo.
Más tarde, el ministro de Economía, Martín Guzmán, explicó junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur, los detalles del principio de acuerdo. Según anunció, el sendero de ajuste fiscal acordado con el FMI tendrá metas de déficit primario de 2,5% para 2022, de 1,9% para 2023 y de 0,9% para 2024, entre otros objetivos.
“El anuncio de preacuerdo despeja el horizonte de corto plazo y descomprime los mercados. A ambas partes les convenía acordar, por lo que el Fondo aflojó lo suficiente como para mostrar que no llegaremos a déficit cero [en dos años y medio] y permite seguir endeudándonos con China, Rusia y otros acreedores para hacer obras de infraestructura como quería el Gobierno”, opinó Agustín Etchebarne, director de la Fundación Libertad y Progreso. “Esto no implica una solución para los problemas de la Argentina, pero da más tiempo para encontrar las soluciones”, agregó.
Para Lucio Garay Méndez, de la consultora EcoGo, “se explicitaron las exigencias que se vienen reclamando hace bastante tiempo, como la reducción del déficit y la baja en la asistencia monetaria, y eso es una buena señal”. Sin embargo, añadió que “el camino gradualista anunciado no está libre de riesgos” y que corregir las inconsistencias macroeconómicas llevará por lo menos tres años. “Durante ese tiempo, hay que tener cuidado con los pasos en falso”, advirtió.
Garay Méndez sostuvo que el entendimiento “es una condición necesaria, pero no suficiente para la recuperación de la economía” y que “hay que estar atentos a variables claves para ver la sostenibilidad de este acuerdo, y a la lectura que haga el mercado”, y destacó: “Por último, hay que estar atentos a cómo se mueva el Banco Central en línea con esto de las tasas reales positivas, hasta dónde la sube y qué impacto real tiene”
“El acuerdo implica un refinanciamiento de todos los vencimientos [del acuerdo stand-by firmado por la administración Macri], lo que es positivo para las cuentas públicas, ya que reduce el estrés sobre el gasto y sobre las reservas. A cambio, pide un mayor ajuste fiscal y menos financiamiento monetario del déficit”, resumió Iván Carrino, titular de la consultora ICYA.
“Tanto el menor déficit como la menor emisión son planes positivos. El tema es que se puedan cumplir y que haya financiamiento genuino para cubrir la diferencia que no pueda cubrir la emisión monetaria”, señaló el economista. Sin embargo, advirtió que “esta reducción gradual de la emisión nos condena a tener alta inflación por varios años más”.
Por otra parte, Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma, advirtió que lo anunciado por Fernández y Guzmán implica “un nuevo stand by por dos años y medio que en algún momento tiene que desembocar en un programa de facilidades extendidas”. El economista señaló que se trata de “un préstamo para pagar un préstamo” (si bien el ministro Guzmán dijo que se trata de un programa de facilidades extendidas).
“De acá a 2023, la idea sería reducir el gasto desembolsado por el Covid y mejorar los ingresos para lograr un ajuste fiscal”, indicó. “De entrada, se trata de un anuncio positivo. No hay atraso, se paga y se va a un acuerdo, lo que debería descomprimir la situación. Después hay que ver bien el memorandum de entendimiento y si realmente se cambia el enfoque de política económica”, agregó Caamaño.
