Edgardo Zablotsky
Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago. Rector de la Universidad del CEMA. Miembro de la Academia Nacional de Educación. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
ÁMBITO FINANCIERO – En noviembre de 2015, casi al término de la campaña electoral, Mauricio Macri afirmó que “los planes sociales no son un regalo sino un derecho adquirido y no los vamos a sacar”, pero también aclaró que “lo más importante es que vamos a poner en marcha el país y la gente va a poder acceder a un trabajo digno”.
El 1 de mayo cumplió su promesa al hacer público el plan de empalme, el cual intentará reconvertir cientos de miles de planes sociales en empleo genuino. Macri señaló que la idea es que los beneficiarios de planes “puedan entrar a trabajar sin perder el plan. Las empresas pueden incluir ese plan que paga el Estado dentro de su salario, y facilita que los puedan tomar”.
Es claro que el nuevo plan promoverá la inserción laboral de beneficiarios de planes sociales en sectores donde el capital humano del trabajador no es un factor esencial, por ejemplo, la construcción o algunos servicios. Pero para que el plan tenga un real impacto es necesaria la capacitación y el entrenamiento profesional de millones de argentinos carentes de cualquier forma de capital humano.
¿Cómo lograrlo? El Premio Nobel de Economía Eric Maskin nos da la respuesta. Durante una conferencia llevada a cabo en noviembre 2014, en Lima, Perú, Maskin afirmó que “la población debe tener los medios para ganarse su propio sustento y los programas sociales pueden ayudarles a llegar a ese punto dándoles educación y capacitación laboral”.
¿Por qué no exigirle a todo beneficiario de un plan, que no pueda acceder a un trabajo mediante el plan de empalme, que concurra a una escuela de adultos preferentemente técnica, o que tome cursos de entrenamiento profesional en un amplio menú de actividades productivas, como requisito para cobrar la asignación de su plan? Este requerimiento sería similar al exigido a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, donde es necesario demostrar la asistencia de ellos a las escuelas a los fines de recibir el respectivo subsidio.
Esta idea no es nueva, tiene su génesis en la Declaración de Derechos de los Veteranos de Guerra, sancionada por el presidente Roosevelt en 1944, frente al fin de la Segunda Guerra Mundial. Ésta otorgaba a los veteranos la oportunidad de reanudar sus estudios o capacitación profesional, con el derecho a recibir una asignación mensual mientras desarrollaban dichas actividades.
Gracias a esta ley millones de personas que hubiesen intentado ingresar al mercado de trabajo optaron por reeducarse. El capital humano de la fuerza laboral mejoró significativamente. Para la culminación del proyecto, el 50% de los 16 millones de veteranos de la Segunda Guerra habían participado del programa. Hemos perdido más de una década, millones de argentinos beneficiarios de planes sociales no cuentan hoy con una dotación mayor de capital humano. Imaginémonos si se implementase una política imbuida de este espíritu. ¿Cuántos menos argentinos dependerían del apoyo del Estado de aquí a cinco años?