Economista de la Universidad Torcuato Di Tella
PERFIL La economía argentina hace rato que se encuentra en una situación muy delicada y no es novedad para nadie. El estancamiento de la última década y la creciente inflación nos fueron empobreciendo hasta llegar a la situación actual. Siempre sentimos que estamos al borde del precipicio, esperando una caída violenta, chocarnos contra la pared, pero ignoramos que la caída se produce a una velocidad constante, que cómodamente nos hunde en un pozo cada vez más profundo. Ahora bien, desde las elecciones del 13 de agosto, la incertidumbre se apoderó de la coyuntura y la probabilidad de que haya una crisis económica con estallido social antes del cambio de gobierno aumentó. Sin embargo, ese camino ya lo estábamos transitando y simplemente lo que tuvimos fue una aceleración en la caída.
En el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía, Sergio Massa, decidió por un salto en el tipo de cambio oficial del 22%. La intención de esta medida era reducir el atraso artificial que se había acumulado en el tipo de cambio oficial y bajar la brecha con los dólares libres, para así quitar presión sobre el Banco Central y evitar, por lo menos transitoriamente, la mayor pérdida de reservas. Todo esto, para destrabar el desembolso de US$ 7.500 millones que finalmente se produjo esta semana.
Pero el contexto de incertidumbre y la ausencia de un plan económico generaron temor en la sociedad, lo cual a su vez provocó que se acelerara la huida del peso. En efecto, aumentaron los tipos de cambio libres, y la brecha, por ejemplo, entre el oficial y el contado con liquidación (CCL) pasó del 110% el viernes previo a las elecciones al 87% con la devaluación, y durante esta semana volvió a situarse por encima de los niveles anteriores a las PASO. Esto hizo que la devaluación (a la cual se venía resistiendo el Gobierno) solamente produzca un fogonazo inflacionario, sin siquiera servir de parche en el mercado cambiario.
Sincerar el tipo de cambio no es en vano, y será un camino que deberá recorrer también el próximo gobierno, pero hacerlo de manera parcial y sin un programa monetario y fiscal no es creíble y atenta contra el objetivo de estabilidad y acumulación de reservas.
La falta de credibilidad por parte del Gobierno tiene dos pilares. Por un lado, el constante cambio de reglas de juego sobre la marcha, que imposibilita la construcción de expectativas y, en cambio, genera una espiral de incertidumbre. Aquí encontramos lo que ocurrió con el Programa de Incremento Exportador IV (Pieiv), más conocido como dólar agro, en el cual se establecía un tipo de cambio diferencial ($ 340) para las exportaciones de productos regionales. Este ejemplo nos sirve primero para ver la discrecionalidad estatal en su máxima expresión; estamos hablando del cuarto programa transitorio de tipo de cambio diferencial para exportadores, una clara muestra de que la rentabilidad de los exportadores termina estando manejada por la discreción del Mecon. También podemos observar cómo los parches posteriores rompen a los previos; en este caso, el Pieiv daba un incentivo para que los productores decidan liquidar sus ventas al exterior, ya que esta cotización se encontraba un 26% por encima del dólar mayorista cuando comenzó el programa. Pero con el último salto en el tipo de cambio oficial, los incentivos diferenciales que daba el programa terminaron. Parche mata a parche.
Por otro lado, el mercado descuenta nuevas devaluaciones antes de las elecciones de octubre y esto se ve reflejado en las cotizaciones de los futuros de dólar. Los contratos de septiembre cotizan en torno a los $ 368, mientras que los de octubre rondan en los $ 430. Detrás de este razonamiento está la poca capacidad de intervención que tiene el Gobierno para intervenir en el mercado y controlar el tipo de cambio. Del desembolso del FMI, se estima que solamente unos US$ 3.900 millones engrosarán las reservas, ya que el resto se utilizarán para pagar los préstamos de la CAF, Qatar y China que se tomaron para realizar los recientes pagos al FMI. Adicionalmente, el Banco Central deberá estar enfocado en evitar la sangría de reservas para poder cumplir con la meta de acumulación.
La incertidumbre también se reflejó en los precios. Lo que vemos a esta altura del mes es que la inflación de agosto dará un salto importante en relación con el 6,3% de julio y casi con seguridad superará el 10%. Con esto no solo tendremos el peor dato para el actual gobierno, sino que estará cerca de superar el 10,4% de abril de 2002, que se dio tras el salto devaluatorio consecuente de la salida de la convertibilidad. En aquella oportunidad, la inflación del mes siguiente se desaceleró al 4,0%. Sin embargo, en la actualidad, las expectativas se mantienen bastante elevadas y posiblemente el dato de septiembre siga de cerca a su predecesor.
Para evitar dicha persistencia, ya han trascendido los esfuerzos para lograr acuerdos de precios. Claro está que la eficacia de esta política es nula en el largo plazo, aunque podría servir para bajar algunos puntos porcentuales durante pocos meses. De todos modos, esta inflación reprimida saldrá a flote una vez finalizado el programa y volverá a darnos la lección de que atacar la consecuencia no resuelve el problema de fondo.
Como si la situación no fuera compleja, el ritmo de emisión monetaria se aceleró en el último mes. En julio, la variación interanual de la base monetaria fue del 45,5%, mientras que en lo que va de agosto alcanzó el 47,8%. Esto significa que, en los últimos 12 meses, se expandió en $ 2.161.014 millones. Parte de este comportamiento se explica por la asistencia monetaria al tesoro (adelantos transitorios más transferencias de utilidades), la cual asciende a los $ 2.198.000 millones en lo que va de 2023 y equivale al 1,3% del PBI. Pero también se incorpora el efecto de la suba de tasas de interés sobre la deuda remunerada. Con la última suba de la tasa de política monetaria, que llegó al 118% (TNA) y el incremento de la tasa de pases pasivos al 111%, los intereses mensuales que devenga el Banco Central por su stock de Leliqs y Pases, superan los $ 1.815.000 millones.
Queda evidente, el problema inflacionario está atravesando un complejo shock tanto por el lado de la oferta, con la expansión monetaria, así como por la caída en la demanda, debido a la incertidumbre que genera el contexto electoral y la poca credibilidad de la conducción económica actual.
Los candidatos con mayores chances de ganar las elecciones y asumir como presidente el próximo 10 de diciembre deberán combinar una muestra de audacia y capacidad de gobierno. Audacia para hacer reformas profundas y rápido, que generen un shock de credibilidad y expectativas. Y capacidad de gobierno para alcanzar acuerdos políticos en el Congreso que les permitan aprobar las leyes necesarias para llevar a cabo las reformas. Sin estos elementos, no habrá lugar para estabilizar la economía y seguiremos cayendo a una velocidad cada vez mayor, con un piso de pobreza que supera el 40% y salarios que se encuentran entre los más bajos de la región.
