Martín Krause
Miembro del Consejo Académico de Libertad y Progreso.
Doctor en Administración por la Universidad Católica de La Plata y Profesor Titular de Economía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Sus investigaciones han sido recogidas internacionalmente y ha publicado libros y artículos científicos y de divulgación. Se ha desempeñado como Rector de ESEADE y como consultor para la University of Manchester, Konrad Adenauer Stiftung, OEA, BID y G7Group, Inc. Ha recibido premios y becas, entre las que se destacan la Eisenhower Exchange Fellowship y el Freedom Project de la John Templeton Foundation.
Muchos argentinos decidieron dejar de lado el relato de los últimos doce años y cambiar. Con el regreso a la actividad política de la ex presidente, muchos se han preguntado de qué magnitud ha sido ese cambio y cómo es que algunos siguen atados a tal relato pese a las noticias, sobre todo judiciales, que leemos a diario.
En efecto, en algunos temas el relato estatista y populista sigue tan vivo como siempre, entre otras cosas porque presenta explicaciones simples que apelan más a las pasiones que a las razones. Esto se refleja en una cuestión tan acuciante como la inflación. Desde el escolástico de la Escuela de Salamanca Juan de Mariana o el escocés David Hume, la ciencia económica ha comprendido la relación que existe entre el crecimiento de la oferta de dinero más allá de su demanda y el aumento generalizado de los precios. Mariana observaba entonces el fenómeno debido al ingreso a España de metales provenientes de América.
El relato populista sostiene que la causa de la inflación no es la emisión monetaria, sino la “puja distributiva“: distintos sectores de la sociedad pujan por subir sus ingresos vía mejoras de sus precios y esto desata una espiral inflacionaria. Los empresarios aumentan sus precios, luego los sindicatos buscan aumentar los salarios y así sucesivamente. El Estado se ve forzado a convalidar esos nuevos precios con una mayor cantidad de moneda para que se realicen todas las transacciones y no caiga la actividad económica. A la luz de lo que ocurrió estos últimos meses, esta explicación pareciera tener cierto sentido.
Esta explicación cae como anillo al dedo a la visión estatista porque, según ella, el Estado no es el causante de la inflación. Es más: debe intervenir en ese proceso a través de una “política de ingresos” para intermediar en la puja o para aplacarla. Y le permite también echar la culpa de la inflación a otros. Y conviene echársela a los empresarios o, en particular, a los supermercados, ya que son pocos en comparación con los votos que pueden obtenerse de los asalariados y el conjunto de los consumidores.
Sin embargo, es falsa. Si cuando los empresarios suben sus precios el Estado no emitiera más moneda, los consumidores no tendrían con qué pagarlos y los precios bajarían. Es decir, aun si hubiera tal puja, sin emisión monetaria, si unos precios suben otros han de bajar: no hay moneda para todos. Otras cuestiones serían: ¿y en todos los países donde no hay inflación acaso no hay puja distributiva? O ¿qué es lo que tienen todos los bienes y servicios en común para que todos aumenten al mismo tiempo, en lugar de algo más normal, como que unos suban y otros bajen? Respuesta: la moneda; es ésta la que está perdiendo valor.
Los estatistas contraatacarían: “Vean Estados Unidos, han emitido grandes cantidades y no hay inflación”. Correcto. Pero es necesario afinar el análisis. No hay un vínculo directo entre la cantidad de moneda emitida y todos los precios. Por un lado, tenemos la demanda de dinero: puede haber situaciones donde la autoridad monetaria emita pero aumente la demanda de dinero, o aumente la producción de bienes y servicios cuyas transacciones requieren utilizar más dinero. Por otro lado, no todos los precios aumentan al mismo tiempo y en la misma proporción. Lo que sucede en Estados Unidos es que ese aumento de la oferta monetaria ha terminado en un aumento de las reservas de los bancos, reacios a prestar luego de la crisis (es decir, aumento de la demanda de dinero) y, por otro, que el índice de precios al que normalmente suponemos mide la inflación no mide los precios de todos los bienes. Tal vez los que están en el índice no aumenten pero otros sí lo hagan (a esto le llamamos “burbujas”). O tal vez los precios deberían estar cayendo y la emisión monetaria genere inflación porque impide que caigan.
Lo cierto es que la inflación es claramente un fenómeno monetario. Y en el caso argentino su explicación es relativamente simple: el Estado gasta de más (aquí sí podemos hablar de puja o “piñata” distributiva, porque todos los sectores quieren más gastos, subsidios, etc.), luego emite para pagar sus gastos, ese dinero sale a la calle a través de los pagos que el Estado realiza y quienes los reciben salen a su vez a gastar o, tal vez, alguno ahorre o compre dólares.
Tan simple como eso, o no tanto. Los argentinos hemos vivido con grandes déficits fiscales,alta inflación y hasta hiperinflación durante décadas. La mayoría hemos nacido y vivido en tiempos inflacionarios. Y así y todo nos cuesta entenderlo. Hemos dicho “basta de dictaduras”, “basta de violaciones de derechos humanos”, pero no logramos comprender las causas para decir “basta de déficit fiscal” y, por ende, basta de inflación. No le saltamos a la yugular de un gobierno cuando tiene déficit de la misma forma en que lo haríamos si descubriéramos que es corrupto o que hace fraude.
Tan fuerte es nuestra creencia en la versión popular de la teoría de la puja distributiva que demandamos permanentemente que el gobierno haga algo para detener la suba de los precios. Hace poco, un funcionario era entrevistado en un programa de televisión y la periodista le preguntaba: “¿Están tomando alguna medida concreta para detener la suba de los precios?”. El funcionario comenzaba a argumentar que se buscaba arreglar el tema de los holdouts para poder tomar deuda y cubrir el déficit, así reducir la emisión monetaria y, por lo tanto… Y la periodista insistía: “Pero, dígame una medida concreta para hacer frente a la inflación”. Y así más de una vez.
Obviamente, o la periodista quiere reflejar la opinión popular al respecto o no sabe nada de la relación entre emisión monetaria y precios. Entonces, si tenemos votantes que compran la versión barata de la teoría (la culpa es del carnicero) y eventualmente pueden llegar a votar en consecuencia, el Gobierno responde a eso. Se vuelve supermercadista: vamos a crear unos 50 mercados que tendrán precios “cuidados”, no descuidados, confirmando entonces que la versión populista de la inflación ha de tener razón, o algo, aunque estén actuando desde la otra perspectiva. Vamos a multiplicar estos planes sociales, etc. ¿De dónde va a salir el dinero para todo eso, teniendo en cuenta que el mismo gobierno ha señalado que hereda un déficit fiscal de más de 5 puntos del PBI? No niego la necesidad coyuntural de alguna de estas acciones, pero tampoco hay que negar que ese mayor gasto o se cubre con más emisión y, por ende, más inflación, o se cubre con más deuda.
La emisión monetaria y la deuda son dos cosas poco visibles para el votante. Éste observa los precios, que afectan directamente su presupuesto. La emisión y la deuda son cosas algo lejanas. Y los gobiernos argentinos oscilan entre una y otra cosa, llevándonos ya sea a la híper o al default, o moviéndonos en la dirección de uno o el otro.
Así seguiremos, en tanto no se derrumbe el mito del Estado paternalista al que le pedimos de todo, para luego desentendernos de cómo se paga. No me cobren impuestos porque no me gusta, pero adelante con la emisión o la deuda, que no noto que las pague a menos que genere una crisis. El populismo argentino ha alimentado las dos variantes.
Estamos saliendo de la versión inflacionista, ¿para reingresar en la versión deudora? ¿O será esto algo pasajero para salir del mal momento heredado? No hay límites institucionales, o legales, ni para uno ni para otro caso. En definitiva, dependerá de los argentinos y cuán dispuestos estemos a dejar atrás un relato que lleva ya varias décadas.
Este artículo fue originalmente publicado en La Nación (Argentina) el 23 de mayo de 2016.