LA NACIÓN Las provincias de Santa Cruz y Formosa, gobernadas por Alicia Kirchner y Gildo Insfrán respectivamente, se ubican últimas dentro de un ranking que mide la calidad de los procesos electorales a nivel nacional. Junto con ellas, en números rojos, se encuentran otras siete provincias gobernadas por el oficialismo. El relevamiento, realizado por Transparencia Electoral con el apoyo Libertad y Progreso, un centro de investigación en políticas públicas, mira con preocupación la arquitectura electoral, pone el acento en la falta de alternancia en algunas provincias y alerta sobre “serias deficiencias” en materia de libertades y derechos políticos.
El reporte, que deja en una incómoda posición a los gobiernos provinciales oficialistas, pondera una serie de indicadores en torno a tres criterios–marco legal, derechos políticos y competitividad democrática-, para dar con un diagnóstico de la salud electoral. Solo cinco distritos -Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa fe, Tierra del Fuego y Mendoza- arrojan resultados favorables y logran pasar el examen.
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La reelección indefinida, la ley de lemas, la alternancia en el poder, el acceso a la información y la cobertura de los medios de comunicación son algunos de los muchos parámetros que se evalúan para clasificar a las provincias en tres categorías: integridad electoral moderada, alta o baja.
Bajo este último rótulo, junto con Santa Cruz y Formosa, se encuentran las provincias de Santiago del Estero, La Rioja, San Luis y San Juan, todas ellas, pese a los cambios de aire en estas últimas, todavía gobernadas por el oficialismo. En apenas una situación levemente mejor, aunque sin llegar a ser registradas como provincias de “integración moderada”, se encuentran Tucumán, Misiones y Catamarca. Las tres también gobernadas por el oficialismo.
El informe muestra una especial preocupación por el avance de la ley de lemas, mecanismo que transfiere directamente todos los votos al ganador de una interna. “En el año 2022, al verse comprometidos algunos claustros del poder provincial, varios peronismos provinciales decidieron adoptar nuevamente la Ley de Lemas”, se lee en el texto, que detalla los casos de San Juan y San Luis, provincias que en septiembre y noviembre del año pasado instauraron esta modalidad ya vigente en las provincias de Misiones, Formosa y Santa Cruz. A diferencia de los otros distritos, en la provincia patagónica, la ley de lemas rige a nivel provincial.
Además de este mecanismo de elección, que según señala el trabajo “pervierte la intención de voto”, tanto en Formosa y como en Santa Cruz rige la reelección indefinida, y desde 1983 gobierna ininterrumpidamente el oficialismo, motivos que explican en gran parte su baja puntuación y la mala ubicación de las provincias en el ranking.
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La provincia de Buenos Aires se encuentra en el umbral. Se ubica última en el grupo de provincias calificadas como de “integridad moderada” y mira de cerca los números rojos de Tucumán, ubicada en el último lote. Aparte de las irregularidades que se reportan en el transcurso de los comicios, el índice pone el ojo en la poca alternancia en el distrito gobernado por Axel Kicillof: “el mismo partido ha ostentado la gobernación durante 32 de los últimos 40 años”, sostiene. Alejandro Armendariz (UCR; 1983-1987) y María Eugenia Vidal (PRO; 2015 y 2019) fueron las excepciones.
La alternancia en el poder, uno de los ejes evaluativos, se encuentra relacionada, según se lee, con la poca autonomía de algunos de los distritos en materia fiscal. 19 de las 24 jurisdicciones reciben más del Estado federal que lo que recaudan por tributos propios, lo que genera un impacto negativo en el desarrollo del sector privado, la competencia política y su integridad electoral.
“Cuando los recursos de los gobiernos provinciales no dependen de lo que recaudan, sino de lo que reciben de la Nación se rompe la relación directa entre el representante y el representado”, resalta el trabajo. “Una base fundamental de este vínculo es que el segundo financia al primero. Pero cuando existen importantes transferencias federales, el gobierno provincial puede bajar sus impuestos o tolerar importantes niveles de evasión, casi sin costo. Al hacerlo, el gobierno provincial deja de depender de sus representados para depender del gobierno federal”, continua el texto.
En este rubro, las provincias de La Rioja y Santiago del Estero se destacan por su dependencia de las arcas nacionales y, en este sentido, el trabajo advierte sobre la necesidad de “repensar la Coparticipación Federal de Impuestos”.
En el otro lado del ranking, se encuentran los distritos subnacionales de Córdoba, Santa Fe, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tierra del Fuego y Mendoza. En el caso de la provincia gobernada por el radicalismo (Rodolfo Suarez), que encabeza el ranking electoral, se destacan el uso de la boleta única -también presente en tres de estos distritos- la Ficha Limpia y la imposibilidad de reelección. La buena ubicación de Tierra del Fuego (Gustavo Melella-FORJA) se debe, según se detalla, a la alta alternancia en el poder, la disponibilidad de datos e información, la baja intensidad de irregularidades en los medios y la ausencia de ley de lemas.
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Jesús Delgado Valery, director ejecutivo de Transparencia Electoral, destacó que “Si bien a nivel de elecciones de cargos nacionales Argentina está considerada como una “democracia imperfecta” por el índice de democracia de The Economist, o una “democracia electoral” por VDem (Universidad de Gothernburg), cuando analizamos el nivel subnacional nos encontramos con enclaves autoritarios o híbridos, en los que los oficialismos provinciales han modificado las leyes para perpetuarse en el poder. Encontramos provincias gobernadas durante décadas por hermanos (San Luis, Santa Cruz), marido y mujer (Santiago del Estero), y en el caso de Formosa, por la misma persona”.
En el apartado “conclusiones”, el informe exhorta a la implementación de la boleta única de papel que ha “probado ser una exitosa alternativa a la boleta partidaria”. Solo 15 países del mundo, la Argentina entre ellos, no utiliza este mecanismo a nivel nacional, según el informe. También recomienda la promoción de datos abiertos en favor de una concientización ciudadana y a la erradicación de “artilugios” electorales como “lemas y sublemas”.
