MARCELO BONELLI – El Senado aprobó recientemente una modificación al denominado “Consenso Fiscal”, por el cual las provincias cuentan con la venia de la Nación para incrementar la presión fiscal a sus contribuyentes, con el objetivo de aumentar sus propios recursos y equilibrar sus cuentas.
En los hechos, la norma permite no sólo que las provincias mejoren sus ingresos, sino que caigan sobre sus propios contribuyentes locales y el resto de la actividad económica nacional.
De esta manera, la Nación le ha pagado a las provincias entregándole la llave para que puedan nacionalizar la suba de tributos.
La decisión lleva a que las provincias ajusten las alícuotas del Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) y de esa forma puedan trasladar la presión hacia otras jurisdicciones, ya que lo que se grava en una etapa de la producción en una provincia puede pagarse en otra provincia cuando el producto sea trasladado para su comercialización.
IIBB es un tributo considerado muy gravoso por lo que se denomina, su efecto cascada.
Esto significa que la aplicación de este gravamen en cada etapa de producción o comercialización se va sumando, aumentando su valor, al multiplicarse sobre el precio del bien o servicio.
Este tributo, que debería ser considerado como inconstitucional porque grava dos veces el mismo hecho imponible como son las ventas, ya que el IVA lo hace a nivel nacional, es uno de los grandes responsables de la inflación actual porque multiplica el precio de los bienes y servicios en cada etapa sin poder descargarlo y trasladándolo en toda su magnitud al consumidor final.
Todo este galimatías tributario tiene una sola explicación y ella es, corregir el despilfarro de los gobernadores.
En un reciente informe, la Fundación Libertad y Progreso dio cuenta de los disparates fiscales de las provincias y dijo que “sólo en 5 de las 24 jurisdicciones los ingresos propios (que incluyen a los tributarios y otros como regalías) tienen un mayor peso que las transferencias que se reciben de coparticipación de impuestos y transferencias del gobierno nacional. Esto da cuenta de que, en general, hay un elevado nivel de dependencia económica de las jurisdicciones. Teniendo esto en cuenta, los mayores niveles de independencia económica se observan en CABA, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Buenos Aires. Mientras que en el otro extremo se encuentran La Rioja y Santiago del Estero, jurisdicciones donde 91% y 84% de los ingresos totales corresponden a coparticipación de impuestos y transferencias nacionales. La elevada dependencia de las provincias de las transferencias nacionales, sumado a la necesidad de un ajuste en las cuentas públicas a nivel federal, aumenta el riesgo de que el nuevo Consenso Fiscal se utilice para aumentar la presión tributaria provincial”.
Más adelante, el informe remarca que “un segundo factor a tener en cuenta es que desde 2018 que el resultado primario consolidado de las 24 jurisdicciones es positivo; lo que se contrasta con los déficits recurrentes que ha registrado la Administración Pública Nacional. En 2021 las provincias y CABA anotaron su mayor superávit primario en términos del PBI desde 2005 (+0,57%). En 2021 solo 4 de las 24 jurisdicciones anotaron un resultado primario negativo, dando cuenta de la transversalidad del resultado positivo provincial”.
El director de la FLyP, Aldo Abram, Director Ejecutivo en la Fundación Libertad y Progreso opinó que “la flexibilización del consenso fiscal va en la misma línea de los instrumentos que han aplicado ahora para lograr bajar el déficit primario, que es no ajustar el gasto público que le conviene a la política, sino ajustar a los jubilados; a quienes se les va a quitar los subsidios, lo cual está bien, pero lo que no está bien es que desde el gobierno no hagan su propio ajuste” y agregó que, “dado que para hacer ese ajuste uno de los instrumentos es bajarle las transferencias a las provincias, negociaron con ellas la flexibilización del consenso fiscal. De forma tal que lo que no reciban de las transferencias de la Nación, lo pueden compensar con impuestos propios. Nuevamente ajustan a la gente pero no ajustan la política”.
