Gastón Kelly en Data Clave . El Decreto N.º 2417 de 1993 reguló las cuotas y matrículas de las instituciones de educación privada, estableciendo que los colegios de gestión privada deban informar el importe de la matrícula y el monto de las cuotas del ciclo siguiente antes de noviembre. Este régimen generaba aumentos anticipados e inciertos, ya que, ante la imposibilidad de ajustar los aranceles según la evolución real de los costos, los colegios se veían forzados a establecer valores preventivamente altos.

En sus considerandos, advertía que “las necesidades educativas de la comunidad no deben analizarse de manera aislada, sino dentro de un contexto más amplio, junto con las distintas circunstancias sociales que atraviesa el país, incluido el esfuerzo realizado por el gobierno y los particulares para alcanzar la estabilidad y el crecimiento económico”. Tres décadas después, ese principio vuelve a cobrar importancia.

Estabilizar la economía requiere revisar las normas que rigen a las escuelas privadas. En este sentido, la derogación del Decreto N.º 2417/93 busca generar un marco más flexible y racional para la fijación de matrículas y cuotas en los colegios privados sin aporte estatal.

El Decreto 787/2025 reconoce que estas limitaciones “dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”. La obligación de anticipar los aumentos y obtener autorización previa “crea una situación de incertidumbre económica para los institutos, que suelen fijar cuotas más elevadas de lo necesario”.

La nueva normativa elimina esas rigideces. Permite que cada escuela defina aumentos de manera más gradual, en función de su estructura de costos y de la evolución económica. El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó recientemente que “la inflación será menor al 1% mensual a mediados de 2026”. En un escenario de estabilidad, es probable que las cuotas escolares se actualicen por debajo de las proyecciones iniciales, reflejando una menor presión inflacionaria. De ese modo, el costo de la educación tendería a reducirse progresivamente en términos reales, aliviando el esfuerzo de las familias y fortaleciendo la previsibilidad de la economía familiar.

En síntesis, la reducción progresiva del peso de las cuotas en el ingreso de los hogares constituye una mejora social de alto impacto. Es una medida comparable, e incluso superior, a muchas políticas socioeducativas implementadas en el pasado. Fortalece la previsibilidad y la estabilidad económica de las familias, pilares esenciales para la planificación educativa y el acceso sostenido a una educación de calidad.

En esa misma línea, la actualización normativa busca evitar aumentos arbitrarios y promover un entorno más equilibrado y sustentable para las instituciones escolares y las familias. También alinea al sistema educativo privado con el resto de la economía, corrigiendo distorsiones que durante años afectaron tanto a escuelas como a padres.