El nuevo proyecto de Libertad Educativa, propuesto por el Ejecutivo en el Congreso, viene a introducir varios cambios en las políticas educativas nacionales: más allá del promocionado homeschooling, se plantea la necesidad de una mayor autonomía de las provincias, la participación del sector privado y un cuestionamiento del rol central del Estado en materia educativa. Expertos debaten el tema y definen a su manera qué es aggiornarse a los tiempos actuales, cuánto se retoma del pasado y qué está obsoleto.
Autonomía escolar
Desde la Fundación Libertad y Progreso explican que el proyecto busca que lo que se enseña pase de las administraciones nacionales y provinciales a las propias escuelas, lo que se traduce en tres dimensiones: la autonomía curricular y organizativa, la gestión del talento y el nuevo rol del Estado.
Mientras el Estado define el porcentaje de los contenidos básicos, las escuelas ganan autonomía para determinar el restante. “La subsidiariedad distribuye el poder, acerca la responsabilidad a quienes están con los estudiantes en el día a día y convierte al Estado en garante de oportunidades, en lugar de administrador monopólico del sistema”, sostiene Dulcinea Etchebarne, coordinadora del área de Desarrollo Humano de la fundación.
Esto es leído por los sectores que defienden la Ley General de Educación como “tierra fértil para empresas y plataformas que vendan promesas de aprendizajes y éxito como enlatados. En tiempos algorítmicos de deterioro de lo común, el Gobierno avanza contra la institución donde persiste una conversación colectiva a lo largo del país”, sostiene la docente Solana Camaño en una nota publicada en Tiempo Argentino.
En relación con el segundo aspecto, desde Libertad y Progreso consideran que, con el sistema estatal actual, el docente elige la escuela por un puntaje burocrático. La reforma propone que sea la escuela la que elija al docente. Y ven que la autonomía no significa el abandono del Estado, sino un cambio de rol. La reforma introduce también el examen de fin de ciclo para generar incentivos reales y romper con la anomia actual.
El proyecto intenta recuperar el concepto de “la sociedad educadora” de José Manuel Estrada, en el que la educación sea un hecho social donde las familias, las empresas, las ONG, las iglesias y las universidades tienen un rol protagónico. Por ejemplo, durante las pruebas Aprender se mostró una cooperación público-privada. En esta lógica, la escuela deja de estar aislada y pasa a estar “enhebrada” con su comunidad local.
El debate alrededor del homeschooling
“En el homeschooling se limitan los aprendizajes relacionados con lo comunitario”, sostiene la docente y psicopedagoga Silvina Sartori. “El crecimiento afectivo y social -continúa-, fundamental para el niño y el adolescente, incide en lo cognitivo: el no poder interactuar con otros limita la posibilidad de aprendizaje y quita la posibilidad de lo grupal”.
Sobre el rol de las familias en el aprendizaje de los chicos, considera que “no están preparadas para enseñar los contenidos propiamente escolares. No tienen ni los conocimientos ni las habilidades ni la paciencia que se requieren para acompañar tanto a los niños como a los adolescentes en estas enseñanzas. Son los maestros y especialistas que trabajan en las escuelas quienes sí se formaron y saben cómo se dan los procesos de aprendizaje”.
Como docente y psicopedagoga, desalienta este tipo de prácticas, ya que “en ocasiones estas enseñanzas paralelas interfieren y entorpecen el proceso, además de dejar marcas de enseñanza que detienen o impactan en la construcción del conocimiento”.
Descentralizar como práctica cotidiana
Etchebarne afirma que “para evitar que la descentralización profundice las brechas, se necesitan estándares nacionales claros, así como información pública comparable, financiamiento federal compensatorio y mecanismos de intervención cuando una jurisdicción incumple persistentemente los aprendizajes mínimos. En definitiva, la igualdad educativa no significa que todas las escuelas hagan exactamente lo mismo, sino que todos los estudiantes, vivan donde vivan, tengan garantizado un nivel común de conocimientos y oportunidades”, asegura una de las referentes de la Fundación Libertad y Progreso.
“Chile (N. de R.: donde impera un sistema similar al que proponen desde el Gobierno nacional) ha estado de manera consistente entre los países de América Latina con mejor desempeño en las pruebas PISA”, asegura Etchebarne. Además, “el sistema argentino de financiamiento educativo resulta más regresivo que el chileno, ya que destina más recursos públicos a sectores de mayores ingresos”, considera.
“Nuestra propuesta plantea que cada provincia pueda combinar, según su realidad, mecanismos de financiamiento a la oferta y a la demanda. El objetivo es ampliar las opciones disponibles para las familias, especialmente a las de menores ingresos, sin eliminar la educación pública estatal”, plantea Etchebarne.
"El principio es simple: el dinero debe seguir al estudiante y no quedar cautivo de una institución. La igualdad de oportunidades no consiste en obligar a todas las familias a aceptar la escuela que les asigna el Estado, sino en permitir que también las familias de menores ingresos puedan elegir entre distintas alternativas de calidad, como ya lo hacen quienes tienen más ingresos”, concluye Etchebarne.
