LA NACION Estamos frente a un cambio que debería encontrar apoyo de las fuerzas políticas que declaman la necesidad de una Argentina distinta, pero que resisten las políticas y medidas concretas propuestas por el nuevo gobierno que efectivamente la harían posible.
Tal como lo demuestra la experiencia universal, la sana competencia es el mecanismo idóneo para promover el mejor uso del capital y del trabajo. El empresario es el principal responsable de desarrollar la eficiencia que le permita alcanzar nuevos mercados en el extranjero, compitiendo con el resto del mundo. Solo dos condiciones no dependen de él: la carga impositiva, que debe ser moderada y no mayor que la de aquellos con quienes compite, y los insumos y las maquinarias que deben poder obtenerse a precios internacionales. La primera requiere un Estado limitado y eficiente. En este sentido van las reformas propuestas por el nuevo gobierno. La segunda demanda la nivelación de los precios internos con los internacionales. Esto solo se logra abriendo la economía mediante la supresión de las barreras arancelarias y de todo otro mecanismo regulatorio que implique protección. También esto forma parte de los postulados de Javier Milei.
La defensa del proteccionismo, tan arraigado en la Argentina, ha sido impulsada en América Latina por quienes elaboraron la teoría del deterioro de los términos del intercambio como un signo inevitable de países en desarrollo frente a las naciones industrializadas. Manejando estadísticas, se sostenía la versión referida a que los precios de los productos primarios y de las materias primas se retrasaban sistemáticamente respecto de los industrializados. A esa versión se agregaba el componente conspirativo de la acción acordada y deliberada de los países “centrales” para impedir el desarrollo industrial de los periféricos. De ahí la recomendación de proteger la industria a través de barreras arancelarias o controles cambiarios, incluso imponiendo prohibiciones. Estas teorías comenzaron a observarse en la crisis del 30, pero tomaron mayor impulso en la posguerra. Fue Juan Perón quien acompañó su versión de la Tercera Posición con una política económica intervencionista y proteccionista, en el contexto de un modelo que incluyó como piezas de su poder al unicato sindical y a la corporación empresaria nacida de aquellas reglas del juego. Desplazó de esa forma a la dirigencia sindical anarcomarxista de entonces y consolidó su modelo dándole una vestimenta populista, estatista y nacionalista. El principal partido de oposición, la Unión Cívica Radical, viró su plataforma hacia el estatismo y proteccionismo plasmado en su Declaración de Avellaneda. Un cambio similar ocurrió con el socialismo democrático de Juan B. Justo que, de propugnar el libre cambio y la estabilidad monetaria en defensa de los trabajadores, derivó hacia aquellas corrientes dominantes. Se elaboró así también un discurso peyorativo referido al supuesto modelo agroexportador, cuando la realidad era que la industria argentina había crecido de manera sostenida sobre bases mucho más sólidas al competir con el resto del mundo sin ayuda alguna.
En los 60, Raúl Prebisch, Celso Furtado y otros expertos desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y Aldo Ferrer, con el desarrollismo local, le dieron un color intelectual a la teoría del deterioro de los términos del intercambio y de la restricción externa. Para ellos, la apertura comercial hacia el exterior era someterse al subdesarrollo y a la dependencia. En su apoyo, incorporaban un argumento erróneo, pero difícil de rebatir para quienes no tienen conocimientos de la ciencia económica: “La importación de bienes es nociva porque resta trabajo interno y demanda divisas siempre escasas”. Este pensamiento se instaló en gran parte del espectro político argentino y también de las Fuerzas Armadas. Con muy limitadas excepciones, marcó el rumbo de las políticas de nuestros gobiernos en las últimas siete décadas. Allí radica la explicación de por qué el ingreso por habitante de Canadá o Australia, que se equiparaba con el de la Argentina antes de ese proceso, hoy es cuatro veces superior. También explica por qué, entre 1975 y 2022, el modelo de apertura le permitió a Chile triplicar su producto bruto por habitante y superar holgadamente al de Argentina, que en el mismo lapso creció un magro 23%.
La apertura comercial externa no obsta para que puedan sostenerse instrumentos antidumping o relacionados con cuestiones sanitarias justificadas. Una sana política de apertura debería evolucionar hacia un arancel o derecho de importación reducido y decreciente, único y uniforme para todo producto o servicio importado, ya que de esa forma se asegura que la protección efectiva al valor agregado será siempre la misma. Una política de este tipo excluye cualquier atisbo de lobby, falta de transparencia o de corrupción, característicos de un manejo discrecional de la estructura arancelaria. Este principio debería aplicarse al arancel externo común del Mercosur y a todo otro acuerdo de libre comercio que suscriba nuestro país.
La apertura económica forma parte del programa anunciado y puesto en marcha por el presidente Milei. El DNU 70/2023, en su artículo 3°, dice: “Las autoridades argentinas, en el ámbito de sus competencias, promoverán una mayor inserción de la Argentina en el comercio mundial”. A tal fin, elimina un conjunto numeroso de regulaciones y trabas aduaneras y cambiarias, y ordena taxativamente que el Poder Ejecutivo Nacional no podrá establecer prohibiciones ni restricciones a las exportaciones o importaciones por motivos o fundamentos económicos. Estamos ante un profundo cambio estructural que debería llevarnos a una Argentina competitiva, fuertemente exportadora, con mayor diversidad y mejor calidad de consumos y con salarios más altos al compás de una mayor productividad. Es de esperar que esto sea entendido y apoyado por un Congreso al que le cabe la inmensa responsabilidad de contribuir a conducirnos por el camino que nos permita recuperar la presencia de nuestro país en el mundo para beneficio de todos los argentinos.
