EDITORIAL DE LA NACIÓN – Mediante otra jugada engañosa del oficialismo y ante la lamentable ausencia de tres diputados opositores, se dio media sanción al aumento de las alícuotas del impuesto a los bienes personales. No era ese el cambio que postulaba Juntos por el Cambio cuando pidió la sesión, sino solo la suba del mínimo no imponible. Resulta imperdonable que se pida expresamente una sesión para abordar un tema tan crucial sin haber considerado que no se iba a contar con suficiente número en el recinto.
Fue así como se abrió la puerta a la rapacidad oficial que emergió de su escondite una vez más bajo el disfraz de Robin Hood. Quitarles a los ricos para darles a los pobres suena muy bien. Mejor aún para el código populista si se argumenta que las riquezas son espurias y que se han conseguido con el sacrificio de trabajadores, a los cuales se explotó abusivamente, dejándolos en la pobreza.
Con las reformas, el mínimo no imponible fue elevado de 2 millones de pesos a 6 millones, siendo este aumento todavía insuficiente para recuperar el valor a moneda constante fijado con la sanción original de la ley. En un impuesto objetable en esencia, este aumento no lo sería, salvo por su total insuficiencia fundada en varios motivos. En primer lugar, no es justo porque grava el activo de las personas sin descontar los pasivos. Quien haya invertido para una pequeña empresa tomando un crédito, debe tributar sobre el monto del activo sin poder deducir el pasivo correspondiente. Por otro lado, un capital se forma con utilidades y rentas sobre las que en su momento se pagó el impuesto a las ganancias. Hay, por lo tanto, una doble imposición.
Las alícuotas, o sea el porcentaje gravado sobre el valor de los bienes, deben compararse con el rendimiento medio real, por encima de la inflación, que puede obtener un ahorrista o un emprendedor en una inversión productiva de bajo riesgo. Una alícuota de un 1% puede comerse más de la mitad de la renta, la que, además, es alcanzada por el impuesto a las ganancias. Si la jurisprudencia fija que un impuesto por encima del 33% de la renta resulta confiscatorio, qué puede decirse de alícuotas que van hasta el 1,75%. La justicia debería responder en tiempo y forma y correctamente a las demandas por excesos tributarios. Más grave aún es el aumento al 2,25% aplicable a bienes en el exterior.
Concomitante con las aspiraciones robinhoodianas, el Frente de Todos impuso una escala de alícuotas crecientes argumentando que los más ricos deben pagar más. La verdad es que con una alícuota fija expresada porcentualmente los más ricos ya efectivamente pagan más. Lo hacen en proporción al valor de sus bienes. Esto no satisface a quienes se ufanan de combatir el capital y no se conforman con una incidencia proporcional, sino que han logrado una exponencial. Empresarios ubicados en las escalas más altas tienen abiertamente que consumir capital o mover su residencia fiscal a otro país.
Quienes promueven esta ley participan del concepto de que quienes protegen sus ahorros de los riesgos locales son siempre culpables y deben ser penalizados. No advierten que, justamente por acciones de este tipo, la gente protege sus ahorros en el exterior. La prudencia, patrimonio de quienes con esfuerzo y trabajo de años lograron cimentar incluso un pequeño ahorro, conduce a preferir quedar fuera del alcance del gobierno nacional o del Banco Central. Ni qué hablar de aquel empresario que expande sus inversiones en el exterior. Será sin duda de los más perversos en la vernácula película de Robin Hood, exactamente al revés de los países que alientan y premian ese tipo de expansión. Tanto el impuesto a los bienes personales como el denominado “impuesto a la riqueza” expulsaron al exilio a empresarios que desarrollaron valiosos unicornios argentinos, arriesgando inteligencia y esfuerzo.
Ya son miles los empresarios radicados en Uruguay y en otros países en los que reciben tratamientos impositivos razonables. Quien alcance algún nivel de éxito, que beneficia a sus propios empleados y al desarrollo nacional, sobresale y merece ser víctima de la cada vez más aceitada guillotina horizontal que utiliza el Gobierno. Solo se logra así que se nivele para abajo.
Nuestro gobierno debe saber que cuando un emprendedor traslada su residencia a otro país es probable que sus iniciativas salgan del nuestro. La inversión tan necesaria en la Argentina se verá afectada. También el Gobierno y sus legisladores deberían saber que cuando un impuesto se aumenta por encima de un cierto nivel, el premio de eludirlo opera sobre los contribuyentes y la recaudación, en lugar de crecer, se reduce. Debe bajarse el gasto en lugar de aumentarse impuestos que ya hasta aquí asfixian gravemente y como en ningún país del mundo a los ciudadanos. Es inentendible que el presidente Alberto Fernández impulse a los gobernadores a crear nuevos impuestos, tal como el de la herencia, y no los presione para reducir el gasto público.
La sanción de esta ley será lamentable y perjudicial para el país bajo todo punto de vista. Consideramos grave e imperdonable la ausencia de dos diputados de la oposición, considerando que la tercera debió ausentarse por haber sido diagnosticada con Covid. Los otros dos –Alvaro González, de Pro, y Gabriela Breuwer, de Evolución Radical–, a días de asumir, paseaban por el mundo permitiendo que el oficialismo impusiera por solo un voto esos cambios que mantenía ocultos. Nuestros representantes, elegidos para esa alta responsabilidad por el voto popular, salvo un impedimento cierto de salud, deben asumirla prioritariamente, mucho más en el mes de cierre de la labor legislativa que se sabe cargado de definiciones.
Resultan inadmisibles los pedidos de licencia a los que cualquier trabajador no accede con tamaña facilidad. Junto a estos diputados, la oposición pecó de irresponsabilidad e ingenuidad, evidenciando una vez más la falta de cohesión y astucia que el escenario parlamentario exige en estos tiempos.
