LA NACION – Con el atractivo nombre de Régimen de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas el Poder Ejecutivo presentó un proyecto cuyo contenido responde en realidad a una afiebrada concepción dirigista. Sin definición oficial respecto de una política energética, cada uno de sus 116 artículos referidos a un sector sumamente relevante destila intervencionismo. Como parte de un mundo que evoluciona hacia una transición en materia de tecnologías de generación energética, el Gobierno parece empeñado, sin embargo, en desconocer que la Argentina es también parte de acuerdos internacionales en la materia.
Como es dable esperar, el proyecto de ley de hidrocarburos en gestación no muestra un encuadre con objetivos de política energética, claramente ausentes en esta administración. Se pretende incentivar la producción y exportación de petróleo y gas creando supuestos beneficios impositivos y cambiarios, pero bajo condiciones laberínticas que deben ser aprobadas en cada caso por la autoridad de aplicación y, en gran medida, por comisiones ad hoc con numerosos y variopintos representantes. No se crea un solo régimen, sino regímenes diferenciados para petróleo, gas, industrialización, actividades de apoyo y transporte. Cada artículo propone una condición por cumplir que requerirá la consiguiente aprobación. Cuando se establecen plazos para que ello ocurra, en ningún caso se le otorga al solicitante el beneficio de la aprobación automática. Entre las peculiares disposiciones, las autorizaciones a una empresa para exportar están sujetas a lo que resulte del excedente exportable a nivel nacional, algo ciertamente difícil de determinar. Se exigen, además, comprobaciones de todo tipo, incluidas algunas ligadas al delicado tema del compre nacional. La mentalidad estatista del régimen se pone en exagerada evidencia.o Por ejemplo, el articulado dispone que el Fondo creado para investigaciones y estudios sólo puede ser usado en “acuerdos y/o convenios con universidades nacionales e instituciones públicas del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología”.
Los efectos de la sanción de esta ley serán exactamente los opuestos a los pretendidos. No es difícil imaginar que una empresa que no obtenga esos beneficios realice inversiones mientras otras los logren. El otorgamiento discrecional de las aprobaciones exigidas creará otro gigantesco caldo de cultivo para la corrupción, que es lo que ocurre cuando se introducen estas regulaciones. Hemos reiteradamente comprobado que cuando se crea la oportunidad, la corrupción en nuestro país es tan frecuente como condenable. De hecho, es este otro de los factores que hoy conducen a desistir de invertir en países como el nuestro, que hacen de las trabas y las regulaciones otro deporte nacional.
El reciente congreso referido al Futuro de la Energía, organizado en Buenos Aires por la Academia Nacional de Ingeniería como miembro de la organización internacional CAETS, que agrupa las academias nacionales de Ingeniería de 31 países, propuso relevantes conclusiones que deberían ser la base de una política energética. Expusieron 39 prestigiosos especialistas internacionales, de sólido criterio, que promovieron los consensos. Aceptando el criterio de descarbonización con emisiones netas igual a cero para 2050 se fijaron líneas de la transición hacia energías limpias. Se aceptó que cada país tiene condiciones y recursos energéticos propios y que, por lo tanto, no hay un camino único. Pero el común denominador es una tendencia a sustituir el carbón y el petróleo como fuentes primarias, extendiendo el uso de gas en tanto se mejora la competitividad de las energías renovables y nucleares y se perfecciona el almacenaje y la captura de CO2. En un horizonte no muy lejano aparecen el hidrógeno y la fusión.
Las sanas leyes de la economía y la realidad del mundo indican que la inversión se alienta cuando los gobiernos no intervienen discrecionalmente, cuando la presión impositiva no es confiscatoria y las reglas son previsibles en un contexto de seguridad jurídica. El comercio internacional es de doble vía. No debe estar sujeto a aprobaciones oficiales ni a intervenciones de precios. Las políticas deben ser orientativas y, en todo caso, cuando hay factores como la contaminación o la emisión de carbono que afectan el normal desenvolvimiento económico, deberán compensarlas con tributos puntuales que carezcan de discrecionalidad. La Argentina cuenta con importantes reservas de gas y petróleo para su extracción no convencional. Una definición de política energética debería también contemplar los tiempos para extraer estos hidrocarburos. Su diseño es impostergable para no seguir creando regulaciones de imposible cumplimiento que lo único que logran es generar grandes incentivos para la corrupción.
