Hay que bajar el gasto público para terminar con el ajuste que afecta a la gente

Miembro del Consejo Académico de Libertad y Progreso. Licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina. Es consultor económico y Profesor titular de Economía Aplicada del Master de Economía y Administración de ESEADE, profesor titular de Teoría Macroeconómica del Master de Economía y Administración de CEYCE.

NOTI AR La aceleración de la inflación y la caída de la actividad productiva y comercial son la manifestación más palpable

Es común que parte de la dirigencia política, e incluso del periodismo, pregunten sobre soluciones a la crisis que vivimos pero que no implique generar un ajuste “salvaje”.

La realidad es que el ajuste salvaje ya está ocurriendo con una inflación que se espiraliza generando caídas del salario real, de las jubilaciones e, incluso, de los mal llamados planes sociales, dado que ya se han convertido en un negocio político.

Lo que los medios suelen titular como organizaciones sociales cada vez que cortan la Avenida 9 de Julio, no son otra cosa que gigantescos negocios manejados por los vivos que acarrean a la gente para obtener el beneficio de ese negocio.

Además de la caída del ingreso real por causa de una inflación que ya está instalada en los tres dígitos anuales, hay que agregarle la pobreza, la desocupación que sería mayor si no se disfrazara con tanto empleo público, las jubilaciones de miseria que cobran los que realmente aportaron al sistema durante toda su vida laboral y la cantidad de jóvenes que se van del país buscando un lugar fuera de Argentina en que puedan tener un futuro.

De la misma forma que Argentina se construyó con inmigrantes que venían buscando un futuro en Argentina a fin del siglo XIX y principios del XX, hoy los nietos de esos inmigrantes se van de la Argentina por la misma causa que sus abuelos se fueron de sus países.

El punto por resaltar es que el ajuste salvaje ya está ocurriendo en la economía argentina. De no corregirse el rumbo, el ajuste será cada vez peor y la pobreza hará que los pobres sean más pobres y la clase media, que trata de resistir como puede, termine cayendo a ese estadio.

Es común que se tenga miedo de tocar los planes sociales. La realidad es que esos planes sociales, que en 2008 llegaban a 6.750.000 beneficiarios, en 2021 sumaron 15.950.000 beneficiarios.

Este tema no se va a resolver mientras los planes sociales no tengan límite en el tiempo. Quien recibe varios planes sociales tiene que elegir entre ir a un trabajo en blanco y cumplir un horario, o vivir de los que pagan esos planes y hacer alguna changa cada tanto.

Para que alguien esté dispuesto a dejar los planes sociales e incorporarse a un trabajo formal, el salario que va a reclamar para dejar el plan social tiene que superar ampliamente lo que recibe del estado. ¿Por qué dejar ese beneficio y ponerme a trabajar cumpliendo un horario si total alguien me mantiene? Esto no va a ocurrir en el corto plazo porque para que los salarios reales aumenten considerablemente se requiere de inversiones que llevarán tiempo dada la tradición que tenemos de incumplir las reglas de juego.

Una solución

Para resolver este problema, lo primero es ponerle un límite de tiempo al plan social; modificar la legislación laboral para terminar con la industria del juicio para que las empresas quieran contratar gente; y establecer cursos de capacitación con rápida salida laboral (electricistas, plomeros, oficios de cocina y tantas otras actividades que hoy escasean cuando se demandan). En definitiva, de lo que se trata es de volver a la cultura del trabajo y terminar con la cultura de la dádiva.

Por el lado del sector público, habrá que reducir empleos que no son necesarios e indemnizar a quienes ya no van a formar parte del Estado. ¿Cómo financiar esas indemnizaciones? En este caso tendría sentido tomar deuda pública porque el ahorro en gasto más que compensaría los intereses a pagar, dando lugar a una posterior baja de impuestos para devolverle poder de compra a quienes hoy sufren una asfixiante carga tributaria.

El gasto público no genera una multiplicación de los panes, solo cambia la asignación de los recursos, con la característica de que, en el caso argentino, es para que cada vez más gente consuma sin producir y cada vez los que producen sean menos.

Lo mismo ocurre con las empresas estatales. Aerolíneas Argentinas el año pasado perdió el equivalente de USD 247 millones. ¿Qué ocurriría si se cerrara? El primer paso consistiría en quitarle el monopolio de hecho y permitir que ingresen empresas privadas para competir. Los pilotos, tripulación de cabina y personal administrativo podrían pasar a las nuevas compañías.

Los que tendrían que salir a buscar trabajo serían todos los ñoquis de La Cámpora que la coparon para recibir dinero sin trabajar, perjudicando a los que realmente trabajan.

Secuencia natural

Es falso que primero tiene que crecer la economía, para reducir el peso relativo del tamaño del Estado, porque con el nivel de gasto público, que llevó a una enorme carga tributaria, se aplasta al sector privado y no lo deja desarrollarse.

Por eso, el punto de partida debe ser bajar el gasto público, tener disciplina fiscal, reducir impuestos y terminar con la inflación que genera un brutal ajuste por la caída del poder de compra de los salarios y jubilaciones. De esa forma, se frenaría el endeudamiento interno y se facilitaría el acceso al crédito al sector privado con tasas de interés pagables.

Bajar el gasto público no es ajuste, es liberar al sector privado de un peso estatal que le impide invertir, producir, crear puestos de trabajo y generar riqueza. El ajuste se produce, justamente, con este gasto público alto e ineficiente.

Hay que terminar con el fantasma de que si se acaba con el populismo viene el ajuste. Por el contrario, el populismo ha llevado al país a un nivel de ajuste que condujo a niveles de pobreza e indigencia a los que era impensable que la Argentina podía llegar.