RIO MAYO La Fundación Libertad y Progreso volvió a referirse a la situación política e institucional del Chubut, mediante un comunicado en el que ofreció su “colaboración institucional” para disminuir el gasto público provincial y fortalecer la seguridad jurídica.

La entidad —que en octubre de 2025 publicó el informe “Gasto de las Legislaturas Provinciales v3.1”— sostuvo que la provincia presenta uno de los niveles de gasto legislativo más altos del país y advirtió sobre la necesidad de una reorganización administrativa más eficiente.

Informe sobre gasto legislativo

El documento ubica a Chubut en el primer lugar de la Patagonia en materia de gasto legislativo, con un presupuesto total estimado de 31.962,78 millones de pesos y un costo anual promedio de 1.183 millones de pesos por diputado provincial, sobre una cámara integrada por 27 legisladores.

En la comparación regional, Santa Cruz se ubica en segundo lugar con un presupuesto de 25.741,9 millones y un costo por legislador de 1.072 millones; Neuquén registra 28.350,55 millones con un costo de 810 millones por diputado; Río Negro, 24.420,33 millones con 531 millones por legislador; y La Pampa, 19.875,12 millones con 662 millones por legislador.

El estudio advierte que el 86% del gasto legislativo provincial promedio se destina a personal, principalmente sueldos de diputados, asesores, bloques políticos y estructura administrativa. En el caso de Chubut, el informe señala además que “el nivel de transparencia en la rendición de cuentas es bajo, sin publicación desagregada de sueldos, contratos ni nómina de personal”.

El nuevo comunicado institucional

En paralelo, la Fundación difundió un texto en su cuenta oficial de X en el que expresa su posición frente a la disputa entre el Gobierno Nacional y Chubut por los fondos coparticipables.

“Libertad y Progreso ofrece su colaboración institucional a Chubut para elaborar un programa que permita disminuir significativamente los gastos prescindibles e injustificados del Estado provincial”, señala el documento, y agrega que el objetivo es construir “un marco legal que potencie la seguridad jurídica y las condiciones adecuadas para la inversión privada y el comercio”.

La entidad propone además que “las gobernaciones patagónicas, en lugar de cartelizarse en contra de la Nación, se reúnan para iniciar un proceso de regionalización que les permita reducir sus administraciones y mejorar el funcionamiento de un Estado más eficiente”.

En su segunda parte, el comunicado advierte sobre las medidas anunciadas por el Gobierno del Chubut:

“Las discrepancias respecto del derecho de la Nación de retener o compensar fondos coparticipables deben canalizarse por las vías institucionales correspondientes (…) Chubut no tiene facultades para adoptar medidas de hecho, las cuales violarían la Constitución Nacional y distintas leyes y decretos, haciendo incurrir en delitos a quien las lleve adelante”.

Institucionalidad y debate público

La Fundación concluye su pronunciamiento instando a que el debate político no derive en violaciones constitucionales, y ofrece su colaboración técnica para elaborar propuestas de reforma administrativa que apunten a la eficiencia estatal y la transparencia fiscal.

El pronunciamiento se suma a la difusión de su informe nacional, que vuelve a poner bajo la lupa el costo institucional de las legislaturas provinciales y reabre el debate sobre la administración de los recursos públicos en la Patagonia.